Crece violencia sexual en escuelas ante falta de respuesta de autoridades: Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia

Mientras que en 2021 la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) documentó 18 casos de escuelas en las que niñas y niños denunciaban violencia sexual organizada en siete estados del país, para 2024 suman ya 27 casos en 12 entidades.

Sin embargo, esto es apenas una muestra de una problemática que alcanza una dimensión mucho mayor, asegura en entrevista Mariana Gil, abogada de la ODI, y ante la cual las autoridades han sido omisas para dar una respuesta efectiva.

Así lo documenta la organización en la más reciente actualización de su informe “Es un secreto”, cuya primera versión en 2021 reveló que en diversas agresiones documentadas al interior de escuelas participaban grupos de personas agresoras organizadas para violentar sexualmente a múltiples víctimas en niveles de preescolar y primaria.

“Es muy alarmante porque en 2021, cuando sacamos este primer informe, sí fue un movimiento enorme, las fiscalías se acercaron, se inició una investigación de todos los casos, que incluía las 18 escuelas que reportábamos al principio; en diciembre de ese año también viene una sentencia muy robusta, que le pide a la Secretaría de Educación de Pública que haga diversas modificaciones para evitar que estos delitos vuelvan a ocurrir”, recuerda Gil.

Pese a ello, todo ha terminado en un silencio rotundo. Desde su perspectiva, la administración del gobierno de México que está finalizando no tuvo suficiente interés en los niños y las niñas, y no fueron una prioridad para tomarlos en cuenta en la elaboración de políticas públicas, presupuestos y acciones en su favor.

“No se entiende de otra manera por qué esas omisiones, por qué ese silencio, por qué ese no actuar... El silencio eso ha demostrado; yo no tengo pruebas de que haya una complicidad o una permisividad como tal, pero a tres años este silencio nos dice a nosotros como ODI, a la sociedad, a padres y madres de familia, a los niños y las niñas, que hay una complicidad”, subraya la especialista.

Meses después de la publicación original de “Es un secreto” en 2021, según recupera el propio nuevo reporte, un juez sentenció al Estado mexicano como responsable solidario para la reparación del daño de los 18 casos que se documentaron entonces. Incluso, un profesor fue condenado a 494 años de prisión, y se establecía que la escuela pública mexicana debía incorporar educación sobre violencia sexual en las aulas dentro de sus enseñanzas.

“¿Se logró por lo menos prevenir que estos delitos continuaran?”, cuestiona el documento. La respuesta inmediata es “no”. Tres años después, han incrementado los casos y el número de entidades donde ocurrieron, no se ha esclarecido cómo delincuentes se infiltran en escuelas haciéndose pasar por maestros, directores o personal de intendencia y “no ha cambiado una sola política de la SEP”, subraya el nuevo reporte.

Adicionalmente, no hay mayor transparencia en las escuelas ni avances en la investigación de posibles conexiones entre los casos. La ODI señala este rasgo pues se trata de casos aparentemente inconexos pero que llaman la atención por las coincidencias en el tipo de violencia que describen las infancias.

En todos los documentados, niñas y niños de entre 3 y 5 años describen agresiones sexuales graves e inusuales que suceden en preescolares públicos y privados. Son cometidas por varios adultos de manera conjunta, incluso de manera grupal u obligándoles a lastimarse entre sí. En diversos casos refieren también la presencia de cámaras y el uso de disfraces, la ingestión de sustancias que les provocan sueño o la presencia de compañeros dormidos.

Un Estado y un contexto cómplice

Los casos expuestos por el informe “Es un secreto” y sus actualizaciones parten de expedientes judiciales, recomendaciones de comisiones de derechos humanos y archivo hemerográfico. En algunos, se logra establecer responsabilidad penal individual. En otros solo se documenta lo que padres de familia y sus hijos e hijas denuncian. Los reportes no afirman qué está sucediendo, aclara la organización, pues se requiere una compleja y seria investigación criminal.

Lo cierto es, sin embargo, de acuerdo con la ODI, que las coincidencias entre las denuncias deben ser investigadas, así como las contrataciones de más de un agresor en una misma escuela. Las condiciones administrativas para dar empleo a los docentes muchas veces no garantizan transparencia, trayectoria o información sobre los criterios de designación.

“Es indiscutible que sea lo que sea que esté sucediendo, se deben tomar acciones para hacer de la escuela un espacio seguro para las niñas y niños. La documentación de casos expuesta deja más preguntas que respuestas. Su pretensión es exigir que se tomen las medidas necesarias para prevenir la continuación de este tipo de delitos y que se investigue exhaustivamente cada caso y cualquier posible conexión entre los mismos”, señala el documento.

