Si algún compromiso deben tener quienes están a cargo del manejo de recursos públicos, es a que se haga con apego a la Ley y que, además, con transparencia.
Un primer resultado de la revisión que hizo la Auditoría Superior del Estado a la cuenta pública de 2022 señala que podría haber un daño a la hacienda pública por 800 millones de pesos.
Y como ha ocurrido en ocasiones anteriores, varias dependencias del Gobierno estatal y de organismos municipales tienen observaciones por un manejo irregular de los recursos o un registro equivocado de las partidas financieras.
Pero también la ASE ha encontrado, en la revisión de los recursos públicos, observaciones que la Universidad Autónoma de Sinaloa ha tenido en el manejo del dinero público.
A esta dependencia se le están señalando la mitad de los recursos observados, de 400 millones de pesos, porque la institución educativa no se ha dejado auditar argumentando un principio de autonomía.
Y si bien es cierto que el marco legal le otorga a la UAS un grado de autonomía en la forma en cómo se administra y se conduce, lo cierto es que, por sentido común, al manejar dinero público lo mínimo que puede hacer es rendir cuentas sobre cómo se hace su manejo.
Las entidades auditadas y observadas tendrán un plazo de 20 días para justificar las observaciones que se les hace y someterse a una nueva revisión y, si la respuesta no es satisfactoria, podrían promoverse sanciones contra los funcionarios involucrados.
Aunque algunas de esas observaciones tienen su origen en un registro equivocado en los informes contables, lo cierto es que aún prevalece el manejo de recursos públicos que se aleja de la normatividad.
Las diferentes entidades están obligadas a sujetarse a la norma, aplicar de manera correcta los recursos que tienen un origen público y hacer transparente su manejo. Es lo menos que la sociedad espera.
Porque quien no cumpla deberá estar consciente de que el marco normativo también contempla sanciones y éstas habrán de cumplirse. Es lo menos que se espera.
