Negocios privados con bienes públicos

EN TRIBUNALES
    Ni al Gobierno municipal ni a la empresa que operará el Nuevo Acuario le conviene andarse peleando y llevar el pleito a los tribunales. En ambos lados debe caber la cordura y mesura y, si se trata de ajustar el porcentaje o extenderlo a ingresos diferentes a la taquilla, deben privilegiar el diálogo y ponerse de acuerdo. El Nuevo Acuario traerá muchos beneficios para la ciudad, de eso no hay duda. Esperemos que su operación sea eficiente y que el porcentaje que le toca al Gobierno municipal resulte justo y atractivo para evitar hacer negocios privados con bienes públicos.

    david@bufetealvarez.com

    Las concesiones son una herramienta legal a través de la cual se permite a particulares usar y explotar bienes públicos.

    La herramienta ha funcionado durante mucho tiempo digamos que más o menos bien, porque permite que los particulares, que cuentan con recursos económicos suficientes, exploten bienes públicos, lo que puede generar mejores servicios para los ciudadanos.

    Lo malo es cuando las concesiones se utilizan para explotar bienes públicos sin un beneficio razonable para el Gobierno.

    Tomemos el ejemplo del Nuevo Acuario. Hasta donde recuerdo, el contrato y la concesión que se firmaron entre el Gobierno municipal y la empresa que va a operarlo, contiene contraprestaciones para el Gobierno.

    Ahora que, si esas contraprestaciones son justas o no son justas, es harina de otro costal. No es lo mismo el 10 por ciento de 100 millones de pesos que el 100 por ciento de un millón de pesos.

    Ya operando el nuevo Acuario y pagando al Gobierno municipal el porcentaje que le corresponde se irá conociendo si es justo o no es justo y, en su caso, seguramente las partes llegaran a un acuerdo para ajustar el porcentaje o extenderlo a ingresos adicionales a las ventas en taquillas.

    Es obvio que el nuevo Acuario es un negocio y funcionará como tal. Los inversionistas privados que le metieron su lana tienen derecho a recuperarla.

    Pero a lo que no tienen derecho es a pagar un porcentaje menor al Gobierno municipal en donde este último salga perdiendo.

    El porcentaje y sobre qué se aplicaría (taquilla) fue negociado por “El Químico”, es decir, si termina resultando ridículo o injusto, es culpa del ex Alcalde y será otra raya más al tigre.

    Ni al Gobierno municipal ni a la empresa que operará el Nuevo Acuario le conviene andarse peleando y llevar el pleito a los tribunales.

    En ambos lados debe caber la cordura y mesura y, si se trata de ajustar el porcentaje o extenderlo a ingresos diferentes a la taquilla, deben privilegiar el diálogo y ponerse de acuerdo.

    El Nuevo Acuario traerá muchos beneficios para la ciudad, de eso no hay duda. Esperemos que su operación sea eficiente y que el porcentaje que le toca al Gobierno municipal resulte justo y atractivo para evitar hacer negocios privados con bienes públicos.