Un abrazo humanitario a rastreadoras
El Certih, promesa cumplida de Rocha
A las heroicas madres de Sinaloa que buscan a sus hijos víctimas de desapariciones forzadas les significa un paso importante la entrada en operación del Programa Estatal de Recuperación, Resguardo Temporal e Identificación Humana que el 31 de agosto inició con el traslado de restos áridos u óseos de personas desde el Servicio Médico Forense hacia el laboratorio del centro donde se les realizará la labor científica post mortem. A ellas que deberían encontrarlos vivos, el último reducto de la esperanza consiste en ofrecerles la sepultura digna a quienes la delincuencia impune los arrebató del seno familiar.
Es un logro, por donde se vea, al que quizá le falte el mejor involucramiento de las familias de los desaparecidos como lo reclaman los colectivos de buscadoras. Siendo apenas el inicio de acciones de traslado, exhumaciones, antropología forense, y la labor de investigación en criminalística que realizará la Fiscalía General de la República, será importante la colaboración de los entes participantes comprendiendo la magnitud del esfuerzo y el imprescindible apego a la legalidad. La descalificación de los avances mínimos o notables, provenga de quien sea, configura contradicción en la causa que es de todos los sinaloenses.
Se trata de sensibilidades compartidas, colocando en el foco de la atención pública el viacrucis de familias que son referenciadas internacionalmente porque han puesto el ejemplo de las tenacidades que es capaz de desencadenar el amor de madre, y ahora la aportación que hace el Gobierno del Estado para un esquema que por inédito requerirá de revisiones y ajustes permanentes. El ejercicio inicial del sábado probó si acaso la efectividad de la cadena de custodia y la trazabilidad que establecen la Ley para este tipo de procedimientos.
Como lo especificó en La Semanera de ayer Patricia Figueroa Sauceda, Subsecretaria de Derechos Humanos, la fase del traslado de los restos humanos define el cuándo inicia operaciones el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana, pero antes existe la planeación e investigación a detalle para llegar a este punto. “No se minimiza a nadie; las familias buscadoras han exigido esto, lo han demandado al Gobernador; no se puede minimizar el trabajo de quienes han exigido esto en dos años y diez meses”, afirmó.
En efecto, resulta absurdo hasta conjeturar que todos los componentes de este tema tan sensible vayan separados en lo que viene. A lo caminado le debe seguir la conjunción hoy más que nunca de propósitos, respetando el área de intervención de cada quien, vínculo que al final de cuentas indica el sentido de la ruta a la solidaridad con aquellos que sufren la tragedia de la desaparición forzada, desventura que nadie estamos exentos de que toque a nuestras puertas.
El Gobierno de Sinaloa ha entrado a una trayectoria humanitaria sin ruta de retorno. Con el resguardo e identificación de más de 2 mil casos, más los que se acumulen porque las desapariciones forzadas en México configuran una crisis de seguridad nacional, Rocha Moya demuestra voluntad por ir más allá de las desidias e indolencias desplegadas por otros mandatarios. Eso es lo que hay conforme a los hechos; compatibilidad de propósitos es lo que apremiará de aquí en adelante para obtener resultados alentadores.
Las madres buscadoras han luchado durante décadas y varias de ellas han perdido la vida en la jornada para hallar a los seres entrañables cuyos nombren pronuncian esperando la respuesta de aquellos que un día se los llevaron y nunca más supieron de sus paraderos. Tantos años de insensibilidad gubernamental, de asedio criminal, de desamparo ciudadano, de leyes que son letra muerta, hasta llegar al momento de la implementación de políticas públicas por parte del Gobernador Rubén Rocha Moya que si bien es cierto no reparan el daño, sí son el abrazo fraternal a las rastreadoras cuando éstas habían recibido sexenios enteros de disimulos.
No es justicia lo que reciben, porque ello depende de las evidencias que obtenga la Fiscalía General del Estado para integrar las correspondientes carpetas de investigación, pero sí se les aportaría la indispensable serenidad en el alma si lograran resolver la interrogante de dónde están que ellas les tatúan a plazas, oficinas de Gobierno, fiscalías, valles y cerros donde dejan huella sus búsquedas, sus pasos, sus azadones y palas.
Lo ya concretado con el Programa Estatal de Recuperación, Resguardo Temporal e Identificación Humana y el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana, necesita del acompañamiento y vigilancia ciudadanas y, sobre todo, de la comprensión respecto al tamaño del desafío para los afanes en ciernes. No podríamos, ni por asomo, calcular el sufrimiento de las madres buscadoras ni tampoco suponer el desenlace de tan ambicioso plan puesto en marcha en apoyo a las organizaciones de rastreadoras.
Por si no vuelven a sus regazos,
Esos hijos que les han quitado,
Que de algo sirvan los abrazos,
Que también les habían robado.
Rubén Rocha Moya se sumó ayer a las voces de respaldo al académico y analista Jorge Ibarra Martínez por la persecución política que autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa enderezan contra él debido a que hace uso de la garantía constitucional de la libertad de expresión al exponer la deplorable realidad que enfrenta la UAS después de la supuesta reunión que el ex Rector Héctor Melesio Cuén sostuvo con Ismael Zambada García, jefe del Cártel de Sinaloa. Les recordó el Gobernador a las autoridades universitarias que “no están en condiciones morales para hacer eso”. “Les ruego que ya no cometan esas cosas, no están para eso los universitarios, y si hay alguna manera de defender a Jorge Ibarra, lo vamos a defender”, agregó.
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