Veinte años después de que se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública –con todo y las plataformas de datos sobre el historial de los criminales—los gobiernos que sucedieron al de Ernesto Zedillo después del año 2000 no han podido consolidar un proyecto policiaco acorde a las urgencias del país. Todos, sin excepción, terminaron maniatados por la mafia.
Vicente Fox acabó devorado por la corrupción, dando pie a la consolidación del cártel de Sinaloa; Felipe Calderón siguió el mismo guión y entronizó a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, como el capo del panismo. Jamás quisieron detenerlo. En el actual gobierno el caos y las matanzas se han insertado en la vida cotidiana mientras los catorce cárteles del narcotráfico se afianzan y extienden sus tentáculos hacia otros continentes a donde exportan inestabilidad y violencia. No hay combate al crimen sino corrupción, muertes e impunidad. El gobierno de Enrique Peña Nieto naufraga en un abismo y la sociedad padece todos los días los desaciertos de un presidente ignorante y corrupto.
No es cierto que con López Obrador México se convertirá en otra Venezuela. Los estragos de esa Venezuela caótica ya se viven en México con Peña Nieto, donde imperan dos dictaduras que parecen indestructibles: la del PRI en el poder y la del crimen organizado que, con su violencia y saña, provocan inestabilidad, miedo y terror, algo nada menor que el hambre que padece Venezuela con el dictador Nicolás Maduro.
Desde el año 2000, en México ha resultado imposible consolidar un proyecto policial acorde a las necesidades. Los gobernantes han usado a las policías para sus fines aviesos. Con bajos sueldos y poca profesionalización los han lanzado a las garras de la corrupción del crimen organizado porque así les conviene. El gobierno no necesita una policía sana, necesita una policía corrupta para mantener firme el negocio de las drogas y otros más con los que ya operan los cárteles.
Esa es la razón por la que ningún gobierno ha cumplido el proyecto de armar una estructura de seguridad que frene las matanzas y el caos que impera por doquier.
Por donde se les mire, las policías de todos los niveles están “cartelizadas”, al servicio del crimen organizado, y este problema sigue sin resolverse porque, cada nuevo sexenio, se ensaya con un nuevo modelo de policía, acorde a las necesidades del país pero también basado en los intereses criminales que cada gobernante adquiere cuando asciende al poder.
A partir del año 2000, cuando el PRI perdió la presidencia de la República, se dio paso a la alternancia política y con ello el narcotráfico dejó de entenderse con un poder central –el presidente de la República –para dar paso a una diseminación del poder criminal, cuyos jefes procedieron a pactar con gobernadores, jefes policiacos, alcaldes y hasta con los comandantes adscritos a los municipios. De igual forma comenzaron a financiar campañas políticas, desde alcaldes hasta senadores, diputados y gobernadores, con lo que el narcotráfico se hizo de los servicios de toda la red policiaca del país, ya que dicha estructura les era muy necesaria para mantener sus negocios y garantizar su protección.
Este fenómeno descobijó a la sociedad toda, se quedó sin protección en las calles y se rompió con el principal dique de la seguridad –la prevención –pues casi todas las estructuras policiacas se coludieron, por voluntad o por coerción, con el crimen organizado.
Esto explica, en parte, por qué el país está incendiado por la violencia y explica también el papel que actualmente juegan las policías de todos los niveles. En realidad las policías están convertidas en cárteles: secuestran, asesinan, detienen y entregan a los presuntos delincuentes a los grupos criminales y no a las autoridades.
El caso de Veracruz ilustra enfáticamente este problema. Ahora está saliendo a flote información sobre el verdadero papel que jugó la policía durante el gobierno de Javier Duarte. En ese periodo de gobierno la policía era el brazo armado del poder, era usada para matar, secuestrar, torturar y desaparecer. No se descarta que también hayan participado en la epidemia de muertes contra periodistas, la cual se agudizó durante el gobierno de Duarte de Ochoa. Cabe precisar que el desgobierno que padece Veracruz no es sólo consecuencia del pasado: en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares también ha privado la corrupción y la policía ha actuado con excesos, pero no se actúa porque la estructura policiaca veracruzana jugará un papel clave en la elección del 1 de julio: será el brazo operativo del poder.
Este fenómeno de descomposición también explica la desaparición de los tres ciudadanos italianos en Jalisco, entidad que sirve de asiento al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización criminal que creció a pasos agigantados durante el gobierno de Aristóteles Sandoval, un personaje no ajeno al narcotráfico porque desde antes de emprender su campaña rumbo a la gubernatura se mantuvo muy cerca del empresario Tony Duarte, un hombre a quien la PGR y la DEA identifican como operador de Ismael Zambada García, El Mayo y cuyo hermano fue asesinado en Puerto Vallarta en posesión de drogas.
