Autoridades intentaron detener al Rector de la UAS; tramita amparo
El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, fue visitado por elementos de la policía municipal, estatal y federal el pasado 31 de marzo, quienes buscaban detenerlo para concretar una orden de aprehensión.
Después de este incidente el Rector interpuso un amparo contra la orden de aprehensión, expedida por presuntamente cometer el delito de abuso de autoridad.
De acuerdo con el expediente que contiene la solicitud de amparo, Madueña Molina fue abordado por personas que se identificaron como policías de investigación de los tres órdenes de gobierno, así como elementos militares, el pasado 31 de marzo en su domicilio con la intención de concretar la orden de aprehensión.
“Se presentaron en las instalaciones de mi domicilio personal, con el propósito de privarme de mi libertad sin el motivo que tengan para ello”, señaló en la relatoría de los hechos.
La solicitud de amparo fue presentada ante un Juez federal en la ciudad de Mazatlán el pasado 4 de abril, bajo el argumento que el delito del que se le acusa al Rector no es considerado grave.
En el mismo documento se señala que la suspensión provisional de la orden de aprehensión fue entregada a Madueña Molina.
En el Código Penal Federal, se advierte que el demandante de un amparo rinde su declaración bajo protesta de decir la verdad y en caso de que faltara a ella y comunicara al juez hechos inexistntes, ncurre en un delito.
El pasado 30 de marzo la Auditoría Superior del Estado presentó una denuncia penal en contra del Rector Jesús Madueña Molina por el delito de abuso de autoridad.
La denuncia fue presentada debido a que la UAS omitió facilitar información financiera a la ASE, solicitada desde el mes de enero.
En los fundamentos de los hechos se señala que la ASE solicitó información financiera a la UAS el 18 de enero para comenzar una investigación en cuanto al manejo de recursos de la institución educativa, sin embargo, la Universidad no facilitó la información requerida, obstaculizando las labores del ente estatal.
Según lo expuesto por la ASE, la información solicitada debía quedar transparentada para el 23 de febrero, obedeciendo los plazos de ley.
