La Iniciativa de Reforma Constitucional entregada por el pueblo Yaqui al Presidente de la República, en septiembre de 2021, es el resultado de un proceso de consulta indígena convocado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que incluyó la realización de 54 foros de consulta en 27 entidades y uno con población migrante indígena que radica en Estados Unidos, y que contó con la participación de más de 20 mil autoridades municipales, agrarias y comunitarias de los pueblos indígenas.
Transcurrieron más de dos años hasta que el 5 de febrero de 2024, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una Iniciativa de Reforma Constitucional que, por primera vez en el país, busca no solo reconocer a las comunidades indígenas, sino también al pueblo afromexicano, como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio dentro de la Constitución Política. Esta cuestión está reconocida en el régimen jurídico internacional, particularmente en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.
Reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas y al pueblo afromexicano como sujetos de derecho público es reconocerles una personalidad jurídica con amplitud suficiente que permita, por una parte, ejercer sus derechos y, por otra, ejercer atribuciones que hagan viable la libre determinación, el ejercicio de la jurisdicción indígena y adoptar sus formas propias de organización, entre otras; cuando los instrumentos internacionales señalan que “Los Estados reconozcan plenamente la personalidad jurídica” no hablan de un reconocimiento que sólo permita ser titular de derechos, sino de reconocimiento pleno que posibilite el ejercicio de su libre determinación y autonomía.
La iniciativa fortalece el tema de asignación y ejercicio directo de presupuestos por comunidades bajo criterios “compensatorios, equitativos, justos y proporcionales”, reconoce el patrimonio cultural, material e inmaterial de los pueblos y su propiedad intelectual colectiva sobre este, y fortalece el derecho a las formas de desarrollo propias de las comunidades.
La propuesta incluye establecer a nivel constitucional el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados con la finalidad de llegar a un acuerdo u obtener su consentimiento; de igual forma, plantea asegurar una distribución justa y equitativa de beneficios. Establecer constitucionalmente la obligación de obtener el consentimiento antes de cualquier decisión o implementación de proyectos que afecten a las comunidades les permitirá salvaguardar de mejor manera su territorio ante el despojo que persiste por la imposición de proyectos extractivos o megaproyectos diversos. Es impostergable respetar las determinaciones de los pueblos en el marco de su autonomía y libre determinación. Actualmente las comunidades han tenido que emprender litigios para exigir estos derechos a los que nuestro país ya está obligado por el marco internacional.
Otro tema para destacar de la Iniciativa es lo que respecta a los sistemas normativos que ejercen las autoridades comunitarias y que debe tomarse en cuenta siempre para que se dé un verdadero acceso a la justicia del Estado, cierto es que será necesario establecer los mecanismos para lograr un verdadero pluralismo jurídico. Asimismo, se robustece el reconocimiento y garantía de los derechos del pueblo afromexicano y se amplían medidas para garantizar derechos sociales de los pueblos.
Esta iniciativa hace énfasis en los derechos de las mujeres a la participación comunitaria, política y su acceso a la propiedad y posesión de tierras, lo cual es muy relevante en un país en donde persiste la discriminación hacia las mujeres. La discriminación que sufren las mujeres respecto a la propiedad de la tierra debe erradicarse y sin duda aprobar estas propuestas contribuirá a ello.
Lamentablemente, las propuestas para el reconocimiento a los derechos territoriales que durante tanto tiempo han exigido los pueblos indígenas, y que formaba parte de la iniciativa entregada al Presidente, fueron excluidas aun cuando los problemas sobre la propiedad, uso, disfrute, delimitación y toma de decisión sobre las tierras, territorios y recursos naturales constituyen temas que afectan cotidianamente la vida de los pueblos.
Es un hecho que la iniciativa del Presidente no incluye todas las propuestas emanadas del proceso de consulta, pero es innegable que contiene el reconocimiento de derechos que históricamente han sido reivindicados por los pueblos. No olvidemos que el transitar de la lucha indígena nos ha mostrado que no es el todo o nada; hemos aprendido a persistir, a concretar poco a poco todas nuestras demandas históricas, reconocer que muchas de las propuestas hoy presentadas al Congreso constituyen un acto de justicia hacia los pueblos que siguen alzando la voz, voces que encontraron eco en líderes indígenas que hoy en el gobierno siguen impulsando una agenda que hace muchísimo tiempo no estaba en el Legislativo.
No obstante lo anterior, en un actuar responsable, el Congreso puede incluir los temas que fueron excluidos. Articulaciones como la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía que agrupa a pueblos y comunidades de más de 19 entidades federativas del país han solicitado que la Cámara de Diputados incluya los temas pendientes a la iniciativa del Presidente para aprobarla a la brevedad, además han expresado que “el envío de la iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicano a la Cámara de Diputados por parte del Presidente de la República es un paso en sentido correcto para resarcir una deuda histórica con las comunidades que, desde la colonia, padecen el despojo de sus territorios, cultura e identidad por parte del propio gobierno, así como de empresas y del crimen organizado”.
El momento actual exige al Congreso de la Unión legislar con una clara perspectiva de derechos colectivos y en concordancia con las obligaciones que en materia de derechos indígenas ya tiene el Estado Mexicano. Es urgente que la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo sea analizada, discutida y aprobada para beneficio del pueblo afromexicano y de todos los pueblos indígenas que habitan el país.
* La autora Maira Olivo es abogada en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.
