La UAS ante la justicia, ¿parteaguas?
Silenciar la política y que hable la ley
A las carpetas de investigación abiertas contra el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, su antecesor en el cargo, Juan Eulogio Guerra Liera, e integrantes del Comité de Compras, se les dará en lo sucesivo el trámite judicial correspondiente para determinar si de la presunción de inocencia se avanza a la definición de delitos y la correspondiente sanción. Es hora de pasar de los manejos mediáticos y la declaración política, a los alegatos jurídicos que le den a cada quien lo que por ley merece.
Esto debiera suponer la tregua en los actores y factores sin jurisdicción involucrados en el tema de posible daño a las finanzas de la UAS, que son recursos públicos, para que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Poder Judicial del Estado realicen sus funciones sin intromisiones ni presiones que operen para resolutivos a modo, sin mayor línea que la de salvaguardar la integridad de la casa de estudios, patrimonio entrañable de los sinaloenses.
Es la institución de educación media y superior la que debe resultar airosa en este lapso vital para que reafirme la función de ser, que no es otra que la de darle a Sinaloa mujeres y hombres que a través del conocimiento y las aptitudes diseñen el mejor futuro para la gente en general, sin distingos. Coyuntura irrepetible para que la parte acusadora fundamente con pruebas, y el sector indiciado tenga la oportunidad de defenderse, actuando todos con visibilidad pública en la mampara de la Constitución y las leyes que derivan.
Sin embargo, con la desactivación de opiniones en las esferas gubernamental y legislativa, tal como lo hizo ayer el Gobernador Rubén Rocha Moya al negarse a dar el punto de vista sobre el caso UAS en la etapa de judicialización, se accionan otros frentes de observación social que incidirán conforme transcurra el proceso legal que iniciará con la audiencia de imputación de cargos que le solicitó ayer a temprana hora la Fiscalía al Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro de Sinaloa.
Se trata de la primera de varias carpeta de investigación que es puesta a disposición de un Juzgado, en este caso para que resuelva si Madueña Molina y Guerra Liera, así como los componentes del Comités de Adquisiciones (Héctor Melesio Cuén Díaz, Soila Maribel Gaxiola Camacho, Jorge Pérez Rubio, Óscar Orlando Guadrón, Norma Alicia Aguilar Navarro, Ismael García Castro, Manuel de Jesús Lara Salazar y Salvador Pérez Martínez) cometieron o no los delitos que se les imputan en contra del servicio público.
Mientras callan los sujetos del poder, en la conversación pública será potenciado el debate y posiblemente haya resolutivos del juicio social antes que el veredicto estrictamente judicial. Ya no es cosa de periodismo de investigación que exhibe manejos administrativos anómalos, ni de peroratas en las tribunas del Congreso del Estado, mucho menos de indagatorias hechas al vapor que acaban siendo casos perdidos. Es el momento de determinar quiénes deben ir a prisión o resarcir los daños, y cuáles deben regresar a las calles en libertad total o condicional.
Con la posible realización de la audiencia para formulación de la imputación que solicitó la Fiscalía Anticorrupción comienza la carrera forense para limpiar la imagen de los presuntos responsables o criminalizarlos por los ilícitos cometidos. Cualquiera de los dos escenarios tendrá repercusiones tipo parteaguas en la historia moderna de la UAS, pues de la voluntad y capacidad para restañar las heridas dependerá la honorabilidad de los personajes bajo sospecha y la viabilidad del modelo actual de conducción universitaria.
La justicia es la clave para todo y todos lo que abarca este expediente penal. A ella tienen derecho los acusados, pero también la comunidad universitaria, la sociedad sinaloense; no sólo los directivos de la Universidad sino fundamentalmente los estudiantes que necesitan el aval prestigioso del centro educativo para abrirse paso en la vida. El predominio de la ley como acción indispensable para que en la ciudadanía desvanezca la conjetura de la impunidad.
La dimensión pública del enjuiciamiento recalcará o disipará la idea de Universidad en pleno desarrollo académico, con altura de miras y orden interno. Ojalá que, pase lo que pase, la casa rosalina salga con el ímpetu necesario para transitar a mejores épocas, a la cúspide del nuevo modelo nacional e internacional para la formación de profesionistas que sean capaces de darle un vuelco a las apatías e indiferencias frente a los gritos de auxilio que emite el planeta.
Vamos entonces a conocer las particularidades judiciales a través de la potente lente ciudadana que no permite los puntos ciegos para la simulación en la labor ministerial ni para las coartadas de los encausados.
Que le alivien todos los males,
A la UAS mediante la justicia,
Y le resulte como caricia,
Que le extirpen los albañales.
Sosteniéndose en la posición de “no tengo cola que me pisen, mi familia está limpia y lo vamos a demostrar peso a peso, empresa por empresa”, el dirigente del Partido Sinaloense y ex Rector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, consideró que enfrentar el inminente juicio solicitado por la Fiscalía Anticorrupción es un asunto que le compete a la UAS y dijo estar de acuerdo en que si algo se hizo mal sea corregido de acuerdo a la ley para coexistir en un real Estado de Derecho. Aunque remarcó que la solicitud de la FGE a un Juez para que obsequie la audiencia inicial para la formulación de imputación, “no es asunto mío, no he tenido ningún citatorio ni notificación” la encasilló en el seguimiento formal de un proceso judicial.
