Amplían el mapa de la violencia política durante la ‘guerra sucia’
Por Celia Guerrero para A dónde van los desaparecidos
La contrainsurgencia del Estado durante la “guerra sucia” se extendió a los grupos considerados “peligrosos”, que fueron tratados como enemigos internos y padecieron desaparición forzada, torturas y ejecuciones extrajudiciales. “El mapa de la represión se amplió y el conjunto de víctimas se diversificó”, destaca el comisionado Abel Barrera Hernández como el principal resultado de la investigación del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) sobre este periodo de violencia política que transcurrió de 1965 a 1990.
La primera parte del informe final del MEH será presentada hoy en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Entregada a la Secretaría de Gobernación (Segob) el 25 de junio, se titula Fue el Estado 1965-1990 y comprende cerca de 5,000 páginas. Sus seis volúmenes, coordinados por el antropólogo Barrera, el sociólogo David Fernández Dávalos y el politólogo Carlos A. Pérez Ricart, abarcan once conjuntos de víctimas “que hasta ahora permanecían invisibilizadas”, subraya el documento, debido a la idea de que el Estado reprimió solo a integrantes de organizaciones político-militares, o participantes en movimientos estudiantiles y laborales-sindicales.
La inclusión de estas víctimas “inaugura una nueva narrativa sobre este periodo de nuestra historia”, señala el informe, al incluir en el análisis de la violencia política a comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas en el marco del control territorial, la lucha agraria y la contrainsurgencia; poblaciones que se opusieron a políticas públicas de desarrollo; habitantes de zonas donde se combatió el narcotráfico; disidencias político-partidistas, sexogenéricas y religiosas; personas marginadas y criminalizadas; integrantes de las Fuerzas Armadas y policiales; periodistas; personas refugiadas guatemaltecas, y miembros de movimientos urbano-populares.
“Se mantuvo esa lógica del enemigo que está atentando contra el régimen por protestar en la calle, por tener otro tipo de creencias, por tener otra forma de vivir, por pertenecer a otro partido, por estar organizado en la colonia, o en contra de los patrones. En fin, era la misma lógica de reprimir, de torturar, de desaparecer, de ejecutar a las personas”, señala Barrera.
Oponerse a la construcción de una presa o de una carretera, organizarse para la toma de tierras, llevar el apellido Cabañas —como el líder guerrillero de Atoyac— fue motivo suficiente para que personas y poblaciones fueran reprimidas, explica el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Guerrero.
“Era la misma política de contrainsurgencia. O sea, no solamente [iban] contra las organizaciones político-militares, también contra campesinos; los indígenas que luchaban por la tierra fueron tratados como enemigos del régimen”.
“Sabíamos que algo había de esto”, agrega Pérez Ricart, “pero creo que no conocíamos la magnitud. Y el gran hallazgo, desde el punto de vista de los tres comisionados que trabajamos en conjunto, fue haber logrado mostrar evidencia de todo esto”.
En sus conclusiones precisan que pudieron acceder a 97 acervos públicos y privados; además, recabaron 1,139 testimonios en 23 entidades del país, lo que les permitió identificar 8,593 víctimas, y enlistar 59 responsables institucionales y 591 perpetradores “con nombre”.
En su investigación identificaron 1,063 ejecuciones extrajudiciales, la mayoría, 466, contra opositores político-partidistas, y 517 desapariciones forzadas, de las que 201 víctimas pertenecen a disidencias sexogenéricas. La detención arbitraria registra el mayor número de casos, 4,009, de los que casi una cuarta parte, 963, son de integrantes de movimientos urbano-populares.
Documentan también 46 masacres durante el periodo con 385 víctimas, la mayoría procedentes de Puebla (91), Chiapas (61) y Sinaloa (44), y 113 eventos de desplazamiento forzado interno que suman 123,034 víctimas. Consignan además a 167,391 personas afectadas por violencias derivadas de la ocupación territorial de militares y policías.
