La coalición policía-crimen en Sinaloa. Quitarle la pus a la seguridad pública
Cada vez que hay cambio de administraciones en el Gobierno del Estado o los ayuntamientos sale a relucir la deficiente Policía con que cuenta Sinaloa ya sea por inferioridad numérica, incapacidades, falta de equipamiento o por descomposición. Y se resuelve por métodos sumarios que la seguridad pública está lejos de ser la que necesitan los sinaloenses para desempeñar en tranquilidad y con orden las actividades cotidianas que tienen que ver con la vida, los bienes y sobre todo el buen desarrollo individual, familiar y colectivo.
Pasan los sexenios o trienios y el reporte en las corporaciones policiacas sigue siendo sin novedad, es decir nada pasa o todo cambia sólo para seguir igual, en ese disimulo que nunca se rompe así se renueven los ciclos políticos. El modelo en la mentalidad de los gobernantes ancla en dejar pasar, dejar hacer, en un tema que ha sido decretado como irremediable y lo endosan a la población como predestinación a la violencia.
El instinto público oscila entre cuidarse más de los policías que de los delincuentes. Por décadas se ha dejado flotando en el aire la percepción de desamparo que emana de la mala fama de guardianes del orden que se despojan de la vestimenta azul para ceñirse la indumentaria negra de los gatilleros del narco. Para efectos de apariencia oficial son promotores de la paz; off the record funcionan como ayudantía del hampa.
Recientemente, en los ataques de células delictivas contra las cámaras de videovigilancia en Culiacán fue detectada la participación de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal recalcando que detrás de toda movilización criminal existe la correspondiente cuota de complicidad policial. Y que en tal colusión siempre hay efectivos bajo investigación y jamás resulta la sanción ejemplar para inhibir el contubernio.
Así también, 21 meses después de que integrantes de la Policía Estatal Preventiva asesinaron a dos mujeres de Tamazula, Durango, al abrir fuego en Sanalona, Sinaloa, contra el vehículo en que viajaban cuatro personas, la justicia se estancó en un largo proceso judicial que persiste en enredar la investigación del doble homicidio y victimizar a los victimarios. El caso causó un conflicto político entre los gobiernos de ambos estados y afectó la imagen y misión de la PEP al abatir a los pacíficos en vez de doblegar a malandrines.
Otro caso sonado, pero que igual pasó del escándalo al silencio, es el de policías municipales de Mazatlán que la madrugada del 27 de mayo de 2021 fueron acusados de privar de la vida a una mujer inocente, víctimas colaterales les llaman, al disparar contra ocupantes de un automóvil que desobedecieron la indicación de alto en un retén instalado sobre la Avenida La Marina. Todo quedó en el pésame que el entonces director de la corporación, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, ofreció a la familia de la víctima que “estuvo en el momento exacto donde se dio esta agresión hacia los elementos, y desgraciadamente pasó este hecho”.
Podrían enumerarse varios casos donde por voluntad propia, negligencia o corrupción los policías han estado del lado equivocado. Participan en “levantones” y entregan a los “detenidos” a grupos delictivos, colaboran con comandos armados ejecutores, agreden a ciudadanos hasta asesinarlos y allanan domicilios sin orden judicial. Entre 2019 y 2021 La Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos han documentado al menos 20 casos de abuso policial o de implicación de agentes de la seguridad o pública con delincuentes, en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Ahome. En agosto reciente, elementos municipales detuvieron en Los Mochis a un menor de 15 años de edad acusado de robarse una bicicleta, quien murió en los separos de la corporación por traumatismo craneoencefálico debido a un golpe en la cabeza.
Por las consecuencias que ha dejado este sistema de componendas policías-crimen, siendo el daño principal la desconfianza de los ciudadanos en el aparato de seguridad pública, las interrogantes son las mismas para los gobiernos, el estatal y municipales, que el 1 de noviembre asumirán funciones o se refrendan en los cargos. ¿Traen algún planteamiento para el saneamiento de la esencial tarea policiaca? ¿Tomarán por los cuernos a la bestia de la complicidad entre los que representan a la ley y quienes la desafían? ¿Traen consigo acciones que detecten y resuelvan desde lo profundo el esquema que echa abajo la ilusión por la paz y Estado de derecho? ¿Vienen en serio a corregir o proseguirán con el interés fingido que naufraga en el discurso?
Por lo pronto, al Gobernador electo, Rubén Rocha Moya, se le conoce el planteamiento de Universidad de Seguridad Pública que impulsará la profesionalización del servicio policial, aunque esa idea requiere fortalecerla con un programa que atienda en su generalidad las causas y efectos de la descomposición en las corporaciones estatales y municipales de protección a la gente de bien. Tratándose de un Sinaloa a merced de los hampones, urge ponerle fin al terrible binomio de policías delincuentes y ciudadanos indefensos.
En Sinaloa falta la tarea,
De gobernantes más valientes,
Para que Policía ya no sea,
Sinónimo de delincuentes.
Pero también hay que desterrar las injusticias que se cometen contra los policías estatales y municipales que al crearse la Guardia Nacional han sido relegados en sus funciones y remuneraciones, como es el caso de Culiacán donde ayer se manifestaron, apoyados por Dignora Valdez López, emblema de la dignidad policiaca, elementos jubilados de la DSPyTM que exigen que el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro les pague la prima de antigüedad completa, sin exigirles el pago de “moches”. ¿Con qué calidad moral las autoridades irresponsables les pueden pedir a sus policías que cumplan con el deber?
