SIN CUERPO NO HAY DELITO |
La ‘donbernabilidad’: de Medellín a Sinaloa

Última de tres partes

Con el milenio, a Medellín, en Colombia, llegó Diego Fernando Murillo, un conocido criminal que poco a poco se haría de renombre y terminaría siendo una las principales cabezas de las guerrillas colombianas, alias “Don Berna”.

Durante su estancia en la zona, logró combatir a otros grupos criminales con fiereza y luego encabezar el proceso de paz en Colombia. Sin embargo, mantenía la amenaza como su principal herramienta de trabajo, como paramilitar y luego como narcotraficante.

El colombiano Michael Reed Hurtado, profesor de la Universidad de Yale, y abogado especialista en temas de seguridad y derechos humanos, recuerda cómo utilizó una estrategia que le recuerda a lo que sucede ahora en Sinaloa.

“En el contexto colombiano hay un ejemplo muy particular, que de hecho terminó hasta logrando el apodo sobre la base del nombre de un líder paramilitar que se apodaba Don Berna”, recordó, “... se empezó a hablar de la ‘donbernabilidad’”.

“Y el tema tenía que ver con acuerdos que se hicieron entre las autoridades locales, autoridades policiales y los paramilitares, en parte para controlar la criminalidad en un sitio como es Medellín y la zona metropolitana, que se estaba poniendo muy caliente y el indicador de que las cosas están calientes por lo general son esos de los homicidios”.

El acuerdo, recuerda Reed Hurtado, básicamente fue: bajen los homicidios... que no aparezcan los muertos en esta jurisdicción.

“Entonces durante un rato se empezó a ver el tema del trasteo de cadáveres, el tema era de abducir a la persona que se quería, pero los restos no se dejaban en la ciudad con tal de que no se contabilizara el muerto en esa ciudad”, recalcó.

“Pero el muerto aparecía en otro lado, que era un municipio sin una incidencia tan alta, pero igual nunca regresaba a contabilizar el muerto como si hubiese sido un muerto de Medellín o zona metropolitana”.

Reed Hurtado explica que con el tiempo, el tema de los muertos en Colombia empezó a generar problema, porque aparecían muertos tirados o en bolsas, entonces se procedió al próximo paso: ocultar la muerte.

“Tenemos la tendencia en general en toda América Latina, a agrupar eso bajo la desaparición, en efecto creo que el familiar experimenta esa noción de abducción, un ser que se pierde, se desvanece, y a eso le llamamos desaparición, el problema es que la desaparición en América Latina ha tenido otras connotaciones y otros usos”, explicó.

“Además empezamos a concluir de si la desaparición implica una esperanza de si estoy buscando a alguien con vida o si la desaparición es que se ha tratado de borrar el rastro de quien abdujo, y después mató y entonces está borrando el rastro de la muerte”.

Lo que se empieza a ver en Medellín, explica, es que si bien ya no se registraban muertos, los familiares iban a reportar que su familiar había desaparecido o desvanecido.

“Con el paso del tiempo empieza uno a ver el incremento de esas demandas, de esas solicitudes, de esos reclamos, de seres que habían desaparecido, que se daban por desaparecidos, y se empezó a incrementar ese número, se empezó a ver en ese momento un incremento por lo tanto de una práctica nueva que no era tanto la vieja tradicional de detener/desaparecer, en donde la autoridad es la que detiene y después de que tortura, desaparece a la persona, sino que se empezaba a dar más el tema de crimen organizado, de crimen en asocio con autoridades, que desvanecían el rastro del delito, con tal de a la vez disciplinar u ordenar el sitio, que era donde tenían el problema y en donde estaban ejerciendo el control violento por vía coercitiva, pero hacer el acuerdo con la autoridad, con tal, para que ese sitio ya no se considerara violento”, dijo.

“Y ese indicador, que es un pésimo indicador, de más o menos homicidios, bajara, es decir, la zona ya no se calentaba, sino que estaba fría, ya era una zona que ya no representaba tanto problema, porque no había tanta muerte y muerte violenta en el respectivo sitio”.

Reed Hurtado asegura que este ejemplo es “muy conocido”, este tipo de práctica se ha extendido a otros lugares en donde hay un control coercitivo, compartido con autoridades en donde los homicidios generan problemas.

