La guerra que se mantuvo bajo la fantasía de la paz

Itxaro Arteta / Data Cívica


“Ya no hay guerra. Oficialmente, ya no hay guerra”. Esas fueron las palabras con las que, el 30 de enero de 2019, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (del partido Morena), declaró como concluida la estrategia de confrontación militar contra el crimen organizado, emprendida y alimentada por sus antecesores durante los 12 años previos. “Nosotros queremos la paz”, dijo a 60 días de iniciada su gestión, con los jefes del Ejército y la Marina a su lado, y remató: “Vamos a conseguir la paz”.

Pero la guerra no terminó. Se siguió peleando y registrando internamente como tal. Incluso, atribuyéndole 11 por ciento más muertes que su antecesor.

Así lo muestran reportes confidenciales del Ejército, revelados por la investigación Con Copia Oculta, que incluye una base de datos con más de 58 mil eventos de violencia ocurridos en casi cuatro años —entre 2017 y 2020—, que dejaron 70 mil 898 personas muertas. Estos homicidios fueron contabilizados como “vinculados a la delincuencia organizada” con una metodología poco clara y estigmatizante que inició en 2006 con la Presidencia de Felipe Calderón, quien declaró la llamada “guerra contra el narco”, y ahora sabemos que ha persistido en el gobierno de López Obrador.

De hecho, el gobierno actual registró bajo esta dudosa clasificación al 59.3 por ciento del total de asesinatos ocurridos en todo el país. Un porcentaje mayor que con su antecesor, Enrique Peña Nieto, cuando se atribuyó al crimen organizado o su combate el 48.25 por ciento de los homicidios. Una asociación al crimen también mayor al 52 por ciento que había registrado el gobierno de Calderón, que en su momento hizo pública una primera base de datos sobre estos hechos.

Lo que muestran los registros internos recientemente revelados es que en los dos primeros años del actual gobierno, que anunció una era de “paz”, en realidad las muertes atribuidas al crimen y su combate se mantuvieron por encima de los últimos años de Peña Nieto. De enero de 2017 a julio 2018, periodo para el que se encontraron registros internos, la contabilidad oficial fue de 26 mil 438 muertes relacionadas por las autoridades con la actividad del crimen organizado o su combate. Al comparar esas cifras con el mismo periodo al inicio del mandato de López Obrador, de enero de 2019 a julio de 2020, la cantidad de homicidios vinculados a la delincuencia fue de 34 mil 779.

Esto significa que aunque el Gobierno presuma que los niveles de homicidios en el País se han ido estabilizando en años posteriores, su registro interno sigue usando la lógica de guerra y bajo este paradigma, los saldos de la guerra contra el narco se mantuvieron en esos primeros años más altos que con sus antecesores.

Pero estos registros sobre muertes derivadas de la guerra contra el crimen organizado no se han dado a conocer oficialmente a la ciudadanía mexicana. Sólo llegaron a un puñado de altos funcionarios del gobierno federal, con la leyenda de información “reservada y confidencial”.

Hoy, no obstante, sus resultados pueden consultarse públicamente, a través del micrositio Con Copia Oculta, el cual concentra y ordena bases de datos sobre presunta delincuencia organizada halladas entre los millones de documentos extraídos de los ordenadores de la Secretaría de la Defensa Nacional en septiembre de 2022, por el colectivo de hacktivistas Guacamaya.


El Grupo Candado y la base de datos oculta

El registro interno de eventos violentos y homicidios que distintas autoridades vinculan con la delincuencia organizada empezó a hacerse desde diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón declaró la guerra contra el narco. Fue publicado a finales de su sexenio en el portal web de Presidencia bajo el título de “Fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”, pero poco después fue retirado y solo tuvo una actualización, entre críticas a su metodología y porque evidenciaba que de las más de 47 mil muertes que registraba, no había investigaciones abiertas ni en 5 por ciento de los casos.

Sin embargo, aunque dejó de ser público, el registro siguió haciéndose: entre los millones de correos de la Sedena hackeados en septiembre de 2022, fue posible encontrar dos bases de datos tituladas “Homicidios presuntamente vinculados a la delincuencia organizada”, con información de del 1 de enero de 2017 al 5 de agosto de 2018 y la segunda del 1 de diciembre de 2018 al 6 de diciembre de 2020.

