Ruta del Naftagate, a la luz del periodismo
Allí están los culpables para efectos de ley

Además de meterse a los entresijos del caso Nafta, y mostrarlos a los sinaloenses para que redimensionen el daño que ocasionan los arreglos con la empresa de los Arellano Hernández que laceran las finanzas del Gobierno de Mazatlán, el trabajo periodístico de Netzahualcóyotl Ceballos contiene la precisión de desenmascarar en el momento adecuado las negligencias de políticos que se disponen a asumir cargos de gobierno sin pagar por las irresponsabilidades cometidas en anteriores desempeños de la función pública.

A pesar de ser un expediente que desde hace una década supura la sustancia pestilente propia de arreglos del poder fincados en la corrupción, la participación de cuatro ex alcaldes y la extraña flojera jurídica del actual Presidente Municipal dan elementos para configurar la posible confabulación continuada para que se diera el desenlace judicial que obliga al Ayuntamiento de Mazatlán a pagarle 141 millones de pesos al Grupo Arhe.

La historia de este desfalco la plantea completa el reportero de Noroeste en la investigación titulada “Nafta, de Higuera a ‘El Químico’: crónica de un atraco a los mazatlecos”, publicada el lunes 25 de octubre y narrando paso a paso cómo empezó esto en la administración municipal del panista Alejandro Higuera al autorizar la construcción de una gasolinera en lugar no permitido y desencadenar a partir de ese “error” las complicidades por acción u omisión de los alcaldes Carlos Felton, del PAN; Joel Bouciéguez y Fernando Pucheta del PRI, y finalmente Luis Guillermo Benítez Torres, de Morena.

Podría ser, por inferencia derivada de la actitud permisiva frente a la parte demandante, que durante la gestión de los cinco negligentes se haya fraguado el considerable daño patrimonial al erario mazatleco y que ahora exista el operativo político para darles impunidad. Y la hipótesis de la evidente tolerancia a los querellantes deriva precisamente de hechos, como el tener al Grupo Arhe como proveedor actual del Ayuntamiento, que en cualquier otro sistema de leyes significaría instaurarles a los funcionarios reincidentes el debido proceso legal.

Por supuesto que Alejandro Higuera les debe una explicación a los mazatlecos y el sistema punitivo estatal tiene la deuda con los sinaloenses de la carpeta de investigación y el juicio correspondiente contra quien detonó todo esto. Y claro que el Congreso del Estado está obligado a promover las condiciones de procedencia para que Luis Guillermo Benítez responda por acceder al pago de 141 millones a los hermanos Juan José y Érick Arellano Hernández y, aparte, conservarlos como clientes del Municipio.

Porque en el fondo de todo este lío serán los ciudadanos los que pagarán por lo platos rotos, o las viandas de oro servidas a los reclamantes de Arhe. Así se les pague con terrenos propiedad de la Comuna, o se distraigan recursos públicos para saldar el Naftagate, esa cantidad equivale al doble de los 73 millones de pesos destinados al embellecimiento y rehabilitación de la Avenida Gabriel Leyva, en el tramo del puente Juárez a la Avenida Barragán. O para modernizar 60 plazas públicas con la misma inversión de 2.3 millones de pesos que se le inyectó en 2011 a la remodelación de la Machado cuando Alejandro Higuera era Alcalde.

Es aquí cuando un asunto administrativo, que nunca ha sido llevado por la vía de la justicia resarcitoria con cargo a los funcionarios involucrados, aterriza en el ámbito de lo social. ¿Alguien cree que son los mazatlecos los que deban pagar por el manejo a modo del caso Nafta, presuntamente operado desde la parte demandada para que el denunciante saliera con orejas (dinero) y rabo (la burla) en el redondel de los arreglos cuasi perfectos? Tal recurso público lo necesita Mazatlán para atender necesidades apremiantes de los colonos y si algo debe pagársele a Nafta que lo costeen aquellos que orillaron al Ayuntamiento a arrodillarse financiera y jurídicamente.

Netzahualcóyotl Ceballos despeja la ruta del atraco para que ninguna autoridad vuelva a perderse en los vericuetos legaloides que fomentan impunidades. Para que el Gobierno del Estado, que dentro de algunas horas tendrá a Rubén Rocha Moya al frente, la 64 Legislatura del Congreso con la decisión compacta de las bancadas, y el Poder Judicial que va en combo con el Ejecutivo, demuestren que en este conflicto de interés público tiene que prevalecer el bien común, que es el de los ciudadanos con cuyas contribuciones se le liquidará al actor supuestamente ofendido.

Definir, con la ley en la mano y la balanza equilibrada de la justicia, si la resolución que le causa daño patrimonial al Gobierno de Mazatlán tiene algún efecto colateral para el ex Presidente Municipal Alejandro Higuera Osuna, panista que se dispone a integrarse a la administración rochista, o en el caso de Luis Guillermo Benítez, el morenista que sin pizca de contrición, ya no se diga de algún atisbo de sanción, está por iniciar el nuevo período de tres años como Alcalde.

Para saldar el lío complejo,

A Mazatlán bien le vendría,

Ir a rematar la Alcaldía,

En un puesto de fierro viejo.

Hoy el Gobernador electo, Rubén Rocha Moya, oficializará el Gabinete que lo acompañará en la apertura del gobierno estatal 21-27, quién sabe si durante todo el sexenio. Sin grandes novedades, excepto la develación de nombres de titulares de algunas áreas pendientes como Pesca y Turismo, la conferencia de prensa marcará el momento de enfocar el más potente microscopio social hacia quienes por voluntad propia adquieren la calidad de servidores públicos y estarán obligados a rendirles cuentas a los sinaloenses, empezando por presentar la declaración 3de3 (patrimonial, fiscal y de conflictos de interés). ¡Que empiecen los juegos del poder!