El hecho de que la policía de Jalisco haya entregado a los ciudadanos italianos Raffaele y Antonio Russo (padre e hijo, respectivamente) y a Vicenzo Cimmino a grupos criminales por 43 dólares, no sorprende: desde que asumió la gubernatura Aristóteles Sandoval la policía de Jalisco ha actuado de esa forma y no es ningún secreto que toda la estructura policiaca trabaja para Nemesio Oceguera, el jefe del CJNG.
Basta recordar que al inicio del gobierno de Sandoval fue ejecutado el secretario de Turismo del estado, Jesús Gallegos, cuando salía de una reunión de la Casa Jalisco.
Según el expediente del caso, policías y sicarios al servicio de El Mencho se dieron a la tarea de seguir al funcionario por todas partes. En una ocasión estuvieron a punto de asesinarlo en su propia oficina, pero el intento se frustró. No obstante, siguieron con el plan para ejecutarlo y fue clave la colaboración de la policía de Guadalajara para ubicar al funcionario y así poder asesinarlo.
En el mismo expediente algunos miembros del CJNG que fueron detenidos por ese crimen declararon que El Mencho ordenó su asesinato porque sabía que Gallegos estaba lavando dinero del cártel de Los Caballeros Templarios y que existía un plan para desplazar al CJNG de su zona de asiento.
Lo que en el expediente también queda claro, por voz de los propios declarantes, es que toda la estructura del CJNG opera con el respaldo de las policías y de la procuraduría del estado. Dentro del cártel operan personas que se dedican a zafar a sus secuaces cuando son detenidos, también hay quienes se dedican a la ejecución de rivales y otros cuya tarea es abrir más mercado a través de las llamadas narcotienditas para que la venta de droga se expanda por todas partes. Toda la red de protección está a cargo de las policías estatales y municipales y se les paga por sus servicios.
El mismo modus operandi se observa en el Estado de México, por cierto ya bajo el control del CJNG, según reportes del Cisen. Y en Veracruz, Tabasco, Morelos, Nuevo León, Baja California, Sinaloa, Sonora, Hidalgo y Guerrero, entre otras entidades.
En Guerrero comenzó a notarse, en 2004, este rol jugado por las policías. En ese año el cártel de Los Zetas estaba afincado en esa entidad, rivalizaba con el cártel de Sinaloa, representado entonces por Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, quien vivía como un jerarca en Acapulco igual que después lo hizo en Morelos, donde tenía el apoyo de militares y de los entonces gobernadores Sergio Estrada Cajigal y Marco Adame. En ese tiempo también se protegieron las operaciones de Juan José Esparragoza, El Azul, quien tenía como escolta personal a José Agustín Montiel, por aquel tiempo Coordinador de la Policía Ministerial de Morelos.
Montiel estuvo al frente de la policía en Guerrero cuando el gobernador era José Francisco Ruiz Massieu, una época en la que el narcotráfico operó con toda la protección gubernamental, igual que ahora ocurre en todo el territorio, con la diferencia de que en ese tiempo las policías todavía mantenían los controles y asignaban al crimen organizado los territorios donde podían operar.
De acuerdo con informes del Senado de la República, el 80 por ciento de las policías del país están al servicio del crimen organizado; un porcentaje similar de alcaldes también tienen vínculos directos o indirectos con grupos criminales, lo que explica la exacerbada violencia que azota al territorio y que, hasta la fecha, ninguna autoridad civil ni militar ha podido frenar.
Cuando faltan nueve meses para que termine el fatídico sexenio de Enrique Peña Nieto, ningún gobernador ha cumplido con el proyecto de reformar a sus corporaciones policiacas. En poco más de cinco años, los presupuestos designados para la seguridad se han tirado a la basura, ya que nadie ha entregado un programa real de depuración y profesionalización de los cuadros responsables de la seguridad. Y tampoco se les exige.
En todo el país los jefes policiacos están capturados por el crimen organizado y no pueden cumplir con las tareas de seguridad. En resumen, no hay policías y las corporaciones que existen se han transformado en verdaderos cárteles al servicio de la protección de las redes criminales. Este es el poder del narco, poder impune, poder que gobierna en un país donde el principal ejemplo de corrupción es el propio presidente de la República.
Ni para donde hacerse.
