Nuevo fiscal y reforma a FGE, en combo
CESP, Congreso y Rocha, a contrarreloj

Quien sea la mujer o el hombre que resulte designado al frente de la Fiscalía General del Estado debería ir acompañado con una reforma profunda a la Ley Orgánica de la institución, de lo contrario a desafortunados procedimientos repetitivos en la ya conocida “rifa del tigre” le corresponderán fracasos reiterados en la misión de fortalecer la función ministerial. Y como muestra de que no todo lo hecho bien funciona, allí está el experimento llamado Sara Bruna Quiñónez Estrada, la jurista excepcional que llegó a la FGE sin que la dotaran de garras y dientes para el combate a la impunidad.

A qué va el o la Fiscal emergente con la Policía de Investigación infiltrada por la delincuencia, con agentes del Ministerio Público con sobrecarga de trabajo que los lleva a hacer indagatorias al vapor, la incidencia de delitos del fuero común que cede en homicidios dolosos y presiona en el resto de la gama de ilícitos, así como reducidos apoyos presupuestales que imposibilitan el despegue cualitativo del ente autónomo.

También está el apremio de una reingeniería en las unidades especiales direccionando mayor atención y voluntad hacia áreas de alta preocupación en la comisión de delitos. Por ejemplo, si la Unidad Especializada Antisecuestros tiene poca actividad (siete casos en 2022 registrados en cinco meses y el resto del año ninguno, y 16 en 2023 reportados en seis meses y los demás con saldo blanco) podría compactársele con la Unidad Modelo de Investigación Policial.

Todo indica que la reestructura para atender los componentes humano, técnico y científico no está en los planes inmediatos del Congreso por el período de transición en el cual una Legislatura sale y la otra se instala. A la actual, que presiden Feliciano Castro en la Junta de Coordinación Política y Ricardo Madrid Pérez en la Mesa Directiva, apenas alcanza a tiempo para seleccionar a quien sustituirá a Sara Bruna Quiñónez Estrada, esto si el procedimiento corre a la etapa final sin eventualidades como la falta de la trayectoria idónea para desempeñar el cargo.

En este inesperado lapso que surge por la interrupción del período de Sara Bruna como Fiscal que concluía en 2028, el Consejo Estatal de Seguridad Pública y los poderes Legislativo y Ejecutivo deben marchar aprisa y fundamentalmente asertivos. Aparte de elegir a la mujer u hombre que se hará cargo de la FGE, deberán fundamentar en razón de por qué tomaron la decisión y lo que dotará de confianza a la deliberación será con qué y cómo la nueva servidora pública hará la difícil faena que le asignan.

A toda crisis le devienen moralejas que asoman puntuales para aquellos que las quieran traducir en beneficios a la colectividad. De los hechos desencadenados el 25 de julio en el sector Huertos del Pedregal, en Culiacán, y sobre todo de los esclarecimientos que aporta la Fiscalía General de la República en torno a los participantes Ismael Zambada García, Joaquín Guzmán López y Héctor Melesio Cuén Ojeda, emanan posdatas cardinales en materia de procuración de justicia.

Por lo pronto alienta el logro de que se hayan inscrito tantos aspirantes a Fiscal estatal no obstante que los retos expuestos por el reciente dislate de la dependencia y la ex titular debieran hacer que los pretendientes del cargo la pensaran más de una vez. La labor de criba le compete al Consejo Estatal de Seguridad Pública, luego al Gobernador Rubén Rocha Moya y finalmente a la 64 Legislatura del Congreso del Estado que cerrará el 1 de octubre su ejercicio constitucional de tres años.

El 11 de noviembre de 2021, cuando el Congreso del Estado puso a Sara Bruna Quiñónez al frente de la FGE, en sustitución de Juan José Ríos Estavillo, otro Fiscal que tuvo que irse antes de concluir el período 2017-2024, todas las campanas se echaron a vuelo por la experiencia y preparación de la elegida. Con maestrías en derecho procesal penal acusatorio por la Universidad Carlos III de España e Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal, y décadas de desempeño en el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, nadie dudó de los buenos tiempos que venían con ella para la institución ministerial.

La metieron a la jaula a cuidar un león sin proporcionarle la indumentaria para domar a la fiera y hoy se repite la parafernalia de definir a otra u otro Fiscal y quien sabe si ahora sí al elegido le darán el paquete entero: la autoridad moral, la legitimidad social, la autonomía completa y los recursos públicos para rearmar la estructura con los idóneos y no con aquellos con más tráfico de influencias.

Dadas las circunstancias actuales, el CESP, Congreso y Gobernador están en la encrucijada de rescatar a la Fiscalía del golpe demoledor que le asestó la FGR en el caso Cuén-Zambada-Guzmán o abandonarla en la triste vertiente de sospecha y descrédito en que se halla.

En su corta autonomía,

A la Fiscalía le fue mal,

Pues no ha habido un Fiscal,

Que concluya la travesía.

En la convocatoria de 2021, cuando Quiñónez Estrada obtuvo la designación como Fiscal, se anotaron también como aspirantes Dámaso Castro Saavedra y Claudia Zulema Sánchez Kondo, obteniendo cero y un voto de diputados, respectivamente. Al asumir el cargo Sara Bruna integró al primero a su equipo como Vicefiscal General, y a la segunda en la Vicefiscalía Zona Centro. Ambos vuelven a anotarse en el proceso que está en marcha a pesar de cargar encima, en el ámbito de sus responsabilidades, con las mismas supuestas inconsistencias que expuso la Fiscalía General de la República respecto a la carpeta de investigación sobre el asesinato de Cuén Ojeda, negligencias que ocasionaron la renuncia de su ex jefa.

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