El mensaje de Rocha Moya al Grupo ARHE
Arropar a Édgar González... y a periodistas

A la señal que envió el Gobernador Rubén Rocha Moya el sábado al arropar en público al Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Édgar González Zataráin, contra demandas y solicitud de cese del cargo que interpuso el Grupo ARHE dirigido por los hermanos Juan José y Érick Arellano Hernández, le debe corresponder la ampliación del respaldo a las personas y medios que están en similar circunstancia por atreverse a indagar, o en el menor de los casos a opinar, sobre este conglomerado de empresas que súbitamente irrumpió en los negocios desde 2007.

Con el estilo propio pero sobre todo atípico de litigar contra sus críticos y no contra sus estigmas, el corporativo que aparece bajo varias de las lupas de inteligencia financiera, sistema tributario y periodismo de investigación, ha logrado una gran influencia en el Gobierno de Mazatlán, en la etapa que preside Luis Guillermo Benítez Torres, al grado de solicitarle al Alcalde que destituya a González Zataráin, solamente porque éste desde su posición de funcionario defendió al Ayuntamiento de cobros extras indebidos que haría, pero finalmente no concretó ARHE.

Es extraño que una firma del sector privado le dedique tanto tiempo a judicializar situaciones que tienen que ver con la imagen y prestigio corporativo, en vez de enfocar todas las estrategias de autodefensa a combatir las huellas que sin duda están allí, en tribunales, instancias ministeriales y medios de comunicación, sin que puedan ser ignoradas, pero tal vez sí controvertidas jurídicamente. Los delitos no son responsabilidad de quien los conoce y los denuncia; son culpas de quienes los cometen.

Lo de Édgar González, más allá de que Juan José Arellano Hernández decidiera acusarlo ¿de dichos indebidos? ninguna facultad tiene desde su posición de “empresario poderoso” para ordenarle al Alcalde Benítez Torres que lo cese de la estructura de gobierno municipal, a no ser que sea cierto lo que en Mazatlán es vox populi: en vez de Presidente Municipal, “El Químico” es parte de la estrategia de ARHE para ganar negocios y protección.

Es que no se midió Juan José Arellano en la exigencia hecha al Alcalde para que “analice y cuestione la actitud irregular por parte de un integrante de su equipo de trabajo y actúe en consecuencia”, funcionario al que señala con índice de fuego porque “ha vulnerado sistemáticamente ese respeto, incumpliendo con la obligación de conducirse de manera proba hacia los ciudadanos, puesto que de forma maliciosa ha expuesto públicamente al Grupo con afirmaciones falsas y tendenciosas”. ¿Qué más “consideración y respeto” ha de recibir ARHE que los 141 millones de pesos que ya le pagó Benítez Torres?

Sin embargo, si fuese el único caso de conflicto con sectores mazatlecos, pues una golondrina no haría verano. Pero recientemente la influyente marca ARHE demandó al periodista Fernando Zepeda por referirse a la expedita soltura con la cual el gobierno de Mazatlán accedió a pagarle, haciendo uso de bienes públicos, 141 millones de pesos a los Arellano Hernández, trato que se le ha criticado más al munícipe que al beneficiario de tan ventajoso “arreglo”. Enseguida, el consuetudinario querellante contra medios demandó a dos periodistas del semanario Ríodoce, al medio de comunicación en sí, y al editor y coordinador general de Quinto Elemento Lab, que constituyen el equipo que trabajó en las dos partes del contenido periodístico “Los otros hermanos Arellano”. A lo que se conoce de esta embestida legal contra la libertad de expresión, los procedimientos continúan en curso.

El 17 de marzo de 2021, el abogado Juan Bautista Lizárraga publicó un texto en el diario El Debate donde afirma que representó a Juan José Arellano en una demanda contra Ríodoce por daño moral y, asegura, el juez civil que conoció el caso dictó sentencia contra el semanario. “Adicionalmente, la sentencia le concedió a Juan José el derecho a cobrar una indemnización por el daño ocasionado... no obstante, contrario a mi consejo profesional, Juan José no quiso hacer efectivo ese derecho, pues, en palabras de él, nada más le interesaba que la gente supiera la verdad, que no es la persona que maliciosamente describía ese medio de comunicación”.

Con estos antecedentes basta para exponer el inusual sistema de dedicarle tiempo y recursos humanos y financieros a responder a cuanta cosa incómoda se diga del Grupo ARHE. A no ser que le sobre dinero, personal, asesores y abogados, toda esta energía podría dirigirse a tumbar los expedientes, alegatos, fiscalizaciones y fichas policiacas que nutren a quienes cavan un poquito y hallan material para armar temas de interés público. Y si a los hermanos Juan José y Érick Arellano Hernández les importa mantener a salvo su imagen y la del Grupo ARHE ¿por qué no aclaran lo de fondo y dejan de pelear por lo superficial?

Y todo conduce a una cuestión de elemental resolución. El Gobernador, que se ha pronunciado por instrumentos legales, mentalidad pública y respuestas jurídicas para que se fortalezca la labor periodística, al arropar al Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán también le envía al Grupo ARHE una indicación clara: qué importa qué tan puros o ruines sean, lo de culpables o inocentes, lo poderoso o impunes, o la influencia que tengan sobre autoridades municipales, pero a la libertad de expresión se le respeta en Sinaloa.

A todo aquel que intentare,

Ser aquí la Santa Inquisición,

Que se mida en el Grupo Arhe,

Y se abstenga de la tentación.

Por allí anda circulando una campaña que propone devorar al becerro antes de que nazca. Se le echan encima a la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, declarándola ya como letra muerta. Muertos están los compañeros que no supimos defender y ante cuyos ataúdes guardaron silencio cómplice los hoy detractores de la norma que acaba de aprobar el Congreso del Estado. ¿Dónde estaban? ¿Qué apetitos guardaban?