Hay muchos temas en la seguridad que están en foros especializados, pero no llegan o apenas se asoman en las conversaciones públicas; uno de ellos es el perfil profesional idóneo de la persona titular de una secretaría de seguridad ciudadana. Para la gran mayoría la respuesta parece una obviedad y cree que el asunto está fácil, de manera que lo idóneo es una persona especializada en el quehacer policial; esa perspectiva suele ser consecuencia de la percepción según la cual construir seguridad y hacer el trabajo policial son una y la misma tarea.
A su vez, esto se fundamenta en una pedagogía política y social crónicamente débil a lo largo del País que ha impedido enraizar la comprensión de la seguridad como el resultado de múltiples tareas simultáneas a cargo de actores oficiales e independientes, a la manera de una caja de herramientas que, por supuesto, incluye a la Policía, pero esta funciona en coherencia con quienes juegan otros roles.
Cuando se entiende que la seguridad y la Policía no son lo mismo, entonces queda claro que quien es titular de una secretaría de seguridad debe liderar el armado de muchas piezas, como si se estuviera a cargo de un tablero que organiza el adecuado ensamblado de los bloques de un Lego, juego que, por cierto, también se parece a la seguridad si lo miramos como una herramienta creativa.
En estos tiempos de tanto escándalo y tan poca reflexión crítica, contextualizados por una largamente sembrada desesperanza y temor social ante las violencias, la delincuencia y la impunidad, fluye fácil pensar en Omar García Harfuch, o en cualquier persona a cargo de una secretaría de seguridad, como alguien que hará bien su trabajo si atrapa presuntos delincuentes y los somete a la justicia y ya. Sin duda que eso debe ser parte del perfil deseado, esa no es la discusión, lo que falta contestar es cuál es la política de seguridad ciudadana que contextualiza y a la vez soporta esas tareas convencionales de la policía.
Tal vez si lo ponemos así se entiende mejor; si evaluamos a García Harfuch como un policía usaríamos determinados indicadores, pero si lo evaluamos como secretario usaríamos esos y muchos más, especialmente si se trata de una dependencia federal sobre la que recae el liderazgo de la coordinación nacional a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Ya sé, el sufrimiento acumulado y masivo de tantas víctimas nos va orillando a exigir resultados sin pensar en los medios y esta reflexión se puede ver hasta como una distracción para quienes tienen que decidir y operar todos los días bajo presión. Pues bien, es justo al revés: precisamente cuando más presión hay por la inseguridad, suele ser el momento que requiere mayores ajustes a las políticas públicas y las instituciones responsables, pero -paradójicamente- es justo cuando también suele haber menos demandas políticas y sociales para operar los cambios, muchas veces profundos y a veces lentos, pero indispensables para en verdad lograr el impacto deseado con los medios adecuados.
Vaya, entonces la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana requiere equilibrios terriblemente complejos porque desde ahí se deben decidir y resolver muchas cosas hoy, pero también se debe decidir el cambio estructural urgente para el ámbito federal y las orientaciones estratégicas para en efecto lograr la coordinación política e institucional nacional, a su vez con la participación social, por ejemplo, en tareas de evaluación, como lo ordena expresamente el artículo 21 de la Constitución (hasta el día de hoy).
Y, por si fuera poco, se debe hacer todo esto habiéndose culminado la constitucionalización del control militar sobre la Guardia Nacional, institución que supuestamente hace las funciones policiales federales, pero que, desde sus orígenes, precisamente por su perfil castrense, opera lejos de la coproducción de la seguridad con las comunidades, columna vertebral de la auténtica seguridad ciudadana.
Si evaluamos a García Harfuch como un Secretario, más que como policía, entonces deberíamos migrar desde la conversación que se agota en preguntar si funciona o no la fábrica de detenciones policiales y castigos penales, hacia una deliberación muy diferente, que escrute si habrá o no el armado de una caja de herramientas que debería poner las piezas adecuadas hacia un enfoque multidimensional que, por fin, nos entregue una política federal que sí tiene la auténtica vocación de comprender la profundidad y la complejidad de las violencias, la delincuencia y la impunidad, haciéndolo desde un enfoque transversal prioritario de prevención basado en el conocimiento científico, los saberes comunitarios y la evidencia.
Todo lo anterior, liderando el diseño e implementación de modelos de reformas y reorganizaciones institucionales llevados al País desde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lugar donde deben además reunirse los aprendizajes y las mejoras que sí pueden encontrarse en algunas entidades federativas y municipios.
Lo dicho, ¿Secretario o policía?
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