|
Fiscalización

ASE continuará proceso de auditoría sin volver a pedir información a la UAS

El organismo rendirá un informe sobre la situación financiera de la universidad y esta tendrá que solventar el pliego de observaciones, si lo hubiera

CULIACÁN._ La Auditoría Superior del Estado no insistirá a la Universidad Autónoma de Sinaloa para revisar los recursos propios de la cuenta pública de 2022, informó Emma Guadalupe Félix Rivera, titular del organismo.

“No vamos a seguir peticionando lo que ya solicitamos, continuaremos con el trámite regular de la auditoría hasta su conclusión”, expuso.

Desde enero, la ASE solicitó información a la UAS para auditar los recursos propios que generó la universidad en la cuenta pública 2022, sin embargo, esta la ha negado argumentando que la Auditoría no tiene facultad para hacerlo.

Derivado de esta negativa, por medio de un acuerdo la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado instruyó a la ASE a insistir en la obtención de la información.

“Por esa razón nosotros volvimos a hacer un requerimiento, nada más por esa razón, pero en este segundo requerimiento que hicimos y que culminó el viernes pasado, el ente, en ese caso la Universidad Autónoma de Sinaloa, igualmente se negó a entregar la información”, detalló Félix Rivera.

“Presentan un escrito diciendo que no la van a presentar, que no, porque no deben ser revisados según sus argumentos”.

La Auditora explicó que los procesos de revisión deben concluirse, no pueden quedarse pausados o en espera de ser resueltos.

“Habremos de concluir con los elementos que se tengan, dicha revisiones, dichos procedimientos; en este caso, los procedimientos de auditoría de todo el programa 2023 de fiscalización superior”, expuso.

De acuerdo con el calendario de fiscalización, el 31 de agosto la ASE tiene que presentar a la Comisión de Fiscalización el Informe General Ejecutivo y los informes individuales de las instituciones públicas auditadas; posteriormente en un periodo de ocho días naturales, la Auditoría notifica a los entes revisados, y estos tienen 20 días naturales para presentar aclaraciones.

El 1 de noviembre es la fecha límite para que la ASE emita el informe sobre la evaluación; y el 30 del mismo mes, el Congreso debe concluir la revisión de las cuentas públicas.

Dado que la UAS no otorgó información sobre los recursos propios que la ASE pretendía auditar, no se puede adelantar si estos serán calificados como observados parcial o totalmente, dado que la ley no permite anticipar información, explicó Félix Rivera.

“Sin embargo, sí debemos y haremos, elaboraremos una cédula de resultados que incluirá precisamente los montos, los que sean, que no hayan sido aclarados o, en este caso, atendidos”, agregó.

“Entonces no te podría decir la cédula o el informe que presentemos a la Comisión en agosto próximo, va a consistir en tal importe, no te lo puedo decir en ese momento, pero sí llevará obviamente el resultado de lo que estamos tratando de revisar”.

No obstante que no pueden adelantar cómo será la cédula emitida por la ASE, en un caso hipotético que resultara observado el recurso que pretendía auditar, las consecuencias serían las mismas que el resto de los informes.

“Los resultados, el informe, en caso de así sea de que tenga acciones consistentes en pliegos de observaciones, o en recomendaciones, o en procedimientos de responsabilidad administrativa, y en su caso, denuncias penales, seguirá ese curso el informe como los otros”, indicó la Auditora.

Pese a negar la información, la UAS tendrá plazo, al igual que los otros entes, para hacer las solventaciones que le sean remitidas por la ASE.

“Si no hay solventación de los temas que deriven en una acción tipo pliego de observaciones, en este caso, un presunto daño al erario público, tendrá el plazo que corresponde después de presentado el informe para solventarlo”, explicó.

“Si no se logra esa solventación, entonces ya se procederá en los términos que marca la ley de continuar con una, en la etapa de investigación ya jurídica y el asunto turnarse, según corresponda, al Órgano Interno de Control, al Tribunal de Justicia Administrativa”.