“Los homicidios generan atención, el homicidio es muy vistoso, el homicidio logra rechazo; el desvanecimiento, la desaparición, la abducción genera misterio, genera todo tipo de co-relato paralelo que hace que genera confusión, que permite que se niegue la situación y lo más importante, le permite a las autoridades reclamar, inclusive, no sólo la disminución, sino además que reclaman hasta éxitos en su política de seguridad”, expresó.

El especialista señala que uno de los errores que habitualmente se cometen en países como Colombia y México es seguir suponiendo que cuando se establecen regímenes de control coercitivo, basados en la violencia, el estado es sólo omiso, que es responsable porque no hace cosas.

“Realmente después de tanto tiempo de cohabitación entre crimen organizado, entre grupos que establecen el control territorial, sobre extensas poblaciones, inclusive en lugares urbanos, el aparato estatal y las autoridades, ya no solo son omisivas, sino que hacen parte del arreglo de protección, en donde la misma generación de inseguridad es el truco para proporcionar la cura”, propuso.

“Es decir, usted se porta bien o sabe que la consecuencia es el ejercicio de la violencia arreglada. Puede ser que quienes ejerzan la violencia no son directamente agentes estatales, pero claramente lo hacen bajo la mira del aparato estatal; en estos sitios se producen cierta situación de autoestabilización, en donde el no hacer, realmente se convierte más en una licencia para que los otros hagan, particularmente en sector poderoso del crimen y otras élites locales”.

El 13 de octubre de 2021, el teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad Pública estatal de Sinaloa, llegó al Congreso del Estado para su comparecencia ante los diputados que iban de salida.

Llegó con la promesa de otros seis años en el cargo, propuesta desde el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador y aceptada unas semanas después por el nuevo Gobernador Rubén Rocha Moya.

Leyó rápido, con números que parecían demoledores: cuando llegamos al cargo estábamos en el lugar 28 de incidencia delictiva y hoy estamos en el lugar nueve.

Que en la glosa por el Quinto Informe de Labores del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, del 2017 a 2021 se sacó a Mazatlán del listado de las 50 ciudades más violentas del mundo y a Culiacán la bajaron del 12 hasta el 25 en 2020.

Que hasta octubre de 2021 se detuvieron a 4 mil 485 personas detenidas como presuntos responsables de algún delito, se decomisaron 715 armas largas y 772 armas cortas aseguradas, 26 lanzagranadas, 193 granadas y un lanzacohetes. Se reventaron 103 laboratorios clandestinos y se destruyeron 158 plantíos de mariguana.

No se salió del discurso de la coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina; y que la Encuesta Nacional de Violencia y Percepción de Seguridad Pública mostró que la brecha con la media nacional bajó 15.3 puntos porcentuales, de 74.5 por ciento a 60.3 por ciento.

Hasta que algunos diputados sí le tocaron un tema que desde la prevención le quieren tirar la bolita a la Fiscalía General del Estado: las desapariciones.

Aún y con los pendientes, como el trabajo preventivo en el rapto de personas, la destrucción de videocámaras de vigilancia, los señalamientos contra sus policías de asesinar a civiles, de enterrar el tema del Jueves Negro del 17 de octubre de 2019, y de señalar que las estrategias en zonas de desplazamientos o como Tepuche son solo la presencia de bases de operativas mixtas, Castañeda Camarillo se fue del lugar con el cargo en la bolsa.

“La excelente coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno se ha logrado una importante disminución de la incidencia delictiva siendo los delitos de homicidio doloso, feminicidio y robo de vehículos, lo que ha permitido a la ciudadanía vivir con mayor seguridad”, dijo.

Según Reed Hurtado, el indicador del homicidio es uno de los peores indicadores para determinar si la zona es más o menos violenta.

“En el grado de violencia y todo lo que es el repertorio de violencia, como el homicidio es tan costoso políticamente y económicamente, realmente cuando un sector violento, cuando un grupo violento logra controlar una zona, lo que va a hacer es bajar el índice de homicidio, eso no quiere decir que la violencia no sea la que regule la actividad en esos respectivos sitios”.

