¿No hay -ni habrá- quien exija cuentas a los generales y almirantes?

Es absurdo -no tiene sentido-, visto desde los parámetros de un régimen constitucional de derechos, pero no lo es desde otras perspectivas si pensamos en todas las implicaciones del siguiente hecho: es muy probable que no haya persona en el poder público civil que esté dispuesta a empeñar su capital político en llamar a cuentas a los generales y almirantes, lo cual podría incluir a quien ocupa la Presidencia de la República.

La hipótesis la fundo en más de tres décadas observando a la llamada clase política y a quienes representan instituciones, principalmente en los poderes Ejecutivo y Legislativo en los tres órdenes de gobierno. Lo acabo de confirmar nuevamente con tres testimonios de personas que así lo comprueban de manera directa en sede legislativa. El año pasado, además, una ex Legisladora me dijo “nadie se atreve”.

Cada vez que pienso en esto, recuerdo la frase de Alberto Lleras Camargo cuando desde la Presidencia en Colombia en 1958 recordó que si las Fuerzas Armadas “entran a deliberar, entran armadas”. Desde luego hay personas civiles en cargos públicos que tienen las funciones de exigir cuentas a las Fuerzas Armadas y hay otras que no, pero mi perspectiva en esta colaboración no se centra en el mandato formal sino en la construcción subjetiva.

Me refiero a los ánimos, sentires, actitudes y prácticas generalmente aceptadas lejos de cámaras (frente a la mirada pública los rituales de sumisión civil han estado siempre a la vista). Esto es una especie de código no escrito: no se provoca una interlocución con los generales y almirantes que sea o parezca ser un cuestionamiento respecto a su desempeño sobre cualquier función, pero en particular en relación a la seguridad pública.

¿Por qué? Habría que hacer investigación cualitativa entre esas personas dedicadas a la política “profesional” y a la función pública, indagando por qué no cuestionan a los generales y almirantes para entender a fondo este límite y qué tanto es autoimpuesto. En todo caso, sería muy difícil que así se acepte, dado que esta forma de subordinación civil no está desde luego en norma alguna, es una decisión estrictamente política y, bajo circunstancias específicas, contraria a la ley.

Vamos a llamar a quienes han estudiado esta decisión civil de subordinarse en la práctica a los mandos militares superiores, para que participen en el seminario permanente en militarización y militarismo que instalaremos en la Ibero CDMX en la segunda mitad del año. Queremos mirarlo desde la historia, la sociología, la antropología, el derecho, la ciencia política, la psicología, la comunicación y demás, para tratar de entender su complejidad.

Esta subordinación de facto no se menciona, de manera que sea cual sea la asimetría en la relación a favor de los altos mandos militares, el asunto está muy lejos de la deliberación democrática. Parece haber un aprendizaje histórico que se impone a la manera de valores entendidos inerciales.

El uniforme, los grados, las armas, la disciplina, la historia misma, todo converge en una representación simbólica que coloca sobre las instituciones castrenses y sus representantes atributos que terminan creando un imaginario colectivo que no ve y no quiere ver el mundo militar como parte de lo que debe ser cuestionado en el marco de un régimen constitucional de derechos.

Aventuro esta hipótesis: lo militar está asociado a una ideología nacionalista que se identifica con eso que llamamos patria, de manera que cuestionar el quehacer militar es tanto como dudar del vínculo afectivo con la patria. Y quizá en parte por esto, como escribí en 2022, Los militares no fallarán... aunque fallen.

La subordinación del poder civil al castrense descansa de alguna manera en los hombros de la sociedad, habida cuenta de la desconfianza social mayoritaria y prolongada hacia las instituciones civiles y lo contrario hacia las militares. Entonces se crea un círculo de protección que hace irrelevante, tolerable o incluso positivo, por ejemplo, el desacato a la SCJN por parte de la Sedena conservando el control de la Guardia Nacional.

Si todo esto es cierto, la ruta del empoderamiento militar incluye aceptar que no hay y quizá no habrá quien exija cuentas a los generales y almirantes, incluyendo acaso a la Presidencia misma. ¿Quién quiere eso?

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@ErnestoLPV

Animal Político @Pajaropolitico