Seguridad ciudadana, ya sabemos por qué los militares no

Desde luego López Obrador no lo planeó así, pero ha logrado que su sexenio nos deje en claro por qué los militares no deben estar al frente de la política pública de seguridad ciudadana. La evidencia acumulada no deja lugar a dudas. Mi convicción en todo caso es que no hubo en estricto sentido un plan de respaldo para la vía militar del Presidente y mi hipótesis principal es que su ideología militarista tiene que ver más con un proyecto político hegemónico que con esa política pública.

En términos más claros, el Presidente no requirió pensar auténticamente si el liderazgo militar era la vía correcta para coadyuvar hacia la seguridad, la justicia y la paz, porque su prioridad era asegurar la “lealtad ciega” militar y civil a su proyecto. Así lo dijo y así lo consiguió.

Intentaré reducir en este párrafo a una sola idea por qué los militares no. La seguridad ciudadana es por definición una obra coproducida por las instituciones públicas y la sociedad. Las competencias fundamentales de las autoridades están en su capacidad de construir liderazgo para la acción colectiva. Este es el ADN democrático del paradigma de la seguridad ciudadana, poner a las personas y las comunidades en condiciones protagónicas y hacer de las autoridades andamiajes que así lo facilitan.

Jamás el Presidente en todo su sexenio ha usado un lenguaje que incluya la palabra prevención, enfoque nuclear y transversal a la seguridad ciudadana; también dice mucho la inexistencia de un concepto policial asociado a esta. Si afirmo que el Ejecutivo federal no hizo un plan base de su vía militar es porque él, como mucha gente, cree que la diferencia entre un policía y un militar es el uniforme.

No, los militares no cuentan con una doctrina policial, no la conocen y tampoco lo deben hacer; su doctrina es otra y en la distinción doctrinal está la respuesta a por qué no se deben confundir sus roles. Creer que incluir capítulos de la capacitación policial dirigida al personal militar es suficiente es un acto de desprecio profundo a ambas funciones.

Un ángulo diferente puede ayudar a clarificar: el mandato militar y el policial incluyen ambos el uso de la fuerza, pero con diferentes propósitos y métodos, mismos que, a su vez, fundan su significado en la doctrina institucional. En un Estado democrático de derecho, la función policial en su significado más profundo es salvar vidas. La función militar, en cambio, es en esencia una tarea especializada en usar la fuerza letal. Por eso la evidencia asocia la militarización de la policía al abuso y por eso los militares suelen exceder el uso de la fuerza cuando realizan tareas policiales.

La tracción social a favor de la militarización de la seguridad parece principalmente asociada justamente con esta asociación: los militares lo harán mejor porque su poder de fuerza es mayor. Y entonces viene la confusión cuando se ve los grandes despliegues verde olivo muchas veces sin reducciones de las violencias o incluso provocando lo contrario.

Lo que no logramos conciliar en nuestro imaginario colectivo en México es seguridad y alternativas al uso de la fuerza letal. Y eso es usado frecuentemente por la llamada clase política para engañarnos, reiterando un día sí y el otro también que el despliegue militar pacificará los territorios, aún confirmando que en el mejor de los casos es así de manera efímera y la presencia castrense no se hace cargo de participar en la reconstrucción del tejido social. Y aquí hay otra distinción clara: la función policial en democracia está diseñada justo para ser parte de esa reconstrucción a profundidad y a largo plazo, mientras la función militar no. La policía de proximidad es de hecho un actor social en funciones de gestión de conflictos, las Fuerzas Armadas no.

Y si algo abona aún más a la confusión es el valor de la disciplina. El mejor policía es un militar porque tiene más disciplina, se dice. Falso. Las técnicas policiales para la prevención y la investigación requieren aplicar criterios profesionales que otorgan un margen de autonomía operativa que “relativiza” la obediencia y con las competencias adecuadas produce el mejor resultado; en cambio, si un militar opera con esa autonomía se colapsa la función. Cuando se quiere que personal militar haga policía de proximidad aparecen las contradicciones, de manera que ni siquiera el más básico contacto con la gente fluye con la atención adecuada (desde luego no me refiero a poder decidir no cumplir órdenes ilegales, lo cual es una obligación en ambas funciones).

La ocupación militar de los territorios es una medida de control que aparenta cercanía a las comunidades, pero es todo lo contrario; según la experiencia, los abusos crecen precisamente en la medida que se prolonga la presencia verde olivo. El despliegue policial de proximidad, en cambio, es parte de una caja de herramientas de reconstrucción de los vínculos, como bien enseñan por ejemplo las metodologías del Centro de Investigación y Acción Social A.C.

Ninguna plataforma de buenas prácticas con prestigio internacional a favor de la seguridad, la justicia y la paz pone a los militares al frente. Nadie ha dicho, por lo demás, que su auxilio subsidiario no sea indispensable donde los enfrentamientos armados rebasan las capacidades policiales. Pero una cosa es eso y otra muy diferente es el reemplazo de policías por militares, preferencia llevada al extremo en este sexenio como comprobó el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX, encontrando que el número de militares operativos desplegados en seguridad pública rebasó en el 2023 al total de policías estatales y municipales.

Un apunte técnico final: en este sexenio, como en los dos anteriores, el Estado no publicó la evaluación de impacto del despliegue militar, de manera que no contamos con evidencia pública de la comprobación de sus actuar con los métodos aceptados. Las reducciones en algunos de los índices delictivos obedecen a quién sabe qué, en estricto sentido, en especial cuando la impunidad sigue a tope y cuando confirmamos, por ejemplo, que cada efectivo de la Guardia Nacional puso a disposición de autoridad administrativa o del ministerio público a 0.024 personas en el 2022.

No queriéndolo, López Obrador deja esta nueva lección aprendida para el país: la seguridad ciudadana con los militares al frente, no.