En 20 años, 4 gobernadores de Tamaulipas son acusados por dinero sospechoso
MÉXICO._ La sombra por dinero sospechoso se ha posado sobre otro Gobernador de Tamaulipas: Francisco García Cabeza de Vaca. Este viernes, la Cámara de Diputados avaló el juicio de procedencia contra el mandatario emanado del Partido Acción Nacional (PAN) que buscaba ser enjuiciado por la justicia federal a raíz del caso que ha armado la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra por defraudación fiscal. No obstante, el Congreso local rechazó quitarle el fuero al mandatario.
Cabeza de Vaca se suma así a otros tres gobernadores tamaulipecos que han sido investigados e incluso procesados por la justicia mexicana y estadounidense en las últimas dos décadas. Es el caso de Manuel Cavazos, Tomas Yarrington y Eugenio Hernández, políticos formados en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el cual el PAN ha trazado una alianza para las elecciones de este año.
La intención de la FGR de desaforar a Cabeza de Vaca se dio a conocer el pasado 23 de febrero. Desde entonces, la medida fue respaldada por Morena, partido en el poder que usó su mayoría en la Cámara de Diputados en el juicio de procedencia contra el Gobernador, quien estuvo ausente en la sesión en la que el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro se erigió en Jurado de Procedencia. En su lugar acudió su abogado Alonso Aguilar Zinser.
Los legisladores de Morena y sus aliados aprobaron con 302 votos el dictamen del juicio de procedencia en una sesión que se alargó por más de seis horas, en las cuales la Fiscalía y la defensa del mandatario expusieron sus alegatos en torno a los señalamientos hechos por el Ministerio Público Federal. Posteriormente, durante los posicionamientos —a favor y en contra— los legisladores del PAN cuestionaron la validez de las acusaciones contra Cabeza de Vaca y señalaron que detrás del juicio de procedencia existe “un uso electoral de la justicia”.
Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR indagaba al Gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés). García Cabeza de Vaca ha denunciado una persecución política en su contra.
Este viernes, la Fiscalía General expuso que Cabeza de Vaca es acusado de defraudación fiscal equiparada por seis millones 511 mil 777 pesos y 57 centavos, delito que se sanciona con penas de tres a nueve años de prisión. La Fiscal Elizabeth Alcantar Cruz exhibió al inicio del juicio de procedencia “un caudal de bienes y recursos ocultos” del Gobernador: 30 casas en México y Texas, así como diversas empresas que supuestamente usaron prestanombres, entre estos hermanos y familiares del mandatario.
La FGR presentó ante los diputados federales pruebas testimoniales, montos, bienes inmuebles, operaciones de triangulación de dinero, llamadas y documentos firmados. En total, la Fiscalía señaló que Cabeza de Vaca amasó una fortuna superior a los 951 millones de pesos.
A esto se suma lo señalado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que ha informado que Cabeza de Vaca presuntamente recibió 14.3 millones de pesos de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo los recursos de dos empresas fantasma sirvieron al Cártel de Sinaloa para “lavar dinero”, sin embargo, el juicio de procedencia aprobado por la Cámara de Diputados solo contempla el delito de defraudación fiscal.
Posteriormente, en una sesión fast-track, el Congreso local avaló una iniciativa que rechazó el desafuero que declaró la Cámara de Diputados en contra del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien momentos antes había denunciado motivos políticos.
Lejos de ser el único mandatario de Tamaulipas en ser involucrado con presuntos malos manejos, Cabeza de Vaca es el cuarto Gobernador de esa entidad en enfrentar acusaciones de la justicia.
MANUEL CAVAZOS, EL PRIMERO EN SER LIGADO AL NARCO
Manuel Cavazos Lerma, quien gobernó Tamaulipas de 1993 a 1999, fue el primer Gobernador tamaulipeco en ser señalado por sus vínculos con el narcotráfico.
En el año de 1997, el político de 75 años fue acusado por Omar Durán, entonces subdirector de Inspección y Vigilancia Agropecuaria, Forestal y Pesca de Tamaulipas, de permitir el tráfico de armas y droga en la entidad en camiones de ganado.