Es decir, el Gobierno de López Obrador, igual que sus antecesor, Enrique Peña Nieto, mantiene oculto su conteo de muertes por la guerra y, de hecho, oficialmente ha negado su existencia en respuestas a solicitudes de información.

Las dependencias que reciben esta base se integran en una coordinación interinstitucional, denominada Grupo de Contacto de Alto Nivel para la Atención de la Delincuencia Organizada, “Grupo CANDADO”, y son actualmente la Sedena, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República , a través del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

Este grupo se reúne periódicamente para tomar las decisiones en políticas de seguridad pública del País, con información como la contenida en esa base de datos. Además, validan su contenido, aunque en una revisión de algunos casos se pudo encontrar varias incongruencias.


Realidad alterada

Como cada mañana, el viernes 6 de septiembre de 2019, a las 4:03 horas, el General Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional del Gobierno mexicano, recibió en su correo electrónico oficial un archivo adjunto titulado “Resumen de eventos relevantes” del día anterior.

Ahí le informaban, entre varios casos, sobre una “agresión” a policías en Nuevo Laredo, Tamaulipas, luego de la cual, a la zona acudieron militares de la 16 Región Militar, para “apoyar” a las autoridades civiles, siguiendo los protocolos de rutina.

El ataque había dejado como saldo 21 agentes “sin novedad”, es decir, ilesos, y ocho supuestos “delincuentes” muertos.

Según el reporte oficial, los civiles dispararon desde una camioneta contra policías del Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET), que “repelieron la agresión”, es decir, dispararon de vuelta, hasta matarlos a todos. El documento aseguró que los cuerpos vestían uniformes tipo militar, así como chalecos y cascos con la leyenda “Cártel del Noreste”; que llevaban 15 armas largas, una corta y un paquete de marihuana, y que la camioneta con blindaje artesanal en la que circulaban tenía reporte de robo.

Esta narrativa, aparentemente sólida, fue la que se comunicó a la prensa estatal y nacional para que, al día siguiente, informara a la ciudadanía que había sido abatida una célula del Cártel del Noroeste denominada “Tropa del Infierno”.

Pero a los pocos días, la asociación civil Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció públicamente que aquello había sido, más bien, una masacre. Presentó fotografías de los cuerpos dentro de viviendas con disparos directos a la cabeza y el pecho, o sea que en realidad los habían ejecutado en sus casas y luego colocados en la camioneta, para simular un enfrentamiento en la vía pública. Incluso, presentó pruebas de que la camioneta fue arrastrada hasta el lugar de los hechos con una grúa, luego del supuesto enfrentamiento armado.

Esta información, que exhibía no sólo un fusilamiento ilegal, sino también la coordinación entre autoridades estatales y militares para ocultarlo, nunca fue añadida a los registros del Grupo Candado, a pesar de que fueron actualizados al menos 50 veces durante el año posterior. En la base de datos oficial se mantuvo inalterada la versión de que esas ocho personas eran delincuentes y que murieron tras agredir a la autoridad.

Este caso es sólo una muestra de la forma en que el registro interno sirve a las autoridades para dos objetivos: por un lado, es un pulso estadístico sobre la evolución de la violencia asociada a mafias; y por otro, cumple el papel de bitácora, en la que se va redactando la historia de la guerra desde la visión oficial. Una visión de héroes y villanos.

Y no es el único caso.

En estos registros confidenciales abundan versiones diferentes a la realidad, orientadas a encubrir abusos por parte de fuerzas de seguridad pública o de seguridad nacional, que después salieron a flote por otras vías, como investigaciones judiciales, de comisiones de derechos humanos o periodísticas.

Así ocurrió, por ejemplo, con una ola de desapariciones y cuerpos encontrados en fosas clandestinas de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, en el primer semestre de 2018. Dos años después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encontró pruebas de que 25 personas de las víctimas habían sido desaparecidas por elementos de la Marina y varias de ellas, asesinadas.

En la base del Grupo Candado fue posible rastrear el reporte de hallazgo de seis de esas personas, ya muertas. Pero dichos registros no reconocen la participación de la Marina; sólo tienen anotaciones de que sufrieron “privación de la libertad”, que fueron halladas con “huellas de tormento” o asesinadas por estar vinculadas a la “delincuencia organizada”.