El informe destaca cómo los métodos de contrainsurgencia del Ejército se “heredaron” para el combate al crimen organizado, por ejemplo, con los operativos militares realizados en el Triángulo Dorado, como la operación Canador (acrónimo de cannabis y adormidera), vigente de 1969 a 1975.
“A los organismos policiacos y militares, a cambio de garantizar la seguridad política del Estado, les dieron permiso de administrar el crimen en general, y de disciplinar o castigar a todo tipo de disidencias”, señala Fernández Dávalos.
El volumen uno contiene los hallazgos principales, recomendaciones y la lista de víctimas. El segundo aborda las violaciones graves a derechos humanos y sus consecuencias en los once contextos estudiados. El tercero está enfocado en las causas políticas, económicas y socioculturales de la violencia estatal, y el cuarto se centra en quiénes fueron los perpetradores, tanto instituciones como personas.
“No se han desmantelado los aparatos de represión, por supuesto. Pero tampoco los de administración y procuración de justicia que funcionaron para proteger al Estado contrainsurgente”, agrega el exrector de la Universidad Iberoamericana. “Hoy el Ejército es parte del problema, no de la solución. Y como no ha habido procesos de justicia transicional, es decir, el desmantelamiento de las instituciones represoras, siguen con los mismos modos de actuar de antes”.
El quinto volumen expone los “factores de persistencia”, aquellas situaciones estructurales y sociales que han permitido que la violencia estatal continúe hasta la actualidad, y el sexto comprende los anexos del informe.
Entre los factores de persistencia mencionan “la tortura como método de investigación policial”, conjuntos de víctimas que son todavía “blanco de abusos y violaciones”, prácticas y estrategias de origen contrainsurgente que “han migrado” a actores del crimen organizado, y crímenes del ejército “que continúan impunes” porque no han sido juzgados en el fuero civil.
“Creo que [el trabajo] del MEH abre pista para varias cosas: para la investigación sobre desaparecidos, porque identificamos lugares, personas, casos. Para la investigación en términos de justicia, como una hoja de ruta para cualquier fiscalía que quiera realmente juzgar esto. Es muy relevante para temas de compensaciones, ya no se necesita en muchos casos crear análisis de contexto. Y para el esclarecimiento porque ofrece explicaciones”, considera Pérez Ricart.
Decenas de testimonios
La entrega del informe final del MEH a la Segob, elaborado por dos grupos que trabajaron por separado, destapó una pugna interna entre los cuatro comisionados que impidió cruzar sus conclusiones y tener claridad sobre datos como el número total de víctimas identificadas. El resultado fueron dos partes de un mismo informe, cuyo contenido los equipos no llegaron a compartir.
La comisionada Eugenia Allier Montaño dijo desconocer el contenido de la investigación realizada por los otros tres comisionados y reconoció que habrá información duplicada. “No debió haber existido, pero sí va a ocurrir”, señaló en una reunión virtual con medios realizada la noche del miércoles.
La segunda parte del informe, Verdades innegables. Por un México sin impunidad, coordinada por Allier, fue entregada a la Segob el 11 de julio y consta de cerca de 2,000 páginas, según la comisionada. La historiadora documenta la violencia del Estado contra las organizaciones político-militares, los movimientos estudiantiles y laborales-sindicales, y las redes de apoyo contra la represión.
Esta investigación, que será presentada en una fecha aún por definirse, incluirá una lista de más de 1,100 personas detenidas y desaparecidas, elaborada a partir del cruce de datos de organizaciones como el Comité Eureka, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad), y nuevos casos descubiertos por su equipo, señala en entrevista la comisionada.
En un extracto del informe entregado a los medios menciona también una lista con más de 2,000 “perpetradores y personas involucradas en el sistema represivo”.
El resumen ejecutivo destaca cuatro principales hallazgos: 1. La lista con 183 posibles víctimas de “vuelos de la muerte” que forma parte del archivo del Comité Eureka, revelada por este medio y publicada también en el informe de los tres comisionados; 2. La lista de detenidos en el Cuartel Militar Número 1, en 1978, localizada en el Archivo General de la Nación, que comprende el nombre de 23 personas, de las cuales siete continúan desaparecidas, y que podría contribuir al esclarecimiento de lo sucedido con integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S); 3. El documento del Plan Rosa de los Vientos, que evidencia la coordinación de las fuerzas armadas y la Segob para “localizar, detener y consignar a los integrantes de la LC23S a partir del 1 de junio de 1978 y hasta su exterminación completa”; 4. La localización del sepulcro de Pablo Alvarado Barrera, maestro rural y militante del Grupo Popular Guerrillero de Arturo Gámiz en 1965, ejecutado extrajudicialmente en el Panteón Civil de San Isidro en la Ciudad de México.
Para la elaboración de este informe visitaron catorce estados: Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Veracruz y Yucatán. Recabaron 226 testimonios individuales y colectivos, y recopilaron información de 40 archivos públicos y de organizaciones sociales, indica Allier.
Para la comisionada, el principal aporte de su investigación consiste, precisamente, en haber reunido decenas de testimonios, a diferencia de otras iniciativas gubernamentales para investigar la “guerra sucia”: la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femossp), creada por el gobierno de Vicente Fox en 2012, y la Comverdad, que se centró en Guerrero, uno de los epicentros de la represión, y presentó su informe final en 2014.
“La Femospp no tomó tanto en cuenta los testimonios, la Comverdad sí, pero creo que aquí [con el MEH] sí hubo muchísima gente que, porque se sentía con más confianza por el gobierno actual, dio su testimonio”, dice la historiadora, lo que permitió al mecanismo ampliar “el conocimiento que teníamos sobre cómo se dieron todas estas violaciones graves de derechos humanos”.
Esta segunda parte del informe, agrega, se nutrió con información de archivos personales y de colectivos de denunciantes y familiares de víctimas que “tienen una gran sistematización, por ejemplo, para las listas. H.I.J.O.S. hizo investigaciones muy importantes sobre cada una de las personas desaparecidas”.
Al igual que Barrera, la historiadora destaca una ampliación en las investigaciones sobre la “guerra sucia” y adelanta que su trabajo incluye un “nuevo mapa de la represión”, con testimonios recabados en entidades donde no se tenía registro de la violencia del Estado. “Por ejemplo, fue muy impactante para todo el equipo conocer lo que había pasado en Mérida con el sindicalismo, las ejecuciones extrajudiciales que hubo”.
“Con cada disidencia se ejecutó cierto tipo de violencia o de violación grave de derechos humanos”, explica Allier. “La tortura fue una violencia, un mecanismo que se utilizó contra prácticamente todas las disidencias, contra sindicalistas, estudiantes, familiares, miembros de organizaciones político-militares. [...] La desaparición fue, sobre todo, en contra de las guerrillas y de las comunidades que les daban base o no, pero que estaban cerca de ellas”.
¿Diferencias políticas?
El MEH es uno de los cinco instrumentos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (Coveh), creada por decreto presidencial el 6 de octubre de 2021 para investigar, dar seguimiento, fiscalizar, proponer y emitir informes relacionados con las violaciones graves de derechos humanos durante ese periodo.
Para realizar este trabajo se eligieron cinco personas expertas, de las cuales una, la historiadora Aleida García Aguirre, renunció en septiembre de 2022 por lo que consideraba “una subordinación de facto“, en términos de presupuesto y decisiones, del “ala de la sociedad civil” a la institucional. Hasta la entrega del informe, los comisionados restantes trabajaron en la investigación de sus contextos en una división por equipos.
Esta forma de trabajo se debió, en un principio, al reparto de la información que se tenía que investigar. “Acordamos trabajar por contextos, que en realidad es una recomendación de Naciones Unidas cuando se analizan graves violaciones a los derechos humanos”, explica Fernández Dávalos.
