La mañana del martes amaneció con una noticia que en otro día hubiera parecido normal, pero solo que multiplicada por una gran cantidad de veces se salía de lo normal: la del ataque de grupos armados en contra del sistema de cámaras de vigilancia en Culiacán.
El reporte más reciente señala que más de la mitad de los dispositivos fueron destruidos con los balazos que propinaron los delincuentes con el afán de minar la capacidad del Estado en la vigilancia de la ciudad.
Los ataques a las cámaras de videovigilancia se han presentado en diversas ocasiones y generalmente se encuentran focalizadas en zonas donde ocurre algún hecho delictivo. Y eso es lo que se puede considerar normal, a su reacción.
Pero en esta ocasión, la del martes en Culiacán, tenía otra intención y fue la del reto hacia las autoridades, las del municipio y la del Estado.
La delincuencia busca ahora que su rastro no quede registrado en el sistema de vigilancia que tienen las autoridades para dar seguimiento a hechos delictivos, sí, pero también, que permite alertar sobre problemas de circulación vial o situaciones de riesgo ante fenómenos meteorológicos.
Pero la delincuencia ahí está. Queriendo ocultarse en una ciudad en la que le gusta mostrarse. Aspirando a no verse, aunque sus vehículos y sus modales los delaten. Pretendiendo pasar desapercibidos, aunque muchos sepan sus “santo y señas”.
La delincuencia organizada busca imponer sus reglas y en Culiacán pretende hacerlo destruyendo una parte del sistema de vigilancia.
El Estado, el de Sinaloa y el federal, deben actuar para restablecer la gobernabilidad en una ciudad que celebra 490 años de vida, en una ciudad que puede ser más famosa que los capos del narcotráfico y una ciudad que puede ser más próspera que la fugaz riqueza de la delincuencia.
Culiacán se merece más que el sonido de los balazos de los delincuentes y más seguridad que las amenazas que se desplazan en camionetas del año. Y el Estado, urgente, debe responder garantizando a todos que vivir en paz sí es posible.