La base de datos oficial omitió el dato trascendental de que los perpetradores fueron agentes del Estado.


El espejo del poder

Los reportes confidenciales analizados no sólo permiten conocer el comportamiento de los asesinatos que, desde la visión del gobierno mexicano, están vinculados con el crimen organizado. También son un reflejo de la misma autoridad, de su respuesta ante el fenómeno de la violencia criminal organizada y de su desenvolvimiento ante hechos violentos, particularmente aquellos en los que participaron elementos oficiales.

Estos registros, por ejemplo, dejan ver que el Grupo Candado considera como “presuntos delincuentes” prácticamente a todas las personas fallecidas sobre las que no tiene información: clasifica así a miles de personas de las que no se anotó si pertenecían a alguna organización criminal, que no tenían antecedentes penales, o que, posteriormente, han sido identificadas como civiles sin ningún vínculo con actividades delictivas.

En 98.9 por ciento de los hallazgos de cuerpos (sin que hubiera un enfrentamiento con la autoridad) se reporta que hay al menos un “presunto delincuente” muerto, aunque sólo en la mitad de esos mismos casos las autoridades contaban con información de la persona fallecida. Es decir, que a las personas asesinadas, cuyos cadáveres fueron después localizados, sistemáticamente se les clasifica como “presuntos delincuentes”, incluso sin haberlas identificado plenamente o sin haber investigado el móvil del crimen.

En algunos casos, estas víctimas de asesinatos fueron clasificadas como “presuntos delincuentes” precisamente para justificar el uso excesivo de la fuerza o ejecuciones perpetradas por las autoridades, durante sus intervenciones.

Tal es el caso de Arturo Garza, de 19 años de edad, Ángel Núñez, de 27, y Damián Genovez, de 18, que en la base de datos del Grupo Candado se incluye entre los “12 agresores fallecidos” que dejó un enfrentamiento del Ejército con presuntos integrantes de la delincuencia organizada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 3 de julio de 2020.

Arturo, Ángel y Damián, sin embargo, eran víctimas de secuestro y en el momento del enfrentamiento estaban amarrados de pies y manos, en la parte trasera de una camioneta tripulada por las personas con las que se enfrentó el Ejército.

Un video captado por los mismos militares que participaron en los hechos y dado a conocer por El Universal reveló que luego de la balacera una de esas víctimas amordazadas mostró signos de vida, por lo que uno de los soldados gritó “¡Está vivo!”, y en respuesta, recibió una orden: “¡Mátalo, a la verga!”.

Aunque se comprobó que estas tres víctimas fueron asesinadas por militares y presentadas como supuestos agresores, en los registros confidenciales del gobierno mexicano este crimen nunca fue reconocido.

En general, la calidad de la información que incluye el Grupo Candado en su registro confidencial de muertes supuestamente vinculadas al crimen organizado disminuye cuando participa alguna autoridad. En 74 por ciento de estos casos, ni siquiera se inscribe el calibre de las balas utilizadas y en el 89 por ciento, no hay menciones a que se haya dado seguimiento legal con la apertura de una investigación o que haya llegado a juicio.

De hecho, los enfrentamientos en los que la autoridad abrió fuego son los casos que cuentan con menor información sobre las consecuencias legales de estas intervenciones oficiales: sólo se registra seguimiento legal en el 8 por ciento de los eventos.

Así, en esta bitácora que narra la guerra desde el punto de vista de la autoridad, sistemáticamente se omiten aquellas partes de la narrativa que revelan irregularidades en el proceder de las fuerzas oficiales o que directamente hablan de los crímenes cometidos por éstas.

Se trata de una narrativa oficial según la cual esos hechos nunca ocurrieron. Una narrativa que el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador enarbola y alimenta, como hizo el pasado 22 de marzo de 2023 –un mes después de que el Ejército asesinó a cuatro jóvenes que volvían de un festejo en Nuevo Laredo y a los que presentó como supuestos criminales–, cuando afirmó que “en México no hay masacres” cometidas por la autoridad. Por el contrario, dijo, “en México, el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos”.