Juez separa del cargo a Rector de la UAS y a funcionarios

Jesús Madueña Molina dejó de ser Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa luego de que el Juez de Control, Carlos Alberto Herrera, resolvió separarlo del cargo como medida cautelar mientras llega una sentencia en el procedimiento penal 918/2023, correspondiente a la presunta compra irregular de tortillas y demás derivados del maíz.

También fueron retirados de sus cargos Manuel de Jesús Lara Salazar, como Contralor General; Soila Maribel Gaxiola Camacho, que era Directora de Desarrollo y Planeación; Óscar Orlando Guadrón, como Director de Proyectos Especiales, y Jorge Pérez Rubio, que fue retirado de su puesto como Director de Construcción y Mantenimiento.

El Juzgador estableció que esta decisión fue tomada debido a que era la única manera en que la etapa de investigación complementaria no estaría afectada por los imputados, pues estos poseían cargos de alto nivel de decisión al interior de la Casa Rosalina.

Asimismo, aseguró que el quitarles su labor al interior de la Universidad no afectará sus derechos humanos ni su presunción de inocencia durante el proceso penal, por otro lado, afirmó que esto no conllevaría a una desintegración o paro de la Universidad.

Al arranque de la audiencia, a las 10:13 horas de este martes, el abogado de Lara Salazar, Lorenzo Flores, indicó que desconocía de la carpeta de investigación y pidió diferirla; el Juez había concedido esta medida, pero más tarde echaron a atrás esta petición y se involucraron en el debate.

Las primeras querellas provinieron desde la parte defensora que, dijo, esta audiencia fue fijada con poco tiempo de antelación, además que la Fiscalía General del Estado entregó 20 fojas nuevas antes de ingresar.

Sobre esto, la Fiscalía respondió que no era necesario diferir pues las 20 fojas solo eran solicitudes de información y podían conocerse en un receso; respecto al tiempo de antelación, fue el Juez quien explicó que este tipo de audiencias cuentan con tiempo límite de 48 horas para resolverse, así que no era pretexto de diferimiento.

La revisión de las medidas cautelares comenzó hasta las 13:41 horas por unos alegatos previos de la defensa que fueron desechados por el Juez y ya habían tratado en audiencias previas, como el hecho de que el dinero utilizado para la presunta compra irregular provenía de la Federación.

En su planteamiento, la Fiscalía argumentó que la condición de los imputados cambió respecto al 14 de septiembre, cuando les vincularon a proceso e impusieron otras medidas; en ese tenor, acusaron que los imputados, en su carácter de funcionarios de alto poder en la UAS, estaban obstaculizando el proceso de investigación al no responder a diversas solicitudes de información.

Dichos requerimientos pedían, entre otras cosas, declaraciones patrimoniales y expedientes laborales de los acusados, copias certificadas de contratos realizados con el proveedor Sergio Chairez Monarrez o la estructura organizacional del Comité de Compras de la Universidad.

Con ello, afirmaron que si no les retiraban de sus puestos a tiempo, seguirían entorpeciendo la investigación complementaria puesto que pueden influir en personas que serán entrevistadas como parte de la etapa de recabación de información; esta primera solicitud llegó a las 14:30 horas.

La intervención de los defensores fue marcada por los argumentos de que las solicitudes de información presentadas estuvieron remitidas a Yamir de Jesús Valdés Álvarez, director de asuntos jurídicos de la UAS, más no al Rector o imputados; también que la medida cautelar no es aplicable porque a los universitarios solo los puede nombrar o remover el Consejo Universitario basado en la Ley Orgánica de la institución.

Fueron insistentes en que no cambió la condición de los imputados de manera objetiva, ya que han acatado las dos medidas cautelares que les pusieron el 14 de septiembre: no salir del País sin permiso judicial e ir a firmar cada mes y medio a la Unidad de Medidas Cautelares.

Pese a tratarse de partes contrarias, José Ramón Bonilla Rojas, asesor jurídico de la UAS; Robespierre Lizárraga Otero y Yamir de Jesús Valdéz Álvarez como representantes legales, respaldaron los argumentos de la defensa y desviaron sus discursos a una persecución política del Gobierno Estatal.

Al cerrarse la audiencia a las 20:43 horas, los universitarios presentes como público en la Sala A se levantaron de sus asientos y procedieron a gritarle “corrupto” al Juez, quien aún estaba dentro del lugar; no obstante, en el desarrollo del juicio externaron gestos y sonidos de burla contra los planteamientos de la Fiscalía e incluso los pronunciamientos del Juez Carlos Alberto Herrera.