Mexicanos Primero pide garantizar seguridad en las escuelas, tras denuncias de abuso sexual en 7 estados del País
Luego de que la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia reveló en un informe la existencia de abuso sexual, explotación infantil y redes de pornografía en 18 escuelas de 7 entidades de México, la red de Mexicanos Primero emitió un exhorto a las autoridades educativas para garantizar un entorno escolar seguro.
De acuerdo al reporte Es un secreto. La explotación sexual en escuelas, existen agresiones y abuso contra decenas de infantes en centros educativos en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca. Los casos registrados por la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia van desde el 2008 al 2018.
“Exigimos formular normas, protocolos y políticas públicas que garanticen los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las escuelas”, se sostiene en el comunicado en conjunto del ente nacional Mexicanos Primero, respaldado por sus capítulos Jalisco, Sinaloa y Michoacán.
“Las escuelas deben ser espacios seguros en donde las niñas, los niños y los jóvenes ejerzan libremente su derecho a aprender, espacios de respeto común y de protección a las y los estudiantes. Las escuelas deben ser sitios seguros donde niñas y niños tengan la libertad de expresarse, opinar y participar”.
En estos actos de abuso a menores presuntamente participan maestros, directivos, personal administrativo e intendencia, cuyos delitos siguen en la impunidad.
El reporte de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) demuestra que en estos espacios la ausencia de supervisión permite que adultos perpetren atrocidades contra los alumnos, señala el posicionamiento.
“El abuso hacia los menores de edad en las escuelas ha sido documentado durante muchos años y los juzgados están llenos de denuncias interpuestas al respecto. Las razones de estos ilícitos están fundamentalmente relacionadas con el afán de gratificación sexual y el de lucro. Como se explica en el estudio de ODI, las estimaciones muestran que los incentivos en materia económica son inmensos, solo por debajo del narcotráfico, lo cual debe dimensionar la necesidad de la omisión en que ha incurrido el Estado mexicano para proteger los derechos de la infancia”, puntualiza el comunicado de la organización defensora del derecho a la educación.
“Las autoridades deben garantizar que los padres de familia cuenten con información adecuada sobre cómo hablar con hijas e hijos para detectar posible abuso o violencia sexual, mientras que a su vez deben de contar con información y medios accesibles para denunciarlo”.