Pero la entrega del informe final del MEH a la Segob, primero por el grupo de los tres comisionados y luego por el equipo de Allier, causó confusión.
“Acordamos una fecha de entrega y criterios mínimos. A pesar de que sí hubo diferencias, seguimos trabajando en la misma base de datos de testimoniantes, seguimos compartiendo archivos. Pero sí hubo una noción de que las metodologías eran distintas, y las maneras de aproximarse al periodo también”, responde Pérez Ricart sobre el porqué se realizó la entrega del informe por dos vías.
Sobre este punto, Allier prefiere no contestar. “Yo, ya lo dije públicamente, me enteré [de la entrega del informe final] por las redes. O sea, así no se puede hacer, así no se debe hacer”. Y argumenta, sobre las razones de su trabajo por separado, diferencias “más políticas que metodológicas”.
Conforme se acercaba la fecha de presentación de la primera parte del informe, este 16 de agosto, la ruptura entre los comisionados fue más evidente. Se añadió la polémica que desató la publicación de la lista con 183 nombres de posibles víctimas de “vuelos de la muerte”, un hallazgo que se adjudicó el equipo de Allier. Días después, la comisionada publicó en X que, después de enfrentar “importantes dificultades para difundir por los medios y redes oficiales del MEH” la información de su equipo, todas sus comunicaciones serían a través de su cuenta personal.
En su informe, Barrera, Fernández Dávalos y Pérez Ricart exponen en un apartado las “dificultades internas” que a principios de 2023 se transformaron en “evidentes desacuerdos” con Allier. Entonces, decidieron continuar los tres comisionados en conjunto y “operar” con la historiadora “de manera fragmentada”. También indican que cuando hubo que llegar a acuerdos para realizar pronunciamientos públicos “tuvieron que ser modificados y moderados” para que fueran firmados por todos.
“Quizá la gravedad mayor de esta ruptura interna ha sido el no poder realizar un cruce de información y conclusiones con el equipo de la comisionada Allier, y por tanto con la investigación sobre movimientos armados, estudiantiles y sindicales, Esta situación, sin duda, constituye una limitación de los resultados obtenidos para ambas partes”, consignan en el informe.
Pero las diferencias entre los comisionados fueron solo una de las dificultades que el MEH tuvo que sortear. Hubo también fallas de origen, respecto a cómo se crearon la Coveh y el mecanismo, que debieron resolverse sobre la marcha.
“A un organismo que era extraordinario, que tenía que funcionar con reglas propias, lo sometieron a las reglas de operación ordinarias del gobierno, y eso no funciona”, acusa Fernández Dávalos.
Uno de los mayores problemas del MEH ha sido carecer de un presupuesto independiente, dice el comisionado. Durante el desarrollo de sus trabajos, los recursos siempre estuvieron bajo el control de la Segob, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración —encabezada hasta octubre de 2023 por Alejandro Encinas—, que debía solicitarlos a la Secretaría de Hacienda, pero esta nunca participó en las reuniones de la Coveh, aunque formaba parte de su estructura. Los comisionados colaboran de manera honoraria, no tienen acceso a los recursos, y solo los investigadores reciben un salario como funcionarios de la Segob.
“Los recursos fueron extremadamente limitados. No teníamos recursos para, por ejemplo, contratar servicios de almacenamiento en la red o de bases de datos porque eso está centralizado y lo tiene que aprobar la secretaría [Hacienda]”, explica el sociólogo.
La ausencia de recursos se mantiene, ya que les han negado el presupuesto para realizar una gira destinada a presentar el informe a los colectivos que colaboraron con sus testimonios.
“Les propusimos un plan de presentación en todo el país. Previamente estaba nuestro plan de trabajo aprobado desde la subsecretaría, con Alejandro Encinas. Pero nos han comunicado ya que no hay dinero”.
Esta falta de presupuesto la han sorteado —como pretenden hacerlo con la gira y la impresión del informe— con aportaciones de fundaciones como la Heinrich Böll, que los apoyó en la creación de su página web.
