Lo más probable es que nunca sabremos por qué López Obrador decidió sacar a las Fuerzas Armadas de sus funciones originales y llevarlas a un perfil multifuncional que colapsa los límites de su diseño constitucional, pero ya podemos afirmar que el Presidente tomó por cuenta propia una ruta que alteró la relación entre el poder civil y el militar al punto que nadie puede asegurar en qué condiciones se encuentra el mandato de subordinación del segundo.
No es tiempo de ingenuidades y debemos nombrarlo tal cual es: la expansión de funciones y recursos bajo control castrense compromete el liderazgo civil en el ejercicio de gobierno, de manera que ya no hay certeza alguna de los límites a la influencia militar en las decisiones que definen el rumbo del país.
El militarismo es una ideología que coloca a las instituciones castrenses en competencias superiores a las civiles. Cuándo y cómo el Ejecutivo Federal entendió así la realidad, imposible saberlo, pero la intensidad de su preferencia es simplemente descomunal. Ha asumido su decisión por encima no solo de la Constitución, los instrumentos internacionales aplicables firmados por México, criterios y sentencias del sistema interamericano de Derechos Humanos, incontables recomendaciones de la ONU; más aún, lo hizo por encima de su mandato. López Obrador no fue elegido para entregarle poderes y recursos desorbitados a las Fuerzas Armadas; nadie más que él eligió el salto militarista.
Cuando el Presidente pidió “lealtad ciega”, acaso nos dio la clave suficiente de su idea profunda del ejercicio del poder. En el quinto año de su sexenio las evidencias de su verticalismo llegan al punto que los liderazgos en su equipo son prácticamente invisibles, salvo cuando él decide lo contrario, como sucede con los titulares de la Sedena y la Semar, una y mil veces al frente de los micrófonos y las cámaras, como quizá no lo había estado jamás militar alguno, al menos en el México contemporáneo.
Cómo se decantó la preferencia o el silencio entre quienes siguen al Presidente y nunca imaginaron que la autodenominada izquierda cogobernaría con las Fuerzas Armadas, tampoco lo sabremos con precisión, pero me inclino a creer que las han instrumentalizado como un recurso eficaz en su ambición. La lealtad ciega militar sería oportuna para consolidar un renovado régimen de partido de Estado.
En el trasfondo del golpe que López Obrador ha propinado a la relación histórica entre los poderes civil y militar está la duda fundada respecto al proyecto político que se viene fraguando. La Sedena ejercería en el 2024 un presupuesto 8.6 veces superior comparado con 2018. “De acuerdo con el análisis de la organización México Evalúa “Números de Erario”, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la que más presupuesto ejecutará, con un 14 por ciento, seguido por la Marina y la Guardia Nacional.
Nadie en su sano juicio cree que algún día esas dependencias renunciarán a sus nuevos poderes y recursos, abriéndose así escenarios de incertidumbre, tensión y posible conflicto que ponen en riesgo nada menos que el sistema democrático y representativo mismo, por una sencilla razón: la transferencia de funciones públicas civiles a manos militares no está fundada en la legitimidad constitucional, de manera que lo que hagan o dejen de hacer la Sedena y la Semar en este desborde de su diseño formal responde a las órdenes presidenciales y al ejercicio de su autogobierno, pero no responde a un mandato legal y legítimo.
Nadie votó por el militarismo. La decisión fue primero unipersonal y ahora quienes defienden la ruta y quienes callan ante ella son también responsables, no de fortalecer a las Fuerzas Armadas, no al menos en términos democráticos, sino por el contrario, están empujando su debilitamiento, acelerado exactamente en la medida que asumen un perfil multifuncional que les entrega tareas que nada tienen que ver con su doctrina, formación y especialización, y respecto de las cuales, cuando fallen, no habrá manera de someterlas a rendición de cuentas.
El golpe está dado.
