Hacer una lista de los retos económicos que enfrenta un país no es fácil. Las prioridades variarán entre el norte y el sur, entre campesinos e industriales, entre jóvenes y adultos mayores. Aun si no lo hicieran, habría discrepancias sobre el orden de prelación o el sentido de urgencia de cada reto listado. El consenso es quizás más difícil en un país como el nuestro: décimo en el mundo por población, con 130 millones de habitantes, con disparidades socioeconómicas profundas, con visiones políticas aparentemente infranqueables. En cualquier caso, al considerar las opiniones de distintos grupos de interés, la lista de retos se hará larga y su priorización -crucial sobre todo cuando el dinero, el tiempo y el “ancho de banda” escasean- será compleja.
Siguiendo ese enfoque, en un primer grupo están “los ciudadanos”. Según una encuesta reciente a más de 5 mil votantes realizada por El Financiero, 31 por ciento de los encuestados opinó que la inseguridad es el asunto más importante que debe combatir el nuevo gobierno. 29 por ciento sugirió crear más empleo, 19 por ciento pidió atacar la corrupción, y 16 por ciento expresó la necesidad de reducir la pobreza.
“Los expertos” constituyen otro grupo relevante. Banxico pregunta mensualmente a más de 40 analistas y consultores económicos, nacionales y extranjeros, cuáles son los problemas que obstaculizan el crecimiento. Los más mencionados, por mucho, son los de gobernanza. Reciben entre 50-60 por ciento de las menciones, destacando la inseguridad pública. Por sí sola y entre un total de más de 30 reactivos, registra típicamente alrededor de 20-25 por ciento de las respuestas. Otros impedimentos, según los expertos, son la incertidumbre política interna, la impunidad, la corrupción y otros problemas de Estado de derecho.
Recientemente, México ha recibido mucha atención como potencial de inversión por la expectativa del famoso nearshoring. En esta coyuntura, es especialmente útil la opinión de “las empresas” acerca de los factores necesarios para consolidar ese potencial. La insuficiencia energética e hídrica se señalan recurrentemente como principales retos. La inseguridad también figura en la lista de desafíos, además de la falta de infraestructura, los trámites excesivos y distintas tensiones en la relación México-Estados Unidos.
Un grupo más es el de las agencias calificadoras, cuya perspectiva incide en la percepción sobre México de los inversionistas y en los costos de financiamiento que enfrenta el gobierno. Entre sus preocupaciones, destacan las fiscales y de sostenibilidad de la deuda pública, refiriéndose a los altos déficits, la estrechez de la base tributaria, la baja recaudación y el limitado espacio fiscal. Con frecuencia mencionan a Pemex y sus elevados niveles de deuda e ineficiencias múltiples. También resaltan como desafíos la falta de energía y agua, varios temas de estado de derecho e inseguridad, así como necesidades de infraestructura y de mano de obra calificada. Más recientemente, dadas las amplísimas mayorías que se prevé Morena tenga en el Congreso, se ha apuntado a la potencial aprobación de reformas constitucionales, como la judicial, como riesgo al sistema de contrapesos vigente y, más generalmente, a la calidad y la fortaleza institucional.
Ante esta larga lista de retos -todos relevantes-, convendría buscar convergencias para definir prioridades. Entre las distintas opiniones, la inseguridad es un claro común denominador. No sorprende. Según cifras del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, 16 ciudades mexicanas figuran entre las 50 ciudades con más homicidios en el mundo. Colima, Juárez, Obregón, Tijuana, Zacatecas, Zamora, entre otras, figuran año tras año en el top ten. La consecuencia obvia es la inhibición de la inversión, el crecimiento y la productividad de empresas y trabajadores. Según el FMI, por ejemplo, si Latinoamérica redujera sus tasas de homicidio al promedio mundial, el crecimiento anual del PIB sería 0.5 puntos porcentuales más alto, con ganancias mayores para localidades donde la violencia es más extrema. Desde luego, los daños no son solo económicos. La sociedad vive con miedo, se merma nuestro sentido de pertenencia. Como un cáncer, nos destruye desde adentro.
