Recién nombrada como la eventual candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez emitió un posicionamiento ante el Congreso. Entre las frases a destacar se encuentran “por el bien de todos, primero las víctimas” y que el actual gobierno traicionó “la esperanza de millones de mexicanos que anhelaban un México mejor”. Sin duda es un mensaje correcto. El reto será llenarlo de contenidos que requieren soluciones distintas a las implementadas hasta hoy.
La agenda de seguridad ciudadana, verdad, justicia, búsqueda de desaparecidos, reparación y garantías de no repetición es compleja y requiere de conocimiento la participación de personas expertas que llevan años analizando la brutal realidad y diseñando diversas propuestas.
En su discurso afirmó que la política de “abrazos, no balazos, resultó una ocurrencia”. En efecto, lo es. Una ocurrencia criminal. La desmilitarización de la seguridad pública es urgente, así como el retiro de los militares de otras funciones civiles. Para regresar paulatinamente a los militares a sus cuarteles debe realizarse una enorme inversión en las policías civiles para dejar al ejército en funciones temporales y regionales concretas, bajo supervisión civil y evaluación permanente.
Otro gran pendiente es la impunidad. Gálvez lo fraseó de esta manera: “la ley sí es la ley”. La propuesta del Frente Amplio no puede ser la de continuar con la impunidad como norma, el análisis de caso por caso y las fiscalías actuales. Es imperioso recurrir a mecanismos extraordinarios de justicia con acompañamiento internacional para abordar los múltiples fenómenos de violencia y procesar a los máximos responsables. Se requiere de muchos años para reconstruir las fiscalías del país, esto hace imposible esperar para garantizar la justicia que lleve a la reducción de violencias.
No podrá haber justicia ni paz sin verdad. La implementación de una gran Comisión de la Verdad es absolutamente necesario. Esta comisión debe ser absolutamente independiente y no como las creadas este sexenio (Ayotzinapa y Guerra Sucia) que son controladas por funcionarios de gobierno.
La búsqueda de personas desaparecidas sigue siendo una de las omisiones criminales más dolorosas de los gobiernos mexicanos. Mientras las fiscalías sigan involucradas nada funcionará. Las comisiones de búsqueda deben articularse con el mecanismo extraordinario de justicia y la comisión de la verdad. La reforma al modelo de reparaciones también debe ser modificado. Pasar a reparaciones administrativas masivas privilegiando lo colectivo y simbólico al tiempo que se garantiza servicios de salud, educación, vivienda y seguridad a las víctimas y sus familiares.
Las garantías de no repetición son una enorme cantidad de cambios que requiere el Estado y la vida democrática mexicana. Insumos para realizar este trabajo saldrán de los procesos de verdad y justicia.
Las violencias son múltiples: asesinatos, desapariciones, tortura, desplazamiento forzado, trata, despojo de tierra y territorio, reclutamiento forzado, extorsión, cobro de piso y un largo etcétera. Los retos son enormes y deben ser abordados con seriedad y sin ocurrencias. La justicia transicional es un piso mínimo desde donde reconstruir un país desgarrado. Es un elemento necesario, pero no suficiente.
Sin voluntad política sólida nada de esto se logrará. Se requieren acuerdos transexenales. Nada de esto será a corto plazo por lo que no es una política de gobierno sino de Estado.
“Es ahora o nunca” afirmó Xóchitl. En efecto, el deterioro nacional no soporta seis años más de omisiones criminales por parte del Estado.
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