A las dificultades administrativas se sumaron las renuncias y cambios del personal, incluida la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, hace un año. El organismo es responsable del Plan de Búsqueda, otro de los cinco instrumentos de la Coveh.
Su salida impidió que continuaran los trabajos de búsqueda en sitios identificados por el MEH, como un enterramiento en Chiapas con alrededor de 300 cadáveres de refugiados guatemaltecos, pese a que ya habían hecho una prospección y tenían el acuerdo de exhumación.
“Se le planteó a la nueva titular [de la CNB, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún,] en una reunión pública. Dijo: ‘Sí, sí, cómo no. Nosotros los buscamos’. Y jamás nos buscó, jamás, nunca. Eso no iba a ocurrir jamás”, recuerda Fernández Dávalos.
Las trabas del Ejército
Desde octubre de 2023, los cuatro comisionados del MEH denunciaron las dificultades para acceder a los archivos del Ejército en su reporte Las formas del silencio y el anexo La obstrucción de la verdad.
Meses antes habían logrado entrar al Campo Militar Número 1, identificado por sobrevivientes como un centro de tortura, ejecuciones y detenciones arbitrarias, así como al Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, “a los ocho, nueve meses, comenzamos a tener graves dificultades de acceso a expedientes particulares que nosotros queríamos ver y solicitábamos. También a los planos de las instalaciones que necesitábamos investigar”, cuenta Fernández Dávalos.
Tampoco pudieron localizar los archivos del Estado Mayor Presidencial porque ni la Segob, ni las fiscalías, ni el Archivo General de la Nación saben dónde están. No se concretó la gestión para la desclasificación de los archivos del Departamento de Estado y de agencias de seguridad de Estados Unidos sobre el periodo de la “guerra sucia”, solicitada a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Presidencia. Denunciaron también el nulo acceso a los archivos de la Fiscalía General de la República, y la dificultad para consultar los archivos de fiscalías de estados como Chihuahua, Sinaloa, Jalisco y Guerrero, que se encuentran desmantelados.
“Tuvimos una comisión presidencial que se pretendió extraordinaria y a la que no se le dieron medios extraordinarios para poder hacer su trabajo. Que recibió un apoyo muy menor por parte de la Presidencia de la República y también de la Secretaría de Gobernación, y también se infectó del virus de Ayotzinapa”, señala Pérez Ricart, quien considera que las dificultades que atravesó en su investigación la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), también presidida por la Segob a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, les pegaron “como coletazo”.
“Cuando se rompió el diálogo con el Ejército por el tema de Ayotzinapa, esto fue en febrero del año pasado, también se rompió entre la comisión [Coveh] y el Ejército”.
Esto les impidió obtener mayor información sobre posibles sitios de entierro o la identidad de las víctimas, y limitó sus labores y los resultados del informe final entregado a la Segob..
“Hemos llegado, creo, al límite de lo que podíamos hacer como Mecanismo de Esclarecimiento Histórico sin el respaldo decidido —voy a decirlo así— del Gobierno federal”, afirma Pérez Ricart.
Tras la entrega de la primera parte del informe a la Segob, los comisionados del MEH esperaban que fuera “asumido oficialmente por el régimen” para presentarlo a las víctimas y después hacerlo público. Esto significa, explica Fernández Dávalos, que “las violaciones graves a los derechos humanos y las instituciones perpetradoras son señaladas y hay un reconocimiento de parte del Estado de que esto ocurrió”.
Al cabo de semanas sin respuesta de la Segob decidieron presentarlo públicamente. “Nos han dicho que con estos factores de persistencia estamos rebasando lo que dice el mandato del decreto presidencial y también no se sienten cómodos con algunas recomendaciones que estamos haciendo”, refiere.
Aún queda pendiente conocer los informes finales de los otros cuatro instrumentos de la Coveh, que deben publicarse antes del 30 de septiembre, fecha límite de la vigencia del decreto que creó la comisión.
www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
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