No más explotación sexual infantil en las escuelas en México

Imagina por un momento que lo que estás a punto de leer le ocurrió a tu hijo o hija. Que esos momentos de terror los vivió alguien que amas con todo tu ser. Seguramente, sólo concebir esa idea es tan difícil como puede ser escuchar o leer los testimonios de víctimas directas o indirectas del horror; pero es desde ese lugar donde debemos empezar a reflexionar. Porque sólo si nos permitimos sentirlo, podemos entender cabalmente la gravedad de lo que se ha permitido que ocurra en las escuelas en México.

No abusos, sino explotación y horror. Agresiones sexuales graves, inusuales, padecidas directamente por niños en preescolares públicos y privados. Atrocidades cometidas por personas adultas, de manera conjunta, en espacios de las escuelas en las que existía la suficiente privacidad como para hasta inclusive grabar el horror. Niñas y niños abusados individual y grupalmente. Obligados a agredirse, a disfrazarse, a ingerir sustancias que los hacían quedarse dormidos.

Hace tres años, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) presentó, por primera vez, un informe que denunciaba estos casos, en 18 escuelas en siete estados del País. Lo ominoso de este asunto hizo que hasta el Presidente López Obrador fuera abordado por la prensa al respecto. En tanto, gracias a la acción valiente de las familias afectadas y al acompañamiento de organismos como ODI, estos casos también llegaron a la justicia.

Con las luces y sombras propias del sistema de justicia existente, se obtuvieron condenas parafernálicas (casi cinco siglos de presidio para un maestro) al tiempo que se arruinaron escenas de delitos y se desperdició tiempo clave en la investigación que se requería para procurar acabar de raíz con estos inaceptables casos de explotación sexual en escuelas. Producto de esta inoperancia, tres años después los casos no sólo persisten, sino que han aumentado a 27 en 12 estados.

A la fecha, las investigaciones encomendadas a la Fiscalía General de la República siguen sin explicar por qué las escuelas son utilizadas por delincuentes como espacio para perpetrar estos terribles crímenes y por qué se permite. Y la SEP tampoco ha cumplido con las medidas a las que se le obligó; por ejemplo, impartir clases para prevenir el abuso sexual en las escuelas.

Hace algunos días, la ODI y la asistencia judicial a las familias víctimas, realizaron un evento para presentar un podcast que ofrece una nueva alternativa para conocer este caso. Durante la reunión, fue posible escuchar testimonios de familiares de las niñas y los niños abusados y explotados en estas redes de infamia. Con resiliencia, coraje y valentía, estas personas expusieron sus motivaciones para seguir en la lucha por justicia, a pesar de que estos hechos ocurrieron hace más de 10 años.

De manera sencilla y clara, una de las madres de víctimas (o víctima indirecta, como se refiere para reflejar la forma en la que el trauma afecta de forma colectiva a quienes lo padecen), comunicó su propósito como activista. Pero esta aspiración a hacer de este país y de las escuelas, espacios seguros para niñas y niños, no se ve reflejada en la seriedad e importancia con la que han respondido las autoridades.

Para luchar contra el demonio del abuso y la violencia contra niñas y niños, hay que abrir ojos, orejas y corazón. Del otro lado hay un monstruo oscuro y desagradable al que debe mirarse de frente. Parte de este monstruo no son sólo los hechos cometidos, sino la indolencia y la incredulidad en escuelas, en el sistema educativo y en las instituciones encargadas de procesar las denuncias y perseguir justicia que vuelve la experiencia de ser víctima aún peor. Es por ello que, además del esclarecimiento de la cuestión criminal, en este caso es necesario incidir en cambios estructurales para la prevención.

En primera instancia, se ha planteado la necesidad de mejorar el sistema de contratación docente, para que las escuelas cuenten con personal con probada capacidad y responsabilidad, y evitar que abusadores y criminales lleguen a ellas. También es importante contar con medios independientes de denuncia para no tener que hacerlo frente a autoridades del establecimiento en el que se dan los abusos y que la investigación no dependa de la Secretaría. Y que la infraestructura escolar pueda seguir criterios de transparencia, es decir, que el espacio impida que niñas y niños estén en lugares en los que puedan ser ocultados y padecer abusos y violencias.

Es inaceptable que, ante la peor vulneración de los derechos de niñas y niños, la SEP no haya implementado ninguna de las medidas a las que, por orden judicial, se le obligó desde agosto 2023 (ODI, 2024, p. 12). La llegada de la primera mujer Presidenta de México debiera ofrecer la esperanza de mostrar sensibilidad y empatía frente a casos de abuso contra los más vulnerables. No hay seres humanos más vulnerables que niñas y niños en su primera infancia. Ninguno de ellos, ni sus familias, debieran ver traicionada su confianza en instituciones como las escuelas.

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El autor es director de Investigación de Mexicanos Primero

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