Gobierno de AMLO estigmatiza a feministas, defensores y periodistas: Amnistía Internacional
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador durante 2022, bajo la lupa de Amnistía Internacional, más que implementar acciones o políticas para la defensa de los Derechos Humanos, es un Gobierno que estigmatiza a feministas y defensoras que denuncian su inacción en materia de violencia de género, un Gobierno donde la cifra de homicidios de periodistas continúa en niveles máximos y donde el número de desaparecidos es creciente.
Amnistía Internacional subrayó que la militarización de la seguridad pública aumentó y que la legislación consolidó la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública hasta 2028 y destacó que la Guardia Nacional y la Sedena utilizó fuerza excesiva en varias de sus operaciones.
En su informe resalta que más que proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familias, el Gobierno de AMLO prefirió la vía de la falta de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información para dificultar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación.
“Con frecuencia, las fuerzas militares mexicanas no protegieron el derecho a la vida y la seguridad de todas las personas. Los militares llevaban 16 años participando en las operaciones de seguridad pública y, en ese periodo, los homicidios habían aumentado significativamente en el País”, se lee en el informe del organismo internacional.
Se informó que la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional figuraban entre las 10 instituciones federales que recibieron el mayor número de denuncias por violaciones de derechos humanos durante el año.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 476 quejas contra la Guardia Nacional y 404 contra la SEDENA en relación con múltiples crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos, entre ellos torturas, homicidios, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
Aquí la lista de las 10 instituciones con más quejas:
1. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
2. Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretería de Gobernación (OADPRS)
3. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
4. Policía Federal de la Secretaría de Gobernación (PF)
5. Secretaría de Educación Pública (SEP)
6. Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación (INM)
7. Procuraduría General de la República (PGR)
8. Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)
9. Secretaría de Marina (SEMAR)
10. Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
El informe señala que el Congreso de la Unión aprobó en septiembre la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena —aunque una jueza federal suspendió esa decisión en octubre— y también la extensión hasta 2028 de un acuerdo que permitía a las fuerzas armadas participar en operaciones de seguridad pública.
“Estas decisiones fueron promovidas por el gobierno y apoyadas por el Congreso sin la participación de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil, las personas activistas de derechos humanos y las familias de las personas desaparecidas salieron a la calle para protestar contra la creciente militarización del País”, se informa.
Señala que en 2022, la Guardia Nacional se hizo cargo de 227 áreas que normalmente eran competencia de organismos civiles, y de las cuales 148 no guardaban relación con la seguridad pública, como la construcción de aeropuertos y autopistas, la gestión de la vacunación contra la COVID-19 y el control migratorio.
“En noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que un decreto presidencial de mayo de 2020 que autorizaba la participación permanente de las fuerzas armadas en las operaciones de seguridad pública hasta 2024 era constitucional. Al concluir el año, estaban pendientes ante la Suprema Corte casos similares relacionados con la inconstitucionalidad de la Ley de la Guardia Nacional y la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública”, aclara el informe.
2022, EL MÁS MORTÍFERO PARA LA PRENSA NACIONAL
Amnistía Internacional reporta que al menos 13 periodistas fueron víctimas de homicidio en posible relación con la labor que desempeñaban y que muchos casos quedaban sin investigarse de manera apropiada, y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas siguió sin cumplir su objetivo de salvaguardar la vida y la seguridad física de estos grupos.
“En sus conferencias de prensa matutinas, el Presidente criticó duramente a los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil que habían cuestionado las acciones gubernamentales, y los acusó de ser ‘conservadores’ y ¿opositores’”, señala el reporte.
Recordó que en la víspera del Día Internacional de las Mujeres, el Presidente declaró públicamente que las feministas que iban a manifestarse se estaban preparando con “marros, sopletes y bombas molotov” y que “eso no e[ra] defender a las mujeres”, sino una postura conservadora en contra de la política de transformación del Gobierno.
Amnistía Internacional también narra que en abril, agentes de policía armados y otros vestidos de civil golpearon a unas mujeres que protestaban frente a la Fiscalía de Chimalhuacán (estado de México) y el hecho del mes de mayo, donde integrantes de diversas organizaciones y movimientos feministas se reunieron en la ciudad de Irapuato para protestar pacíficamente y varias mujeres policía golpearon y detuvieron de forma arbitraria al menos a 28 manifestantes.
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS
Entre enero y noviembre se denunciaron 3 mil 450 asesinatos de mujeres, pero de ellos se investigaron como feminicidios 858, cifra que equivalía a 2.5 diarios.
