La constructora sinaloense HOMEX, implicada en el caso de Inés Gómez Mont y su esposo Álvarez Puga
Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, libró, ayer martes 28 de septiembre, un total de 10 órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, presuntamente implicadas en el caso contra la conductora de televisión, Inés Gómez Mont Arena, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.
Las órdenes de captura incluyen a Eduardo Guerrero Durán, ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; Paulo Uribe Arriaga, ex director general de Administración; y Emmanuel Castillo Ruiz, ex titular de la Coordinación General de Centros Federales de dicho organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, cuando el titular de esa dependencia era Miguel Ángel Osorio Chong.
La FGR señaló que los implicados -entre los que está Héctor Oswaldo Zorrilla Habana, considerado como el principal prestanombres de Álvarez Puga- desviaron 2 mil 950 millones de pesos a empresas “factureras”, supuestamente vinculadas a Álvarez Puga y que dicho dinero provenía de dos contratos con el OADPRS, mismos que fueron otorgados para la compra del Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia, para diversos penales federales.
Así como para la adquisición de la interconexión de otros tres CEFERESOS.
De los ex funcionarios federales que la FGR busca detener por este caso -entre los que también se encuentran José Reyes Orta Sierra, Armando Romero López y Ricardo Cortés Contreras-, Uribe Arriaga ya cuenta con citatorio para una audiencia por otro caso, que se realizará el próximo 18 de octubre.
La FGR buscará imputar el pago a sobreprecio de 62 mil millones de pesos por el otorgamiento de contratos multianuales, durante la titularidad de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, a empresas como ICA, Arendal, PRODEMEX, GIA, TRADECO y la sinaloense HOMEX, para la construcción de un penal privatizado, con capacidad para 20 mil internos.
Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V., una de las desarrolladoras de vivienda más grandes en México, fue fundada en 1989, en Culiacán, Sinaloa, por Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, también ex propietario del club de fútbol Dorados de la capital sinaloense, que en la actualidad compite en la Liga MX.
El 17 de octubre del 2017, la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) presentó una demanda civil, con número 17CV2086 JAH AGS, contra cuatro ex ejecutivos de la mexicana Homex -entre ellos Gerardo de Nicolás Gutiérrez, ex director general de la empresa sinaloense- a quienes señala como responsables del fraude contable por 3 mil 300 millones de dólares, por reportar ventas de más 106 mil casas inexistentes entre 2010 y 2012.
De Nicolás Gutiérrez se desempeñó como director general de Homex desde 1997 hasta el 30 de septiembre del 2006. Después se incorporó en julio del 2007 hasta el 5 de mayo del 2016, cuando se ausentó de su cargo de director ejecutivo, por lo que fue rescindido por la compañía sinaloense.
La demanda por ocho cargos de fraude fue presentada el 11 de octubre del 2017 ante la Corte para el Distrito Sur de California, en contra de Gerardo de Nicolás Gutiérrez; así como del ex director Financiero, Carlos Moctezuma Velasco; el ex contralor Ramón Lafarga Bátiz; y Noé Corrales Reyes, un gerente que fabricó la contabilidad paralela con ventas infladas por instrucciones de sus superiores.
La SEC pidió a la Corte para el Distrito Sur de California, un juicio con jurado y condenar a los demandados “a pagar, con intereses, todas las ganancias ilegales obtenidas por esas conductas, por un periodo de cinco años previos a la presentación de la demanda”, así como al pago de multas previstas en la Ley de Valores estadounidense.
Los hechos por los cuales se presentó la demanda contra los ex ejecutivos de la empresa sinaloense son los mismos que motivaron una investigación contra Homex, anunciada en marzo, por la cual la constructora constituida en Culiacán en 1989, aceptó que se le prohíba acceder a los mercados estadounidenses durante cinco años, sin aceptar, ni negar su responsabilidad.
Sin embargo, la nueva demanda es más detallada y personaliza las conductas de los ejecutores del fraude, detectado con el uso de mapeo satelital, mismo que reveló que los desarrollos de viviendas reflejados en los informes a los accionistas no existían.
No obstante, la demanda no detalla las ganancias obtenidas por los acusados, pero señala que De Nicolás ganó dinero vendiendo acciones de Homex en el año 2013. La SEC alegó en marzo del 2017 que la empresa sinaloense incrementó el número de casas vendidas durante el periodo de tres años en aproximadamente 317 por ciento y sobrevaloró sus ingresos en 355 por ciento, según las imágenes de satélite del proyecto.
Otra de las acusaciones es que el plan de reestructura de la empresa sinaloense para salir de su concurso mercantil, aprobado por los acreedores en octubre de 2015, utilizó un modelo financiero basado en los datos históricos de ventas e ingresos, incluida la información falsa.
“De Nicolás y Moctezuma no revelaron el uso de información falsa a los asesores que crearon el modelo financiero, ni les avisaron de la investigación de la SEC contra Homex [...] El acceso al Módulo de Tesorería del Sistema Integral de Administración de Homex estaba restringido a pocas personas en el corporativo, entre ellas De Nicolás, Moctezuma, Lafarga, y algunos empleados de menor nivel, como Corrales”, acusó la SEC.
Este último era quien alimentaba información falsa sobre ventas en el SIA, por instrucciones de Lafarga, para luego exportarla al sistema Contpaq, que era el utilizado para los reportes financieros, señaló la SEC.
“Un correo electrónico interno citado en la demanda, informó a De Nicolás que las ventas reales en 2011 fueron de 23 mil 894 casas, pero en el reporte anual a la SEC, Homex afirmó haber vendido 52 mil 486”, señaló el diario Reforma, que informó del hecho.
“Con base en cifras infladas de ventas, y ofreciendo las cuentas por cobrar respectiva, De Nicolás y Moctezuma acordaron esquemas de factoraje financiero con al menos 13 bancos por 7 mil 500 millones de dólares, cuya existencia y requisitos de pago fueron omitidos en los reportes financieros”, indicó el mismo rotativo.
