En Chihuahua, 14 mil personas han sido desplazadas por la violencia

En Chihuahua, 14 mil 652 personas fueron desplazadas por distintos tipos de violencia en 2021, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022; los grupos más afectados son las mujeres y las personas indígenas.

Datos del Informe del ejercicio de caracterización del desplazamiento interno en Chihuahua 2023 señalan que las principales causas que llevan a la población a salir de sus estados o ciudades son la violencia del narcotráfico, el crimen organizado, los talamontes y problemas comunitarios.

Mientras que las consecuencias que más les afectan son la falta de empleo, la pérdida de sus viviendas, el alejamiento de las familias, el dejar atrás las costumbres de su comunidad y la imposibilidad de cumplir con sus necesidades básicas.

Desplazados en Chihuahua, víctimas de diferentes violencias

Chihuahua se ubica al norte de México, en la frontera con los Estados Unidos y es uno de los estados más afectados por la violencia en las últimas décadas. También colinda con Durango y Sinaloa, territorio localizado en la Sierra Madre Occidental conocido como “Triángulo Dorado”, que ha tenido presencia histórica de grupos de la delincuencia organizada.

El Censo de Población y Vivienda 2020 registra 2 mil 877 habitantes del estado de Chihuahua desplazadas por la violencia o la inseguridad delictiva entre 2015 y 2020, sin embargo, esta estadística ignora los desplazamientos intramunicipales.

De acuerdo con el informe de caracterización del desplazamiento interno en Chihuahua 2023 publicado por ACNUR, los principales agentes que causaron la salida de los lugares de origen son narcotraficantes, sicarios, talamontes o crimen organizado. Le siguen los delincuentes comunes y vecinos.

“Considerando su último desplazamiento, el 66 por ciento de las Personas en situación de desplazamiento forzado interno (PDFI) encuestadas afirmaron haberse desplazado como consecuencia de haber sido víctimas de la delincuencia o haber recibido amenazas; mientras que el 58% señalaron que fue por temor ante el ambiente de violencia e inseguridad”.

Otras causas del desplazamiento de indígenas son la violencia contra personas LGBT+, la imposibilidad de retornar de las personas que realizan actividades temporalmente en otras localidades y “las alianzas entre autoridades de los tres niveles, empresarios y el crimen organizado para explotar recursos naturales en la Sierra Tarahumara”.

La Encuesta para Caracterizar a la población en situación de Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Chihuahua también revela que el 48 por ciento de las personas desplazadas se mudaron una vez o más, tras su primera salida.

Del total, el 41% fueron desplazadas de nuevo por la violencia; seguido de razones económicas, como trabajo, costo de la vivienda o nueva vivienda (33 por ciento) y razones familiares como matrimonio, divorcio, entre otros. En 8 de cada 10 casos el desplazamiento ocurrió con el total de las personas que integraban el hogar.

Sobre las personas de otras entidades que migran a Chihuahua, las principales entidades de origen son Michoacán y Guerrero y la causa del desplazamiento, además de la violencia, es la cercanía con Estados Unidos.

Mujeres e indígenas, los más afectados

En los procesos de desplazamiento también hay un componente de género, pues se estima que el 54 por ciento son mujeres, del total, 59 por ciento vive en albergues y 56 por ciento se autoadscribe como indígena. Del mismo modo, alrededor del 40 por ciento de los hogares en situación de desplazamiento forzado interno son liderados por mujeres.

“En los grupos focales, las jefas de familia atribuyeron su desplazamiento al asesinato, secuestro, desaparición o reclutamiento forzado de integrantes hombres de la familia, generalmente el esposo, lo cual puede ayudar a explicar las diferencias por sexo en la muestra”, señala el informe.

En el caso de los pueblos indígenas, el informe menciona que históricamente enfrentan obstáculos adicionales para la realización de sus derechos económicos y sociales, derivados de la discriminación estructural que han resultado en marginación, pobreza multidimensional y la ausencia de servicios básicos.

Las principales causas de su desplazamiento tienen que ver con situaciones de violencia relacionadas con disputas sobre sus territorios, la expansión de proyectos de desarrollo y la presencia del crimen organizado, además de la impunidad, criminalización y falta de acceso a justicia.

“El desplazamiento incrementa todos estos obstáculos históricos, sumados que al abandonar su territorio tradicional, la población indígena sufre un impacto sobre su cultura, lengua, cosmovisión y organización comunitaria”.

Los efectos del desplazamiento forzado

Los principales impactos del desplazamiento forzado son las psicológicas y emocionales, la pérdida de la fuente de ingresos y del hogar, el alejamiento de familiares y amigos, la interrupción de la educación y la discriminación, rechazo o menosprecio, detalla el informe de ACNUR.

La pérdida de las viviendas es una de las principales consecuencias de quienes salen de sus lugares de origen, pues se estima que el 61 por ciento tenía una casa propia. Del total, el 58 por ciento de las viviendas se encuentran abandonadas, ocupadas sin consentimiento o destruidas; 25 por ciento están en buenas condiciones, 8 por ciento la prestan o rentan y 4 por ciento la vendieron.

“Las personas también mencionaron que, tanto el agente que les desplazó como otros miembros de la comunidad en el lugar de residencia habitual han usurpado sus viviendas y tierras después de desplazarse. Asimismo, señalaron que, en ocasiones, la policía y otras autoridades han sido partícipes del saqueo de sus viviendas”.

Asimismo, el 51 por ciento dijo que tenía tierras o bienes, de estas, el 46 por ciento tenían cultivos, el 45 por ciento eran terrenos y en el 35 por ciento de los casos tenían negocios. En este rubro, los indígenas son los más afectados pues la agricultura, su vida en comunidad y el comercio era su forma de subsistencia, por lo que al salir de estos lugares enfrentan una precarización mayor.

De las personas encuestadas, el 88 por ciento reconoce que no puede cubrir al menos uno de los gastos básicos entre los que se encuentran la atención médica, ropa y calzado, gastos escolares, mantenimiento de la casa o pago de renta, comer todos los días y actividades para la diversión. Más de la mitad se identificó con una inseguridad alimentaria moderada o grave.

Una de las causas es que tienen acceso a empleos precarios, en el sector informal, con salarios bajos, sin prestaciones y en condiciones de explotación, principalmente como jornaleros, peones y obreros, en sectores agrícola, ganadero y la construcción. El 96% de los niños y niñas desplazados de 6 a 11 años asisten a la escuela; sin embargo, cuando la población es indígena, se reduce al 77 por ciento y 27 por ciento realizan trabajo infantil.

Sobre el acceso a la justicia, el 68 por ciento no presentaron una denuncia por el hecho que les desplazó, debido al miedo, la expectativa de falta de efectividad, la desconfianza en la autoridad y la percepción de colusión de las autoridades con el crimen organizado.