La UAS asegura que la Fiscalía no les admitió denuncias contra funcionarios estatales

La Universidad Autónoma de Sinaloa intentó denunciar penalmente a funcionarios estatales, pero no fue aceptada por la Fiscalía General del Estado, anunció Robespierre Lizárraga Otero, abogado general de la UAS.

“Producto de la persecución política contra la UAS, que su comunidad está siendo víctima por parte del aparato gubernamental, nos vimos en la necesidad de interponer una denuncia penal contra hechos que consideramos delictivos”, detalló el funcionario universitario.

“Elaboramos la denuncia con mucho cuidado, teniendo no solamente la espera necesaria para integrar los elementos para que el órgano correspondiente realice su función y su trabajo”, dijo el abogado.

Lizárraga Otero encabezó una conferencia de prensa junto al secretario general de la UAS, Gerardo Alapizco Castro, para dar detalles sobre el incidente que señalaron, viola sus derechos constitucionales y humanos.

“Acudimos el 24 a las instalaciones del Centro de Atención Temprana a entregar nuestra denuncia, como cualquiera otra persona lo haría, esto lo hicimos confiando en que las instituciones nos iban a dar la atención y el servicio público que legalmente están obligados a brindar y tenemos que denunciar que no se nos permitió entregar denuncia contra servidores públicos que la UAS pretendía entregar”, acusó.

Y aunque se negó a informar los nombres de los funcionarios que pretendían denunciar, así como los delitos, argumentando que eso viola el debido proceso, el Rector Jesús Madueña Molina y su equipo han tenido roces públicos con servidores públicos del Gobierno del Estado, el Congreso del Estado y la propia Fiscalía, tras la aprobación de la Ley de Educación Superior, y los intentos del Legislativo por modificar la Ley Orgánica de la UAS, así como auditar los recursos propios de la universidad.

“Repito y reitero: nos negaron recibir una denuncia penal en la Fiscalía; nos dejaron en estado de indefensión, violaron derechos humanos, nos negaron el derecho a la investigación y violentando también el derecho de petición constitucionalmente reconocido”.

Explicó que, ante la negativa de personal de la FGE, llamaron a un notario público para que quedara constancia del hecho; tampoco los recibió en audiencia la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada, previo a que hicieran el anuncio a medios de comunicación.