“Cuando hay un control absolutamente hegemónico de una zona, por lo regular los niveles de violencia son elevadísimos, pero los niveles de homicidio van a estar muy bajos”.

Las cosas siguen moviéndose dentro de las organizaciones criminales en Sinaloa, y una prueba contundente es que después del 17 de octubre de 2019, estalló una guerra interna que ha tenido sus más cruentas batallas en Tepuche, en la zona rural y serrana de la franja norte del municipio de Culiacán.

La primera ocasión que estalló la pugna fue el 3 de diciembre de 2019, apenas unas semanas después del Jueves Negro, lo que provocó que de inmediato el terror se extendiera por redes sociales e hiciera presa a los culiacanenses que aún no se sacudían lo ocurrido el 17 de octubre anterior. En la zona norte cerraron negocios y algunas escuelas enviaron a los alumnos a casa por miedo a otro estallido.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal, que ha trabajado desde la administración de Ordaz Coppel con el Ejército -luego con la Guardia Nacional-, la Marina y la Policía Municipal, con bases mixtas de operaciones, anunció que no hallaron nada. En semanas posteriores se recibieron denuncias de grupos armados, de personas raptadas y amenazadas, de viviendas quemadas.

En marzo de 2020, vecinos de Aguacaliente de los Monzón, que pertenece a la sindicatura de Tepuche, anunciaron públicamente la creación de una fuerza de autodefensa y exigieron la presencia militar en la zona, en donde construyeron barricadas y fabricaron trincheras en la entrada y salida del pueblo.

El horror se presentó el pasado 25 de junio, cuando la autoridad reportó 16 cadáveres de jóvenes asesinados por una disputa entre pistoleros de El Ruso, protegido del Mayo Zambada, y los hijos de “El Chapo” Guzmán, en Bagrecitos, un pueblo serrano que también pertenece a Tepuche.

La zona todavía se encuentra caliente y la única estrategia de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y las fuerzas armadas ha sido vigilar, sin haber logrado detenciones importantes, sólo anuncios de aseguramientos de vehículos y armas abandonadas.

Y desde la autoridad han mostrado una cara que se puede interpretar de varias maneras, una de ellas es la pandemia por el Covid-19 y la otra es que la omisión policial ha aumentado: las denuncias por narcomenudeo cayeron hasta 270 en 2020, la cifra más baja desde 2012.

Según cifras de la Fiscalía General del Estado, la caída de 2019, que registró 347 denuncias, a 2020 fue de 56 por ciento.

Históricamente las cifras más bajas se registraron los últimos meses de 2012, con 353, debido a que en ese año comenzó a ser responsabilidad de gobierno estatal, y las 380 denuncias de 2016, mientras que los picos más altos fueron en mayo de 2013, con 137 denuncias, y agosto de 2014 con 148. Mientras que los años con más denuncias ligadas a las detenciones en las calles realizadas por corporaciones policiacas fueron 2013 con mil 340 y 2014, con mil 367.

“La violencia en este tipo de régimen tiene una finalidad más de naturaleza instrumental, tiene un propósito instrumental, más que ser un fin en sí mismo, la anulación del enemigo cuando uno está entrando como un acto nuevo a una zona es importante, y ahí usted va a ver incrementos muy altos”, agrega Reed Hurtado.

“De hecho cuando hay disputas, antes de concertaciones, ahí también va a haber niveles de daño muy altos y de violencia letal, pero cuando un grupo logra control de manera total un territorio, ejerce la violencia todos los días, pero la manera más efectiva, de ejercer la violencia es que sólo a través de la amenaza, de aquello que todo el mundo sabe que puede hacer de manera impune, logre controlar el comportamiento de todo el mundo”.

Para 2022, Rubén Rocha Moya, el nuevo Gobernador de Sinaloa, propuso un presupuesto de 15 millones 839 mil 782 pesos para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, prácticamente el doble de los 8 millones 118 mil 327 pesos de 2021.

Como primer acto de su gobierno, Rocha Moya se reunió con 20 colectivos de rastreadoras de Sinaloa.

“Hago mío el dolor de ustedes, yo no hago demagogia, yo soy buscador de desaparecidos desde la época de desaparecidos políticos” les dijo.