A las autoridades del Estado les obliga el debido proceso; a los medios de comunicación, informar con imparcialidad; pero a los universitarios, sobre todo aquellos que escribimos en prensa, nos anima contar en primera persona lo que está ocurriendo con el caso de la UAS.
Somos parte de la comunidad universitaria, conocemos cómo operan sus autoridades, y con esa convicción sabemos del cinismo al que pueden llegar con tal de evitar ser obligados a rendir cuentas.
La estrategia que mejor se les acomoda es la victimización. Lo que buscan es eludir la justicia. No tienen pensado explicar qué han hecho todos estos años con el presupuesto. Tan fácil que fuera transparentar peso por peso. Pero no les salen las cuentas. Es casi seguro que el dinero lo utilizaron de forma discrecional, para financiar al partido y para incrementar el patrimonio personal de sus dirigentes.
Las evidencias sobre el mal manejo de los recursos son claras. Entre 2017 y 2023 el Comité de Adquisiciones de la UAS autorizó compras sin licitar por un valor de 526 millones de pesos, de artículos que no se sabe para qué fueron utilizados, pero que además fueron adquiridos a sobreprecio a empresas vinculadas a funcionarios de la institución y a personas allegadas al Partido Sinaloense.
Las pruebas ahí están. Son facturas públicas a la vista de todos, y que hacen constar adquisiciones irregulares que configuran presuntos delitos por los que tienen que responder las personas que planearon, autorizaron y supervisaron estas compras. No les queda más que explicar, pero como no tienen forma de hacerlo sin evidenciarse culpables, pues han preferido hacerse pasar por víctimas.
La estrategia de victimización es un mecanismo legítimo de defensa que en situaciones de riesgo llegan a utilizar minorías vulnerables ante una amenaza tal, que pone en riesgo su existencia. Por eso resulta mezquino que las autoridades de la UAS hayan optado por ese recurso, siendo que en Sinaloa han sido uno de los grupos que mayor poder, influencia y presupuesto han ejercido en la vida pública
Un grupo con tanto poder como el que dirige la Universidad no está en posición de hacerse pasar por víctima. No entienden que están obligados a ejercer sus atribuciones con responsabilidad y transparencia. Por el contrario, han utilizado el poder forma abusiva, y ahora que se pone en escrutinio su actuar dicen que se trata de una persecución
Para que su estrategia de victimización surta efectos, los inculpados han tratado de mimetizarse con la Universidad, como si ellos y la institución fueran una misma cosa. Esto les beneficia porque hacen creer a la opinión pública que las denuncias son una táctica del Gobierno para dañar o apropiarse de la UAS, con lo cual justifican la necesidad de la movilización social.
Pero como en estos tiempos la información circula libre y por lo tanto la ciudadanía está enterada de lo que ha hecho y deshecho el cuenismo, pues las movilizaciones no han sido posibles más que de manera artificial, empujando a los empleados y subordinados del partido a pararse afuera de los juzgados, y a acudir casa por casa para repartir volantes.
Bien estaría que lo que dicen en las calles, se sostuviera con pruebas y argumentos en los tribunales, pero sus abogados no tienen cómo hacerlo, y por eso recurren a dilatar el proceso. Inventarán mil pretextos y enfermedades para aplazar las audiencias; desconocerán la capacidad de autoridades para enjuiciarlos; obstaculizarán las investigaciones in situ, aludiendo uso desmedido de la fuerza, y presentarán innumerables recursos de amparo utilizando como pretexto la autonomía.
Todo, menos la transparencia; todo, menos hacerse responsables. Su apuesta es hacer de la victimización y la presión social manipulada su principal activo para politizar el juicio en lo inmediato, esquivar sanciones a mediano plazo, y lograr que su control en la Universidad permanezca intacto en el futuro.
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jorge.ibarram@uas.edu.mx