Pero durante su periodo como Gobernador, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) comenzó a investigar los vínculos del crimen organizado con políticos y policía de Tamaulipas, de acuerdo con la documentación del caso criminal B12–435–S1, iniciado en Estados Unidos contra su sucesor en el cargo como: Tomás Yarrington Ruvalcaba.
“Empezando aproximadamente en 1998 y continuando después, Tomás Yarrington Ruvalcaba, que era entonces candidato al Gobierno del estado de Tamaulipas, y asistido por miembros corruptos de la Policía Estatal de Tamaulipas, recibía sobornos de organizaciones de la droga que entonces operaban en Tamaulipas, incluyendo el cartel del golfo”, dice la acusación.
“Tales sobornos eran recogidos por miembros de la Policía Estatal y entregados al control de Jesús Vega Sánchez y Tomás Yarrington Ruvalcaba”, agrega el documento.
En 1998, Yarrington buscaba ganar para el PRI la titularidad del Ejecutivo de su estado. El Gobernador entonces era Manuel Cavazos Lerma.
Pero estas acusaciones no llegaron a más, sino hasta 2009, cuando la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR), inició la averiguación previa (PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009) por delitos contra la salud y lavado de dinero en su contra y también de sus sucesores, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández.
“El que nada debe nada teme, yo duermo muy tranquilo”, declaró Cavazos en 2012 y acusó de ser parte de una “guerra sucia” en el marco del proceso electoral presidencial.
La investigación llamada “Caso Tamaulipas”, que fue iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, fue cerrada en 2013 ya en la administración del priista Enrique Peña Nieto “por falta de elementos probatorios”.
Los cárteles con los que se le vinculó al ex gobernador Cavazos fueron Los Zetas y El Golfo.
Cavazos Lerma –reconocido como salinista, ex funcionario de Hacienda, ex diputado federal, ex senador y ex funcionario del CEN del PRI, entre otros cargos– actualmente se desempeña como delegado general del tricolor en el estado de Querétaro.
LAS ACUSACIONES CONTRA YARRINGTON
Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba (Matamoros, 1957) , quien fue Gobernador del estado de Tamaulipas por el PRI de 1999 a 2004, se declaró culpable del delito de lavado de dinero ante un Tribunal Federal en Texas, Estados Unidos, el pasado 25 de marzo.
El exmandatario admitió haber aceptado más de 3.5 millones de dólares en sobornos ilegales y haberlos usado para adquirir propiedades de manera fraudulenta en Estados Unidos, según información proporcionada por la Fiscal Interina Jennifer B. Lowery.
El también excandidato a la Presidencia admitió haber aceptado sobornos de personas y empresas privadas en México para hacer negocios en Tamaulipas durante su gestión como Gobernador en ese estado.
De acuerdo con el comunicado emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Yarrington utilizó a prestanombres y compradores nominados para adquirir propiedades en EU, entre ellas un condominio en Port Isabel, y así ocultar su identidad sobre las mismas y el dinero del soborno ilegal utilizado para comprarlas.
Yarrington fue arrestado el 9 de abril de 2017 en Florencia (centro de Italia) con documentación falsa. Su detención ocurrió mediante una orden de arresto provisional basada en la acusación por narcotráfico emitida en mayo del 2013.
El ex gobernador llegó en abril de 2018 a Estados Unidos, donde permanece detenido y al momento enfrenta hasta 20 años de prisión.
El pasado 11 de abril, el diario Milenio informó que el ex gobernador de Tamaulipas entregará a Estados Unidos hasta nueve millones de dólares por haber aceptado sobornos ilegales durante su administración.
De acuerdo con el mismo reporte, la suma podría ser hasta nueve millones 500 mil dólares, una suma que se calculó derivado de las actividades ilegales cuando Yarrington fue Gobernador de dicha entidad entre 1999 a 2005.
