¿Sin recursos suficientes podrá el nuevo gobierno avanzar la agenda en salud?
El inicio de un nuevo sexenio representa una oportunidad para mejorar las políticas públicas en todos los sectores, incluida la salud pública. Pero ¿cómo se está planteando el nuevo gobierno mejorar el sistema de salud pública y cuáles son sus prioridades?
Como contexto, el sistema de salud enfrenta varios desafíos, que han sido documentados por pacientes, organizaciones de la sociedad civil, periodistas e incluso instituciones públicas, como : 1) el bajo gasto en salud pública y que, en 2022, generó a las familias un gasto de bolsillo trimestral de $1,345 pesos; 2) una crisis persistente de infraestructura, insuficiencia de profesionales de la salud, y desabasto de medicamentos e insumos, que se agravó en zonas alejadas y de difícil acceso y que generó que, en 2022, 48.8 % de las personas se atendieran en consultorios privados y no en instituciones públicas; 3) la fragmentación del sistema de salud que ocasiona que las personas reciban una atención diferenciada dependiendo de la institución a la que acudan; 4) la falta de un sistema de salud público consolidado para la población abierta, que es la más vulnerable; 5) la ausencia de un enfoque intercultural, de género e interseccional en la política de salud; 6) la creciente opacidad y falta de rendición de cuentas del gasto desagregado en salud; etc. Estos desafíos tienen impactos profundos y afectan mayormente a la población más pobre.
En primer lugar, el gobierno consolidará al IMSS-BIENESTAR apostando por la federalización para que todas las personas del país sin seguridad social accedan a un mismo estándar de atención similar al del ISSSTE o IMSS. Propone también equipar adecuadamente la infraestructura del IMSS-BIENESTAR, contratar personal suficiente, y ampliar los turnos en clínicas, hospitales y quirófanos.
En segundo lugar, el Proyecto de Nación plantea que las tres principales instituciones, el IMSS, ISSSTE o IMSS-BIENESTAR, compartan infraestructura y servicios para alcanzar una mayor cobertura territorial, atender la fragmentación actual del sistema de salud y homologar el estándar de atención. Propone fortalecer la capacidad resolutiva, el personal, y la infraestructura de estas tres instituciones. Buscará además, tener una unidad de atención primaria por cada 3,000 personas y que nadie deba trasladarse más de una hora para llegar a una unidad de salud.
Una tercera apuesta es promover un enfoque preventivo en centros de salud primaria, que brindan 80 por ciento de atención a la población. Para ello, estos centros contarán con más personal sobre todo enfermeras profesionales, nuevos protocolos y guías clínicas de atención, así como mayor capacidad resolutiva para prevenir, diagnosticar y mantener en control enfermedades crónicas que tienen una alta incidencia como hipertensión, diabetes, EPOC, etc.
Una cuarta apuesta es garantizar el 100 por ciento de abasto de recetas y reducir los costos totales de medicamentos e insumos en por lo menos 10 por ciento. Para ello, se apuesta para que Birmex, como institución pública, fortalezca la compra, abasto y distribución de medicamentos e insumos.
Una quinta prioridad es recuperar y asegurar una cobertura de vacunación superior al 97 por ciento, contar con las vacunas más actualizadas y al mejor precio, y promover la producción y creación de vacunas nacionales.
Para materializar estas apuestas, por ejemplo, mejorar o consolidar infraestructura, ampliar los turnos y contratación de personal, o lograr un abasto de 100 por ciento, el Estado mexicano necesitará invertir más recursos económicos. Sin embargo, en el Proyecto de Nación no hay una mención ni una cuantificación -ni siquiera provisional- sobre cuántos recursos se necesitará invertir para lograr estas metas. Por el contrario, se enfatiza la necesidad de mejorar la eficiencia y lograr ahorros en procesos, como una solución para atender esto desafíos. Un ejemplo de ello es que propone actualizar el compendio de medicamentos privilegiando aquellos sin patentes o reducir en 10 por ciento los costos unitarios de los medicamentos, sin que se hable de la necesidad de adquirir medicamentos o tratamientos de nueva generación o experimentales para atender enfermedades de gasto catastrófico, que también tienen incidencia en la población y que, si no son cubiertos por el Estado, pueden llevar a las familias a la pobreza.
En los últimos años, México ha destinado apenas el 3 por ciento de su PIB a la salud pública cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de al menos 6 por ciento. El bajo gasto en salud ha sido subsanado por las y los propios pacientes y sus familias. Por ello, lograr ahorros o mejorar la eficiencia no será suficiente para superar los desafíos estructurales del sistema, se requiere una inversión sustancial y progresiva de recursos a la salud pública. Además, a la par de que se amplíe esta inversión, deben generarse mecanismos que aseguren su transparencia y rendición de cuentas.
Desde Fundar, hemos documentado que las diversas transformaciones del sistema de salud, como la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI y posteriormente del IMSS-BIENESTAR, han generado una disminución de la información disponible y desagregada sobre el uso y destino del gasto en salud.
Por ello, será importante que, en el próximo Plan Sexenal de Salud, que se elaborará y publicará en los próximos meses, se incorpore en cada prioridad o meta cuál será la inversión de recursos públicos que el gobierno está planteando destinar, además de que clarifique qué mecanismos permitirán dar seguimiento desagregado a este gasto. La salud es un derecho humano y sin recursos suficientes será imposible garantizarla.
#SinRecursosNoHayDerechos
* La autora Janet Oropeza Eng es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.
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