Ahora bien, el enfoque anterior no garantiza que la definición lograda de retos y prioridades sea exhaustiva -ni óptima-. Pienso en al menos otro desafío que no se explicita y parecería fundamental: la educación. México se ubica en el lugar 96 en el subíndice de educación (ajustado por desigualdad) del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, el cual mide años de escolaridad de la población. Bolivia, Brasil, Jamaica y Venezuela, por dar algunos ejemplos, obtienen puntajes más favorables. Por otro lado, en la última evaluación internacional de la prueba PISA, México obtuvo la clasificación 51 (de 81 países participantes), con menores calificaciones que las de Kazajistán, Mongolia, Moldavia y Uruguay. Los resultados recientes solo profundizaron la tendencia a la baja que persiste desde 2012, particularmente en lectura y en matemáticas. En esta última disciplina, apenas 34 por ciento de los estudiantes mexicanos registró un nivel de competencia básico, mientras que el promedio de los países de la OCDE es 69 por ciento. Por donde se mida, el rezago es enorme.
Cerrar brechas tan amplias en educación generaría impactos económicos y sociales muy positivos. Por ejemplo, se estima que cada año adicional de educación se traduce en aumentos en el ingreso de los trabajadores de 10 por ciento por año. Para dimensionar esta cifra, frecuentemente se compara con los rendimientos de distintos activos financieros. En el caso de los Cetes a 28 días, su tasa de retorno anual ha promediado 6-10 por ciento en los últimos 10-30 años. El rendimiento del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores ha sido incluso más bajo desde 2004, de alrededor del 4 por ciento en promedio. Tendríamos que considerar un lapso más largo, desde principios de los noventa, para generar un rendimiento más alto, del 14 por ciento. Por otro lado, diversos estudios sugieren que las ganancias económicas por un año extra de escolaridad son mayores para mujeres y grupos vulnerables. Así, no sólo la educación parecería ser una inversión económica generalmente redituable, sino que además promueve otros fines, como la inclusión -un elemento que destaca Sheinbaum en su programa de gobierno-.
Sobre esto último, las carencias en materia de educación están además al centro de muchos de los retos antes referidos, por lo que subsanarlas podría desatorar simultáneamente varios cuellos de botella. Por ejemplo, existe una amplia literatura económica que documenta que más y mejor educación reduce el crimen y la violencia (ver este artículo reciente, y este otro para el caso de México). Una explicación es que una persona más educada tiende a percibir mayores ingresos y enfrenta mejores perspectivas laborales, lo que reduce su probabilidad de delinquir. En agregado y en el largo plazo, ello implica una tendencia a la baja en la inseguridad pública. Sin embargo, hay otro efecto, aun más potente, conocido como “incapacitación dinámica”: en la medida que un joven se mantenga en la escuela, disminuye su exposición a un entorno adverso, algo particularmente importante durante los años formativos de un adolescente. Este impacto es significativo porque se manifiesta en el corto plazo, a la vez que potencia los efectos de más largo plazo que se dan por los canales de ingreso y laboral.
Enfrentar los desafíos económicos que México tiene por delante requerirá un enfoque técnico, decidido, estratégico e integral por parte de la administración de Claudia Sheinbaum. La inseguridad y la educación deberán situarse al centro de las políticas públicas -la primera, por su urgencia; la segunda, por su capacidad transformadora-. Invertir en una educación de calidad y asegurar la permanencia de los jóvenes en la escuela no sólo fomenta mayores ingresos y mejores oportunidades laborales, sino que puede generar un círculo virtuoso de desarrollo económico y social. Si además se impulsan políticas públicas de soporte -que promuevan la inversión en agua, energía e infraestructura, que robustezcan las instituciones y las finanzas públicas, entre otras-, estaremos, ahora sí, transformando la larga lista de retos de México en oportunidades de progreso y bienestar para todos los mexicanos.
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El autor es Adrián de la Garza, doctor en Economía por la Universidad de Yale. Actualmente es economista en jefe global en Cemex y forma parte del grupo de Expertos México, ¿cómo vamos?
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