EUGENIO HERNÁNDEZ, UN PRIISTA MÁS EN CAER
Eugenio Hernández Flores gobernó Tamaulipas entre 2005 y 2010, luego de que lo hiciera Tomás Yarrington. Dos años después de haber dejado el poder, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), le incautó propiedades en Cancún y Playa del Carmen, Quintana Roo, a donde se mudó tras dejar la gubernatura, como parte de una investigación por lavado de dinero. No obstante, luego de meses sin hallar nada, en 2013 las autoridades cerraron el caso, junto con las investigaciones contra el ex gobernador Manuel Cavazos Lerma.
Dos años después de concluidas estas indagatorias, en 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos denunció al ex gobernador por “conspiración para lavar dinero y operar un negocio de transacciones financieras sin licencia para ello”.
Ya con los señalamientos de la justicia estadounidense a cuestas, Eugenio Hernández Flores fue detenido el 17 de octubre de 2017 acusado de peculado y lavado de dinero, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
En marzo de 2018, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) concedió su extradición a Estados Unidos, donde es acusado de lavado de dinero, fraude bancario y de operar sin licencia un negocio de envío de dinero. Su extradición aún está pendiente debido a que un amparo presentado por su defensa está en espera de ser discutido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Eugenio Hernández es acusado en México por la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas por un enriquecimiento ilícito por el orden de los 40 millones 977 mil 749 pesos. La Fiscalía señaló que los ingresos del ex gobernador fueron de 13 millones 328 mil 675 pesos provenientes de sus salarios y compensaciones. Sin embargo, su patrimonio en ese periodo está estimado en una cantidad de 54 millones 306 mil 469 pesos, una discrepancia de más de 40 millones de pesos.
Actualmente, Hernández Flores se encuentra preso en el penal de Tenango del Valle, en el Estado de México, luego de que fuera ingresado en un principio en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria.
LOS SEÑALAMIENTOS CONTRA CABEZA DE VACA
La Fiscalía General señaló en un principio a Francisco García Cabeza de Vaca, cuyo mandato finaliza en 2022, por los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal. No obstante, el juicio de procedencia solo fue avalado por este último delito.
El mandatario panista es acusado por la FGR por defraudación fiscal equiparada por seis millones 511 mil 777 pesos y 57 centavos, delito que se sanciona con penas de tres a nueve años de prisión. En total, el mandatario local habría amasado una fortuna superior a 951 millones de pesos.
El pasado 19 de marzo, Santiago Nieto, titular de la UIF, señaló que García Cabeza de Vaca compró inmuebles a través de dos empresas fantasma que en otras ocasiones fueron usadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.
Entre las varias irregularidades detectadas por esta Unidad, Nieto destacó “una compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita”. En 2013, Cabeza de Vaca habría recibido 14.3 millones de pesos de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo los recursos por parte de dos empresas fantasma que actualmente tienen las operaciones congeladas por haber servido al Cártel de Sinaloa para “lavar dinero”.
El inmueble que compró Cabeza de Vaca con ese dinero es un departamento en la lujosa zona de Bosques de Santa Fe, en la Ciudad de México, con un valor de 42 millones de pesos. El Gobernador también cuenta con un rancho en Soto la Marina de 63.4 millones de pesos.
La UIF también ha detectado otros dos ranchos y una casa en Tamaulipas, así como 20 propiedades en Texas, Estados Unidos, vinculadas a Cabeza de Vaca a través de empresas, familiares y socios.
También informó que desde el año 2000, Cabeza de Vaca ingresó en diferentes trabajos en empresas privadas y cargos públicos 35.5 millones de pesos, pero sólo declaró 23.9 millones de pesos.
Santiago Nieto subrayó en esa ocasión que Cabeza de Vaca es propietario de una productora rural que entre 2015 y 2019 “declaró un 33 por ciento de sus ingresos”.
Asimismo, recordó que el Gobernador fue detenido en Estados Unidos en 1986 por robo de armas junto a otras tres personas, todas ellas asesinadas durante años posteriores.
-Con información de Efe