Gil añade que ahora es del conocimiento público que estos casos siguen ocurriendo, pero también el incremento de la explotación sexual infantil en general; sin embargo, prevalece el silencio y la falta de acción del Estado. “Entonces se vuelve cómplice, porque además está pasando en lugares que son del Estado, donde debe garantizar la máxima seguridad; las niñas y niños deberían estar más seguras en la escuela que en su propia casa”, reclama.

El reporte recupera que estos abusos se dan en un contexto en el que la producción y circulación de material de explotación sexual infantil es un fenómeno creciente, en el que las tecnologías han transformado la forma en la que ocurre en lo que respecta a la facilidad en la producción de material, así como la accesibilidad para su reproducción, lo que ha disparado el número de víctimas y perpetradores.

Informes internacionales señalan que el 63 % de los perpetradores consume material que involucra a niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 13 años de edad, mientras que el 24% ven material que involucra a víctimas de 0 a 3 años. Además, desde 2016, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU ha documentado casos de explotación transmitida en tiempo real por medios electrónicos, en los que en el 60% de los casos el agresor es un adulto cercano a la víctima.

La SEP, sin cumplir

En México, específicamente la falta de regulación y transparencia han generado un contexto que hace del sistema de educación pública un espacio vulnerable a la captación por parte de grupos delincuenciales. “Dentro de un contexto de irregularidad sistemática y generalizada, la cooptación de puestos para la comisión de delitos se hace posible”, subraya la ODI.

Sumado a ello, no existen vías independientes de denuncia, sino que esta se debe hacer ante la propia escuela o la SEP, que establece sus propios protocolos para investigarse a sí misma y luego decidir si dará aviso o no a las fiscalías. De acuerdo con los datos recabados por el reporte, solo el 52% de las denuncias por violencia sexual escolar que recibe la dependencia son del conocimiento de las instancias investigadoras.

“Según los datos reportados por la propia SEP, se reporta por lo menos un abuso sexual dentro de una escuela diariamente. Las propias autoridades consideran que existe un subregistro en las denuncias. La escuela mexicana es un contexto en el que denuncias de abuso sexual en contra de los alumnos y alumnas es común y por tanto es más fácil que la violencia organizada pase desapercibida”, añade el documento.

Gil reconoce, además, que los informes de la ODI abarcan muy pocos casos, que son apenas representativos, porque son los que llegan a denunciarse o a hacerse mediáticos. Sin embargo, se trata de un problema mucho más profundo, porque está pasando en instalaciones gestionadas y protegidas por el Estado.

“Todos los lugares en donde niñas y niños están a disposición de agresores, en donde no hay una supervisión, una contratación eficiente, transparencia, estructuras adecuadas, protocolos adecuados... Nos estamos enfrentando a un problema en el que a niñas y niños el Estado se los está dando a los agresores como carne de cañón”, destaca. Hasta hoy, persiste la falta de protocolos, capacitación y reparación del daño.

En octubre de 2022, Animal Político reportó uno de los pocos logros, con sentencia, que se dieron tras la publicación original de “Es un secreto”. Se trató de la causa penal 258/2021, que determinó los delitos de pederastia agravada y en grado de tentativa, así como violación equiparada agravada, en los casos de 21 víctimas entre 4 y 6 años agredidas en el centro educativo Marcelino de Chámpagnat en la Ciudad de México.

Esa sentencia obligaba al mismo tiempo a la SEP a impulsar políticas relativas a la creación de espacios escolares seguros para todos los jardines de niños de la Ciudad de México, que consideraran, entre otras cosas, espacios que permitan la visibilidad interior y exterior, así como personal encargado de supervisión y vigilancia.

La SEP, señala el nuevo reporte, no ha dado cumplimiento. Desde la notificación formal en agosto de 2023, solo ha presentado avances parciales, simulaciones y copiosas cantidades de papel. “Los cambios sustantivos que lograrían efectivamente prevenir que estos delitos sucedan no han tomado lugar”, se lee en el documento.

Gil llama a que, a pesar de no ser lo ideal, mientras las autoridades sigan sin actuar, padres y madres de familia sean los supervisores de las propias escuelas de sus hijos, estén al tanto de quiénes son las personas que trabajan ahí y cuáles son los espacios dentro de las escuelas, la plantilla y quién la supervisa. Por ahora, estar más presentes y exigir los nombres y currícula del personal escolar colabora a la prevención mientras persista el silencio de las autoridades.

“A través de la representación de casos, a través de visibilizar estos temas, por lo menos la sociedad y las personas, padres, madres de familia se enteran, conocen de esta situación y al menos se genera algo de prevención”, apunta.