Siempre supimos que el narco decide
General Leana: verdad que nos enoja

OBSERVATORIO
18/09/2024 04:02
    A pesar de ser testigos de la dominación del narco sobre las instituciones responsables de combatirlo, en la conversación pública sinaloense sigue prohibido que en las cúpulas militar y policial haya la sinceridad de reconocer que la paz es según sean los choques o las avenencias entre la células del crimen organizado.

    Históricamente, les ha ido mejor en Sinaloa a los altos mandos militares al desempeñarse como operadores de la lucha antinarco, que asumiendo la función de voceros. El traspié del General Jesús Leana Ojeda, Comandante de la Tercera Región Militar, al reconocer ante medios de comunicación que el fin de la jornada violenta en Culiacán no depende del Ejército, sino de que los grupo antagónicos del Cártel de Sinaloa dejen de confrontarse entre ellos, resalta aquella vieja maldición que pone en aprietos a la jerarquía castrense cuando está ante los micrófonos.

    Está demostrado que desde el domo militar les temen más a las ráfagas de preguntas provenientes de la prensa, que al fuego cruzado entre facinerosos. Por más osados que sean, los soldados se ponen nerviosos al creer que periodistas y medios les preparan emboscadas informativas y en contraofensiva sacan a relucir el tono adusto y las respuestas tajantes que les funciona en cuestiones de milicias. Allí es donde se enredan, cuando acceden a explicar las cosas a su manera creyendo hallarse frente a barricadas mediáticas.

    Una cosa es que los generales son eficientes para dirigir las guerras en los campos de batalla siempre y cuando no se enfrenten a la opinión pública que los esculca en sus palabras. Otra cuestión tiene que ver en que a los ciudadanos, en este caso los sinaloenses, no nos gusta que las realidades que corroboramos todos los días vengan y nos las certifiquen la superioridad de la Secretaría de la Defensa Nacional.

    Por mucho tiempo hemos sabido, al menos desde el gobierno de José López Portillo con la Operación Cóndor de 1977, que combatió al narcotráfico en la sierra sinaloense cobrando centenas de víctimas en abusos y muertes en la población inocente, que los episodios de paz los definen las confrontaciones, treguas o pactos determinadas al seno del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, un General de División puede decírselo a sus tropas o en las reuniones del Gabinete de Seguridad, nunca a la gente de bien que le va a dar la interpretación de rendición.

    Cuando hace casi cinco décadas llegó a Culiacán el entonces Secretario de la Defensa Nacional, Félix Galván López, reconoció ante el Gobernador de Sinaloa, Alfonso Genaro Calderón, que el rescate del llamado triángulo dorado del narcotráfico ubicado en la confluencia de los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua se realizaba por exigencia de Estados Unidos con la aportación de equipo y soldados de aquel País. “México por sí solo no puede ganar esta guerra”, aceptó aunque no lo expresó en público.

    Desde la Operación Cóndor, en la cual el Gobierno estadounidense aportó gran parte de los 40 aviones y helicópteros, 11 bases aéreas, 5 mil soldados y 350 agentes de la Judicial Federal y la United States Drug Enforcement Administration, existe una especie de rendición de las fuerzas mexicanas militares y policiacas que hoy está a la vista de todos por el fracaso de la guerra que el ex Presidente Felipe Calderón desató contra el crimen organizado y la fallida política del “abrazos, no balazos” implementada por el ahora Mandatario federal Andrés Manuel López Obrador.

    Así lo han entendido los generales que han estado al mando de la Novena Zona Militar, con sede en Culiacán, y de la Tercera Región Militar, asentada en Mazatlán, pero han guardado tal claudicación ante el crimen como información clasificada. A inicios de los 90 vino Rodolfo Reta Trigos y al entender que sin la colaboración de los narcos era difícil mantener en paz en Sinaloa tejió alianzas pacificadoras con los cárteles encabezados por Rafael Caro Quintero y Amado Carrillo, según salió a relucir en la declaración de un testigo protegido durante el Consejo de Guerra iniciado en 2002 contra los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro.

    Luego llegó a cerciorarse de ello el General Sergio Aponte Polito cuando en 2005, siendo comandante de la Novena Zona Militar de Culiacán, acusó ante quien era Gobernador, Jesús Aguilar Padilla, que se complicaba la lucha contra el narcotráfico debido a la corrupción de las policías locales que las autoridades estatales no combatían. Los sectores organizados de Sinaloa, por supuesto, le tomaron a mal tal declaración.

    Y así sucesivamente, el Gobierno ha cantado su derrota frente al Cártel de Sinaloa y la gente se ha indignado por ello. A pesar de ser testigos de la dominación del narco sobre las instituciones responsables de combatirlo (los Beltrán Leyva contra el Cártel de Sinaloa en 2008; la ruptura de los Dámaso López, padre e hijo, con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2017; y los “culiacanazos” de 2019 y 2023) en la conversación pública sinaloense sigue prohibido que en las cúpulas militar y policial haya la sinceridad de reconocer que la paz es según sean los choques o las avenencias entre la células del crimen organizado.

    Es mucho mejor que nos digan que los soldados, muchos de ellos caídos por la violencia en Culiacán, vendrán a salvarnos como superhéroes de historietas.

    Reverso

    Mejor resérvese, mi General,

    Su tan sincero parte de guerra,

    Pues oír la verdad le aterra,

    Al asustado tímpano social,

    Oírnos a nosotros mismos

    Ya estuvo bien que los culiacanenses veamos pasar desde el balcón, o bajo la cama, los convoyes de sicarios del narco y de soldados y policías; el vuelo de helicópteros y aviones de guerra; las carrozas con los muertos y las ambulancias con los heridos; las ráfagas de noticias terribles y bazucazos intimidantes de las fake news; las fichas de búsqueda de desaparecidos y sus familias sin poder salir a buscarlos. Tenemos que hacernos escuchar, a como podamos, por el Gobierno desde su responsabilidad constitucional o por los delincuentes desde algún resquicio de compasión, para que nos permitan vivir en paz. Necesitamos, urge, la reflexión colectiva sin que la autocrítica nos impida someternos al examen de conciencia.

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