Revelan base de datos del Gobierno sobre asesinatos de ‘guerra contra el narco’

MÉXICO._ Durante los 16 años de la llamada “guerra contra el narco”, el Gobierno de México ha elaborado una base de datos de eventos de violencia y homicidios que considera vinculados al crimen organizado y su combate, cuya existencia ha mantenido oculta e incluso ha negado cuando se le ha solicitado por transparencia. El micrositio Con Copia Oculta, creado por las organizaciones Data Cívica e Intersecta, revela una parte de esa base, que comprende el periodo entre 2017 y 2020.

En esos casi cuatro años, las autoridades registraron 58 mil 183 hechos violentos en todo el país, que causaron 70 mil 898 personas fallecidas. En 98.9 por ciento de los casos reportaron que al menos uno de los muertos era un “presunto delincuente”, a pesar de no tener más información para clasificarlos así, ya que apenas en 5.4 por ciento de los casos se registró a qué grupo delincuencial supuestamente pertenecía y sólo en 52.6 por ciento de las ocasiones se anotó el nombre de la víctima, cifra que baja hasta 36 por ciento cuando fue resultado de un enfrentamiento en el que las autoridades dispararon. Además, únicamente en 22.3 por ciento de eventos se reportó alguna acción de seguimiento legal.

Estos y otros hallazgos se exponen en el informe La bitácora de la guerra: la base oculta, que contiene un análisis de la base de datos y de los términos que utilizan las instituciones de seguridad para reportar hechos violentos. En él, las organizaciones cuestionan la narrativa que se ha mantenido durante tres sexenios, que, por un lado, criminaliza a personas civiles y, por el otro, justifica y minimiza el abuso de la fuerza de las autoridades.

Por ejemplo: todas las veces en las que participó alguna autoridad en un cruce de fuego (estos casos representan el 9.3 por ciento de los eventos registrados), se clasifica como una “agresión”, dando por hecho que la autoridad fue la parte “agredida” y que simplemente repelió el ataque (la base llama a estos eventos “agresión por enfrentamiento”). Esta clasificación persiste incluso en casos en los que la Fiscalía General de la República o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comprobaron que un cuerpo de seguridad había cometido una masacre o asesinado a personas civiles. Es decir, a pesar de la evidencia, en la base de datos se mantuvo el registro alterado de que las víctimas eran delincuentes o de que la autoridad sólo se defendió de una agresión.

Data Cívica e Intersecta encontraron que no sólo hay deficiencias de información cuando se trata de enfrentamientos entre grupos delincuenciales rivales o hallazgos de cuerpos, que se podrían explicar por una incapacidad para recabar todos los detalles, sino que se nota una preocupante falta de datos en los reportes cuando participan autoridades, lo que lleva a pensar que se trata de sesgos deliberados y malintencionados.

Por ejemplo, en casos de presuntos homicidios del crimen organizado, se registró el calibre del arma utilizada el 73 por ciento de las veces; pero si fue un enfrentamiento en el que las autoridades también dispararon, aunque sería de esperarse un mejor registro, ocurre todo lo contrario, pues solo se anotó en el 8 por ciento de esos eventos.

Algo similar ocurre con la apertura de investigaciones: se reportó alguna acción de seguimiento legal para 24 por ciento de homicidios atribuidos al crimen, pero solo en 8 por ciento de las veces en que fue un intercambio de disparos entre presuntos delincuentes y autoridades.

Resulta sorprendente el vacío de información incluso con el registro de nombres de las víctimas: están anotados para 52 por ciento de homicidios atribuidos a criminales o 60 por ciento de enfrentamientos entre grupos delincuenciales, pero solo en 36 por ciento de los casos en los que también hubo autoridades disparando


¿A quién combate el Estado?

Hay elementos suficientes para asegurar que esta base de datos —encontrada entre los correos de la Secretaría de la Defensa Nacional que fueron filtrados por el colectivo hacktivista Guacamaya— es una continuación de la que empezó a hacerse en el sexenio de Felipe Calderón, el presidente que declaró la “guerra contra el narco”. Durante su Gobierno se dio a conocer, por única vez en 2011, esa base en el portal web de Presidencia, aunque después fue retirada en medio de críticas a su metodología para catalogar a los fallecidos como presuntos delincuentes.

Desde entonces, la base empezó a ocultarse a la ciudadanía, pero ahora sabemos que el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), órgano desconcentrado de la Fiscalía General de la República, siguió integrándola con información que le envían la SEDENA, la Secretaría de la Marina, la Policía Federal Ministerial, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estas instituciones conforman un grupo denominado de Contacto de Alto Nivel para la Atención de la Delincuencia Organizada, o Grupo CANDADO. Es decir, las dependencias que toman decisiones sobre la seguridad pública en México.

A pesar de los sesgos y omisiones de información, el informe La bitácora de la guerra reconoce que la base de datos es útil para comprender la lógica bajo la cual el Estado combate al presunto crimen organizado.

Para empezar, durante el periodo para el que se cuenta con información, en México hubo 130 mil 583 homicidios, de acuerdo con el Registro de Mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Entonces, si en la base de datos hay casi 71 mil muertes registradas, significa que el Gobierno atribuye a la “guerra contra el narco” el 54.2 por ciento de asesinatos del País.

Estos siguen la misma tendencia que se ve en general en los homicidios perpetrados con arma de fuego: la mayoría, en ambas fuentes de información, son hombres y la edad más común es entre los 25 y 34 años.

Por regiones, la base oculta registra homicidios vinculados al crimen organizado en 41.3 por ciento de municipios, mientras que el INEGI reporta asesinatos con arma de fuego en 55.2 por ciento. Los estados con más registros de asesinatos vinculados al crimen organizado y su combate son Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Michoacán. Estos incluso están sobrerrepresentados en la base oculta, ya que concentran un porcentaje de registros mayor a lo que proporcionalmente tienen de homicidios del INEGI.

Estos y otros hallazgos son un reflejo de lo que el Estado cree que es la violencia que más amerita su atención e intervención: la vinculada a la delincuencia organizada. Pero también un reflejo no intencional de la participación activa del Estado y sus agentes en la generación de la violencia homicida relacionada con el combate de ese fenómeno. Además, revela la solidificación de la estrategia de militarización de la seguridad pública de los últimos sexenios y la estigmatización de las víctimas que ésta ha cobrado.

La conclusión es que el Gobierno no sólo ha mantenido la “guerra contra el narco”, sino también la lógica de que “se matan entre ellos”.


Sobre el proyecto CCO

El micrositio Con Copia Oculta, desarrollado por Data Cívica e Intersecta, es un nuevo repositorio de bases de datos encontradas entre los millones de correos de la Sedena filtrados por el colectivo hacktivista Guacamaya en septiembre de 2022, acompañadas de informes y análisis que se irán publicando periódicamente.