En el reporte se informa que los estados que presentaron los índices más elevados de denuncias de feminicidio fueron el estado de México (131), Nuevo León (85) y Ciudad de México (70), pero destaca que la violencia estructural contra las mujeres siguió menoscabando su derecho a una vida libre de violencia y a disfrutar de un entorno seguro sin temor.
DERECHOS DE REFUGIADOS Y MIGRANTES
El Instituto Nacional de Migración recibió la tercera cifra más alta de quejas por violaciones de derechos humanos (1 mil 997 quejas) de todas las instituciones estatales, mientras que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ocupó el décimo puesto (333 quejas) de esa clasificación, se informó en el reporte de AI.
“Las autoridades mexicanas recluyeron al menos a 281 mil 149 personas en centros de detención migratoria masificados y expulsaron al menos a 98 mil 299, en su mayoría de América Central, entre las que había miles de niños, niñas y adolescentes no acompañados”, señala.
Durante el año, las autoridades detuvieron a varias personas refugiadas y migrantes en los aeropuertos de todo el País y las sometieron a tratos inhumanos y degradantes.
Informó que el organismo nacional que se ocupaba de las personas refugiadas recibió 118 mil 478 solicitudes de asilo, la mayoría de las cuales correspondían a solicitantes procedentes de Honduras, seguido de Cuba, Haití y Venezuela.
“Las autoridades siguieron colaborando con Estados Unidos en la aplicación de políticas estadounidenses que menoscababan el derecho a solicitar asilo y el principio de no devolución (non-refoulement), como la expulsión sumaria de las personas procedentes de América Central y Venezuela en virtud del Título 42 del Código de Estados Unidos, que limitaba drásticamente el acceso al procedimiento de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Las personas expulsadas a México desde Estados Unidos sufrían múltiples formas de violencia, entre ellas secuestros, violencia sexual y robos”, se informa.
Recordó que la Suprema Corte dictó dos sentencias históricas en favor de la protección de las personas migrantes: en mayo declaró que las revisiones migratorias existentes en el interior de México eran inconstitucionales por su carácter discriminatorio, y en octubre reconoció que el poder ejecutivo no había publicado protocolos oficiales claros para la protección de las personas que regresaban a territorio mexicano con arreglo al plan estadounidense “Quédate en México” (también conocido como Protocolos de Protección a Migrantes).
TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS
Según el Registro Nacional del Delito de Tortura, entre enero y septiembre hubo 1 mil 840 denuncias de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por agentes del Estado. Con ellas se elevaba a 14.243 el número total de denuncias registradas desde 2018.
“Los estados que presentaron el mayor número de casos denunciados fueron Ciudad de México, Chihuahua y el Estado de México. No obstante, se creía que el número real de casos era mucho más elevado porque, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más del 93% de todos los delitos del país no se denunciaban. Una de las razones de esta significativa falta de denuncias era que la mayoría de los delitos denunciados quedaban impunes”, se aclara en el informe.
MÉXICO, EL PAÍS MÁS MORTÍFERO DEL MUNDO PARA DEFENSORES
Las personas defensoras de los Derechos Humanos continuaron siendo objeto de amenazas, estigmatización, encarcelamiento injusto, tortura y homicidio. Las familias de algunas de ellas también recibieron amenazas. Las mujeres defensoras de los derechos humanos sufrieron además violencia sexual.
“Al menos 10 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio a lo largo del año. Según un informe publicado en 2022 por la ONG Global Witness, en 2021 habían sido asesinadas 54 personas defensoras de la tierra y activistas medioambientales, lo que convertía a México en el país más mortífero del mundo para quienes defendían esos derechos”, reporta Amnistía Internacional.
En octubre salieron a la luz nuevos casos de uso del programa espía Pegasus, en esa ocasión contra dos periodistas, un defensor de los derechos humanos y un político de la oposición. Esos hallazgos indicaban que había contratos entre la SEDENA y empresas relacionadas con ventas anteriores de Pegasus.
“Como respuesta a esas informaciones, el Presidente afirmó que el Gobierno no espiaba, sino que hacía labores de inteligencia. Ese mismo mes, el colectivo de activismo digital Guacamaya filtró información de diversos servidores pertenecientes a las fuerzas armadas que revelaba el seguimiento realizado a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional.
El 7 de marzo, el Presidente de México defendiendo a la Sedena al asegurar que realiza labores “de inteligencia” para el combate del crimen organizado, basándose en la Ley de Seguridad Nacional y de la Ley de la Guardia Nacional. Pero esta facultad no aplica para el Ejército.
