Gobernador de Veracruz reclama a ONU-DH por ‘entrometerse’ en caso de jueza encarcelada

Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador de Veracruz y militante de Morena, acusó a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), de violentar la Constitución al querer observar la audiencia de vinculación a proceso de Angélica Sánchez Hernández, jueza de Control, adscrita al Distrito de Cosamaloapan, acusada de presuntamente cometer delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.

Durante una conferencia de prensa, el Mandatario veracruzano aseguró que enviaría a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), un oficio para que se determinara si la ONU-DH violó acuerdos internacionales firmados con México, por querer observar la audiencia donde la jueza de Control fue vinculada a proceso.

“No hay ningún acuerdo que les permita violentar la Constitución y sus leyes, que me lo demuestren, como ésto tiene implicaciones, voy a dirigir a la SRE un oficio, solicitando si esta oficina cubrió los requisitos para pretender actuar de esa manera y violentar la Constitución, las leyes que de ella derivan, el Código Nacional de Procedimientos Penales y particularmente en sus artículos 64 y 218”, expresó García Jiménez.

“No es mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, participar u observar los procesos penales y las audiencias de casos individuales lo cual corresponde únicamente a las partes legítima y legalmente establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales”, añadió el gobernador.

El 21 de junio de 2023, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH en México, alertó que un juez determinó que la audiencia de vinculación a proceso de Sánchez Hernández sería privada, por lo cual no pudieron acudir como observadores bajo el principio de publicidad.

“Con base en nuestro mandato, con respeto a la independencia judicial y bajo la premisa del principio de publicidad, solicitamos observar la audiencia por la detención de la jueza Angélica Sánchez de Veracruz. Al declararse privada la audiencia, no se permitió nuestra asistencia”, denunció la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH en México, cuyo titular es Guillermo Fernández-Maldonado Castro.

Además el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), criticó que sus abogados de oficio no pudieron ingresar a la audiencia, para registrar las incidencias legales.

“Al declarar privada la audiencia por la detención de la jueza Angélica Sánchez Hernández, no se permitió la asistencia de los medios de comunicación, ni del Alto Comisionado de la ONU que solicitó observar el juicio con base en el principio de publicidad”, dijo el IFDP, el cual detalló que la defensa de Sánchez Hernández, la hicieron sólo abogados particulares.

“Después de debatir por casi dos horas, el juez de control negó la representación y observación del IFDP ante la solicitud que realizó la jueza Angélica Sánchez Hernández, pese a las múltiples violaciones a sus derechos humanos que se han presentado durante este proceso judicial”, señaló el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal.

“En una interpretación restrictiva del derecho a una defensa adecuada, el juez de control determinó que la audiencia sería privada en la sala de juicios orales de Pacho Viejo, Veracruz, restringiendo el principio de publicidad del proceso penal”, insistió el IFDP.

El Instituto Federal de Defensoría Pública confirmó la noche del 21 de junio de 2023, en su cuenta de la red social Twitter, la determinación del juez de control en la audiencia inicial contra Sánchez Hernánfez y la decisión del juzgador de establecer un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que el juez de Control y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, ratificó la medida cautelar de un año de prisión preventiva justificada, dentro del proceso en contra de Sánchez Hernández.

La institución de procuración de justicia estatal aseguró que la carpeta de investigación por el delito contra la fe pública, se inició por una denuncia interpuesta por el Poder Judicial del Estado en contra de la Jueza de Control, tras “haber realizado ésta una certificación de hechos que no son ciertos y dando fe de otros que no le podían constar”.