Cristóbal Castañeda Camarillo, un militar modelo para la Sedena
Responsable, discreto, activo, práctico, optimista, prudente, disciplinado, honesto, amistoso con compañeros, con buena condición física y con presentación personal impecable, así describe la Secretaría de la Defensa Nacional a Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
Ese perfil se encuentra dentro de los archivos en la mayor filtración de información en la historia de la Sedena, donde se lee que el Teniente Coronel es tan confiable que puede ascender a Coronel en el momento que lo pida.
“Por su alto grado de responsabilidad como secretario de seguridad pública del estado de Sinaloa, es conveniente que se considere su ascenso al grado inmediato cuando le corresponda, de conformidad con los parámetros de la Promoción Superior“, se indicó en la hoja de actuación firmada por el Teniente Coronel Alejandro Meza Mendoza el 1 de octubre de 2021.
Esa hoja es una solicitud de promoción de Castañeda Camarillo para subir de rango y para la Sedena no fue indiferente, pues su perfil fue sobresaliente.
¿QUIÉN ES CRISTÓBAL CASTAÑEDA CAMARILLO?
En enero de 2017, cuando llegó a Sinaloa, se puso un chaleco antibalas, un casco color negro para ponerlo sobre su cabeza ya cubierta con una capucha del mismo color, tomó una metralleta para luego fajarse y subirse a la caja de una camioneta con policías y soldados obedeciéndole.
Para comprender quién es este policía llamado Cristóbal Castañeda Camarillo, podría resumirse la historia de una manera breve: es el testigo principal de la violencia en Sinaloa en los últimos cinco años.
Nació en Ciudad de México y se preparó en la Academia militar. Se formó como oficial hasta convertirse en Teniente Coronel y tener la jerarquía suficiente para desempeñarse como comandante en los diferentes niveles de mando y como colaborador y asesor de los mandos de escalones superiores, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra como dice el decreto hecho en la administración presidencial de Vicente Fox Quezada.
En 2017 llegó a Sinaloa en un paquete de seguridad diseñado por el general Salvador Cienfuegos Zepeda para el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Ese año fue el tercero más violento en la historia del Estado.
Ese paquete era una estrategia liderada por militares, con la condición de colocar a mandos en puestos clave de la seguridad pública.
Así se designó a Genaro Robles Casillas, un General con más de 40 años de servicio, en la Secretaría de Seguridad Pública, y al Teniente Coronel Castañeda Camarillo como su segundo al mando.
Los militares comandaron el plan de la Secretaría de la Defensa Nacional, que tuvo como base el gasto público para el pago de policías militares, la compra de armamento y la construcción de una base militar.
La presencia del Ejército en Sinaloa se reforzó en marzo de 2017 con la llegada de 300 elementos, los cuales alcanzaron unos 3 mil 200 durante 2018. Ese año hubo cambio de mando en la Secretaría, se nombró al militar especialista en inteligencia criminal Fermín Hernández Montealegre y se sostuvo a Castañeda Camarillo.
El Gobierno de Ordaz siguió con el plan y se comprometió a proporcionar alimentación, hospedaje, viáticos necesarios y estímulos económicos de entre 3 mil y 8 mil pesos, según el grado militar.
Es decir, por los 3 mil 200 elementos, el Gobierno de Sinaloa pagó, al menos, 115 millones de pesos anuales.
También se compró armamento y ocho vehículos blindados tipo DN XI, a través de un convenio de colaboración con la Sedena por un monto de 36 millones de pesos.
Las compras no quedaron ahí, también dieron “ojos” a los militares con costo a la Secretaría. En total son 2 mil 361 equipos comprados entre 2017 y 2021 por el Gobierno de Sinaloa, y se han invertido hasta 236 millones 443 mil 376 pesos.
Se adquirieron dos aviones no tripulados con un costo de 72.1 millones de pesos a la empresa Hydra Technologies de México y quedaron en manos del Ejército. Años después esos drones fueron dados en comodato a la Secretaría de Marina.
El acuerdo por los drones se hizo junto a otros dos que implicaron la construcción de una base militar en El Sauz, en Culiacán, y un centro de operaciones meteorológicas, en Mazatlán, ambas pagadas por el Gobierno estatal y entregadas a la Sedena.
La más cara fue la base militar, con un costo total de mil 53 millones de pesos, de los cuales 739 millones 750 mil correspondieron a recursos estatales y 313 al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Todas esas compras y obras sirvieron para fortalecer al Ejército de Cienfuegos, que durante 2017 y 2018 estuvo en medio de una guerra intestina del Cártel de Sinaloa.
En 2019 llegó una administración federal distinta, pero el Ejército permaneció al frente de la seguridad, con la Guardia Nacional recién creada e integrada por militares. También se nombró a otro secretario, tocó el turno a Castañeda Camarillo. A la fecha, sigue al mando en la administración de Rubén Rocha Moya (2021-2027).
Lee aquí las entregas previas:
