Alianza de pueblos originarios exige la aprobación
de la Reforma Indígena como lo prometió Sheinbaum
En México, el reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos indígenas han enfrentado varios desafíos históricos, políticos, económicos y sociales. Esta lucha por mantener su autonomía y formas de vida comenzó hace siglos; para los pueblos, la resistencia al colonialismo, racismo y discriminación ha implicado una resistencia activa para defender su existencia.
En ese esfuerzo permanente, los pueblos indígenas siempre han alzado vigorosamente la voz. Recordemos que luego del levantamiento armado del EZLN, se logró firmar con el Estado mexicano los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena, en un hecho sin precedentes aquel 16 de febrero de 1996. Desde entonces el Estado mexicano se comprometió a modificar la Constitución y establecer un nuevo marco jurídico que permita una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado, con base en el reconocimiento pleno de sus derechos, entre ellos su derecho a la libre determinación y la autonomía. Esa reforma constitucional en materia indígena no se ha concretado plenamente hasta el día de hoy.
Sexenio tras sexenio, la falta de voluntad política y privilegiar otros intereses sobre la vida de nuestros pueblos, ha encontrado en el discurso político argumentos absurdos para justificar la violación sistemática de los derechos colectivos. Al inicio de este sexenio, el Ejecutivo federal se comprometió a finalmente concretar las demandas históricas de los pueblos indígenas. Inició un proceso de consulta indígena convocado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que incluyó la realización de 54 foros de consulta en 27 entidades y uno con población migrante indígena que radica en Estados Unidos, y que contó con la participación de más de 20 mil autoridades municipales, agrarias y comunitarias de los pueblos indígenas.
Como resultado de ese proceso se construyó una propuesta de Reforma Constitucional que fue entregada por el pueblo yaqui al Presidente de la República, en septiembre de 2021. Finalmente, el 5 de febrero de 2024, el titular del Ejecutivo presentó una iniciativa que retoma varios de los temas principales de la propuesta consultada con los pueblos, pero donde también se dejaron fuera otros de importancia, como es el caso del derecho al territorio y de representación política a cargos del Estado por vía de sus sistemas normativos internos.
Con la conformación del nuevo Congreso, donde la mayoría gobernante cuenta con los votos necesarios para aprobar la Reforma Indígena, sumado a los pronunciamientos de la futura Presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha manifestado que será una de sus iniciativas prioritarias para aprobarse en septiembre, se abre una oportunidad única para que finalmente esta deuda histórica con los pueblos indígenas y afromexicanos sea concretada.
Por tal motivo, la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea), conformada por más de 250 comunidades indígenas, afromexicanas y organizaciones, pertenecientes a 19 entidades de la República, hizo un llamado al Congreso de la Unión a la inmediata aprobación de la reforma para septiembre y que el reconocimiento del derecho al territorio de los pueblos indígenas sea incluido dentro del dictamen de la iniciativa que está por discutir la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
A pesar de los temas pendientes, la Aldea reconoce la relevancia de esta iniciativa que rescata uno de los pendientes derivados de los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, como es “el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derechos público con personalidad jurídica y patrimonio propio, fortaleciendo su derecho a la libre determinación y a la autonomía para ejercer sus propias formas de gobierno y sistemas normativos internos, así como para preservar sus modos de vida y de desarrollo, a través de la administración directa de presupuestos públicos sin la tutela del Estado”.
Será fundamental que este compromiso con los pueblos hecho por Sheinbaum no quede en letra muerta y que las y los legisladores se comprometan a aprobar una reforma que retome los temas que quedaron pendientes. Como manifestó la Aldea: sólo de esta forma podrán “transformarse verdaderamente las condiciones de injusticia y discriminación hacia nuestros pueblos y comunidades”.
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La autora es Maira Olivo, abogada en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.
