En el Congreso de Sinaloa, legisladores locales aprobaron reformas al Código Penal con el que se aumentan los castigos a quienes sean encontrados culpables del delito de feminicidio, pudiendo alcanzar hasta 60 años de cárcel.
Es una medida justa y necesaria que sin duda requiere ir acompañada de procesos que permitan que los asesinatos de mujeres no queden impunes y que los juicios que se inicien terminan con la sanción hacia el responsable.
Y eso está bien, porque son delitos que no deben escapar de la justicia, al menos es lo que la población demanda.
Pero más allá de lo que dicten los códigos que castigan los diferentes tipos de delitos, lo que urge es cómo evitarlos, definir qué hacer para que las mujeres no sean asesinadas ni violentadas de ninguna manera.
Los códigos sociales han ido cambiando por la lucha que han emprendido las mismas mujeres, que han demandado, con razón de sobra, equidad en el trato que se les da en todos los espacios, y el del respeto es el más importante.
Conductas de hombres que antes serían para vanagloria de algunos, hoy pueden ser denunciadas y castigadas, precisamente por ese cambio que han estado impulsando las mujeres.
Pero de nuevo, son conductas y agresiones que no deberían ocurrir ya y que todavía hay un sector de la población que no le ha quedado claro
Y además de las sanciones que esas agresiones y delitos puedan llegar a alcanzar, urge no solo en Sinaloa, sino en todo el País, campañas efectivas que lleguen a la población para reeducarla sobre el nuevo entorno social.
Las agresiones hacia las mujeres no deberían ocurrir, mucho menos quitarle la vida, porque nadie tiene el derecho de imponer su fuerza sobre ella. Y quien caiga en esas conductas, deberán estar conscientes de que les espera un castigo severo.
En estos momentos, no debería hablarse de feminicidios ni de agresiones hacia las mujeres, pero sigue pasando y es responsabilidad de todos evitarlo.
