"Diana Giselle luchó por salvar su vida. La Policía de Culiacán la desprotegió"

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El miércoles 18 de septiembre, 14 horas después de que Diana Giselle acudió a denunciar que estaba amenazada de muerte, la Fiscalía General del Estado le solicitó a la Unidad Preventiva de la Policía de Culiacán que le brindara medidas de protección mediante rondines que mantuvieran al agresor lejos de ella. La corporación desestimó la solicitud y la cadena de mandos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal pasó a ser de entidad defensora de la población, a cómplice por omisión del crimen de la joven embarazada.
El oficio 003443/2019 se emitió al considerar en inminente riesgo a la joven mujer de Bacurimí que en el último reducto de la batalla por seguir viva acudió oportunamente ante la Unidad Especializada en Violencia Contra las Mujeres en busca del amparo de las autoridades. El Ministerio Público atendió la queja por los delitos de amenazas y lesiones cerca de la medianoche del martes 17 de septiembre y de inmediato procedió a dar parte a la SSPyTM.
La Fiscalía determinó con base al artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales otorgarle a Diana Giselle cinco medidas de protección: prohibición al agresor para acercarse o comunicarse con la víctima, limitación para asistir o acercarse al domicilio, evitar que continuaran las conductas de intimidación o molestia, vigilancia durante 60 días en el domicilio de la ofendida y auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales cuando y a donde ella lo solicitara.
Pero la Policía de Culiacán, como suele ocurrir en las instituciones de seguridad pública preventivas de todo el estado, lo que vio fue una queja más de mujeres amenazadas y en esa normalización de la violencia de género ignoró la orden de la Fiscalía para cuidarla. Tal incumplimiento les costó la vida a Diana Giselle y al hijo que llevaba en el vientre, convirtiéndose en la interrogante de quiénes más, aparte del que le disparó, son copartícipes en el homicidio.
Este hecho de indiferencia oficial convertido en delito de negligencia criminal debe abrir el abanico de responsabilidades en la muerte de Diana Giselle, ocurrida la madrugada del 22 septiembre cuando el asesino llegó al domicilio de Bacurimí y al no hacer la policía la labor de prevención que se le demandó, procedió a cumplir las amenazas. Por ella, pero sobre todo para que exista la posibilidad de que salven sus vidas las víctimas de amenazas que siguen, la sanción debe llegarles a los desidiosos.
Como lo define el procedimiento legal, la Fiscalía le solicitó el 20 de septiembre a un juez de control y enjuiciamiento penal la audiencia para ratificar las medidas de protección otorgadas, así como el 21 de septiembre agentes de la Policía de Investigación le comunicaron al acusado las medidas de restricción que estaba obligado a cumplir.
El 23 de septiembre el agresor implicado en la denuncia penal que interpuso Diana Giselle debería asistir a comparecer ante la Fiscalía, sin embargo, optó por consumar el crimen con las “facilidades” que por acción u omisión le aportó la Policía de Culiacán. ¿Quién va a pagar consecuencias por esto, Alcalde Jesús Estrada Ferreiro? ¿Qué hicieron para evitar esta muerte las instituciones encargadas de prevenir la violencia intrafamiliar y de proteger a las mujeres?
En la sesión del martes, el Congreso del Estado llevó a tribuna la indignación generalizada por una muerte que bien pudo evitarse. Más que pesar y condolencias, el Legislativo debe intervenir para que todos los engranajes del sistema de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres se activen y de esa manera ampliar el esfuerzo jurídico, institucional y social para atender el problema. ¿Se está sancionando a los presidentes municipales que no obligan a sus policías a cumplir las órdenes de protección? ¿Qué pasa con el CEPAVI que debió intervenir de inmediato en el caso Diana Giselle? ¿Cuál es el plan estatal de acción del Instituto Sinaloense de las Mujeres frente a este tipo de violencia?
Hay que ir más lejos que el llamado repetitivo a recobrar los valores perdidos y reforzar con ello el tejido social. Hace falta que los organismos de defensa de las mujeres que se gastan jugosos presupuestos cumplan con la función de cuidarlas y generarles una vida libre de violencia. Meter a como sea en la mentalidad de políticos y jefes de policía que protegerlas a ellas es fundamental, es cuestión de vida o muerte. Y esta es tarea del Congreso.
Vamos a ver quién más paga por la muerte de Diana Giselle, aparte del homicida que es el principal agresor. Los otros presuntos implicados no deben permanecer impunes, de brazos cruzados, esperando el siguiente feminicidio para salir a dar la cara y justificar las ineficiencias. Qué patético sería que el servicio público jale junto al criminal los gatillos de las armas que apuntan hacia las mujeres.

Reverso

Ayuda, señor Policía,
La muerte a mí me acecha,
¿Podría aplazar la fecha?,
No quiero morir este día.

Cuantificación de apatías

¿Cuántas de las mil 308 solicitudes de protección que en 2018 ha emitido la Fiscalía General del Estado se habrán quedado ignoradas en los escritorios de los jefes de las Policías en Sinaloa? ¿Cuántos sinaloenses en situación de riesgo se pensaron resguardados por las autoridades mientras sus victimarios disfrutaban de la simulación en cuerpos de seguridad pública que les vale la vida de los ciudadanos? ¿Cuántas de las más de 400 órdenes de protección giradas en Culiacán corrieron la misma suerte que aquella que urgía a amparar física y jurídicamente a Diana Giselle? ¿Cuántas más muertas se necesitan para articular un sistema de protección a mujeres en riesgo latente de agresiones?