Una y otra vez México no pierde la oportunidad de perder una oportunidad. Una vez más se trata de la revisión del pasado violento, de los crímenes de Estado en la llamada Guerra Sucia.
No fue sino hasta la derrota del PRI en el año 2000 cuando se abrió la ventana de oportunidad de garantizarle a las víctimas y a la sociedad la verdad y justicia necesarias para iniciar un camino que pudiera consolidar la naciente democracia. Las reformas electorales eran un piso necesario, pero no suficiente. El Estado mexicano debía transformar a las fuerzas armadas, los aparatos de seguridad y al sistema de administración y procuración de justicia. Todas estas instituciones operaban, y siguen haciéndolo, muy por de bajo de los mínimos necesarios de una democracia. Durante el sexenio de Fox se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado que fue todo un fracaso. Ni verdad ni justicia ni alguna reestructuración democrática de las fuerzas de seguridad y justicia. Esos errores son en parte responsables de la brutal crisis de violencia e impunidad que vivimos hoy.
En 2021, López Obrador creó una serie de mecanismos extraordinarios para buscar verdad, justicia, reparación, memoria y búsqueda de desaparecidos de ese periodo violento de crímenes de Estado. Varios fueron los cuestionamientos a estos mecanismos. Se dejaba sin atender la gravísima violencia que llevamos viviendo por décadas y, al igual que en el pasado, no se creaban mecanismos independientes del poder político. No se trata de un capricho técnico, la independencia de estos mecanismos extraordinarios es necesaria y así lo muestra la experiencia internacional.
Tan pronto iniciaron trabajos comenzaron los problemas. López Obrador rápidamente mostró su sesgo en favor del Ejército. Frente a las víctimas autorizó la creación de un memorial para los militares fallecidos en las operaciones criminales realizadas por la misma institución. Esta bofetada a las víctimas sumada a la falta de independencia de los mecanismos creados distanció a varios colectivos de víctimas restando solidez a los trabajos que apenas iniciaban.
Desde entonces todo ha sido un caos. El responsable de estos mecanismos era el Subsecretario Alejandro Encinas, que dejó su cargo sin entregar un informe sobre la situación que guardaba todo el proceso: el mecanismo de justicia renunció en pleno denunciando falta de respaldo, las personas encargadas de la búsqueda fueron despedidas, de los mecanismos de memoria y reparación no se sabe nada. En la Comisión de la Verdad también hubo problemas: las fuerzas armadas negaron información, una comisionada renunció denunciando falta de independencia, y el resto de la comisión se dividió y existen dos informes con ángulos distintos de análisis histórico.
Hoy solo se conoce uno de estos informes. Lo que en todos los países es un evento de Estado, la presentación de informes de comisiones de la verdad, en México se hizo primero en SeGob y el viernes pasado de manera pública sin la presencia del Ejecutivo ni el Legislativo y tampoco estuvo presente la CNDH. En un futuro cercano se conocerá el otro informe.
Parte central de las comisiones de la verdad son las recomendaciones que emiten. Todo aquello que podría abonar a las garantías de no repetición. En el informe presentado se incluyen varias recomendaciones que van desde la desmilitarización de la seguridad pública y cambios de fondo en el sistema de justicia, reparaciones y de búsqueda, entre otros.
La comisión denunció falta de voluntad política desde la Presidencia para respaldar su trabajo y poder tener acceso a toda la información. Para futuras ocasiones, si es que algún día se revisa la brutal violencia que vivimos, es imperioso que los mecanismos de verdad y justicia tengan independencia absoluta.
El nuevo gobierno es una continuación del mismo proyecto que el saliente que creó estos mecanismos. Si niega las recomendaciones y el diagnóstico de este informe, estará tomando partido por los perpetradores. Si se dice gobierno de izquierda y heredero del movimiento del 68 debe asumir el informe y sus recomendaciones: revertir la militarización, garantizar verdad, justicia y búsqueda. Es decir, no al Plan C.
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El autor es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos
@dayan_jacobo
Animal Político / @Pajaropolitico
