Gobierno de Sinaloa lucra con Seguridad Pública, acusa Morena en el Congreso del Estado

Pese al déficit de elementos de seguridad que tiene Sinaloa, el Gobierno del Estado destina policías a brindar seguridad privada y cobra por estos servicios, denunció el Diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta, entrando hasta 130 millones de pesos al año.

Expuso que en grupo parlamentario de Morena buscará modificar la Ley de Seguridad Pública y la legislación en materia fiscal del estado y los municipios.

“Con el propósito de garantizar la prestación de un servicio público, evitando todo lucro y posibilidad discriminatoria”, es la razón por la que el morenista expuso las reformas, subrayando que en el Plan Estatal de Desarrollo se reconoce que en Sinaloa hay un déficit de 4 mil 457 elementos de seguridad pública, conforme los criterios de las Naciones Unidas que prevén que al menos existan tres policías por cada mil habitantes.

Zazueta Zazueta expuso que desde el propio Gobierno del Estado también se admite que la Secretaría de Seguridad Pública presta un servicio particularizado y prácticamente privado.

“Según sus propios números, del 2018, por ejemplo, prestó ese servicio particular a 24 empresas agrícolas y a 107 comercios, en los que tenía asignados 123 elementos en el primer caso y 252 en el segundo”, detalló.

“Por ese servicio prácticamente privado pero con recursos públicos, al Gobierno del Estado le ingresan en promedio 130 millones de pesos anuales, lo que representa de manera obvia una ilegalidad, si se acepta que la seguridad pública es por supuesto un servicio público y por lo tanto no sujeto a la condición de quien pueda pagarlo”, agregó.

También reprobó que haya servidores públicos que tengan el servicio de seguridad privada a costa del servicio de seguridad pública, que se supone es de todos, no de los funcionarios y menos de quienes dejan de ser servidores públicos.

“Uno y otro caso representan un desvío de las funciones públicas, en las que en el primero 375 elementos de seguridad pública prestan un servicio particularizado, es decir privado, y en el segundo otros 179 elementos también prestan servicio personalizado a funcionarios y ex funcionarios públicos, uno y otro caso a costa de las contribuciones públicas que, por supuesto, deben dejar de usarse en beneficio de unos cuantos”, refirió.

Lo que consideró como “guarurismo lucrativo” en el caso de las empresas a la que cobran y “guarurismo gratuito” respecto a los servidores y ex servidores públicos, deben terminar.

Cabe destacar que las modificaciones a algunos artículos y leyes que se buscan es porque actualmente lo que están haciendo se permite, por ejemplo mediante el concepto de ‘Otorgamiento de Servicios de Seguridad Estatal’, es como han cobrado los 130 millones de pesos anuales, pero este concepto no previsto de manera específica en la Ley de Hacienda del Estado.

“Lo presta la Secretaría de Seguridad Pública a través de su Dirección de Servicios de Protección, a empresas agrícolas y comerciales además de personas en lo particular, no obstante recibir recursos originados en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, mismos que en términos del Artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, deben destinarse exclusivamente a los fines del servicio público”, abundó.

Esta comercialización del servicio de seguridad pública no es exclusiva del Gobierno del Estado, sino también se registra en el ámbito municipal, aunque con la formalidad de estar contenida en el capítulo V del Título Tercero de la Ley de Hacienda Municipal mediante el cual se cobra una cuota diaria equivalente de 3 a 6 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por elemento policiaco, por turno, por concepto de ‘servicio de seguridad pública’ que el ayuntamiento presta a personas físicas o morales, a solicitud de ellas o cuando la autoridad municipal lo juzgue conveniente o necesario, es decir, de manera discrecional.