Dos terceras partes de los municipios de Sinaloa cometieron irregularidades en el manejo de los recursos públicos durante 2021. Por eso, el Congreso del Estado no les aprobó las cuentas públicas a 12 municipios.
Y las irregularidades no tienen que ver con el robo de dinero, o tal vez sí, pero lo que se encarga la Auditoría Superior del Estado es que el manejo financiero de las entidades de Gobierno se haga con apego a la normatividad.
No debería ser algo complicado entender que si un recurso es asignado para Seguridad Pública, el monto se debe respetar, a menos que haya una decisión del Legislativo o de los cabildos que aprueben las modificaciones. Pero no ocurre de manera voluntaria, porque haya reglamentos.
Sin embargo, ocurre seguido y tan es así, que 12 de los 18 municipios cometieron esas irregularidades por no hacer un uso correcto de los recursos que administran.
Pero no pasa nada, porque la Ley permite que los estados financieros sean ajustados y los municipios corrijan los documentos contables para explicar cómo y por qué se gastaron los recursos.
Y ahí está el problema, porque hacer un mal manejo del dinero público no representa ningún problema, de ningún tipo. O, ¿recuerdan que alguien haya sido castigado por ello?
Mantener un marco legal flexible, que lejos de sancionar alientan las irregularidades, es la causa por la que los recursos se manejan de manera irregular y eso sí, abre la puerta para que también se les dé un uso ilegal.
No deja de sorprender la recurrencia de los gobiernos municipales en las irregularidades que se cometen en el manejo financiero. Pero tampoco deja de sorprender que no haya los castigos suficientes sobre esas irregularidades.
Si no hay sanciones, los legisladores y las entidades fiscalizadoras estarán alentando a que el dinero se maneje mal y se disponga mal, con la seguridad de que no hay castigo de por medio.
