En defensa del testigo del caso Cuén
Fiscalía y suceso lo ponen en riesgo

Uno de los errores garrafales que cometió la Fiscalía General del Estado en la integración de la carpeta de investigación sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue el de revelar el nombre de Fausto Corrales Rodríguez que en calidad de asistente acompañó al también fundador del Partido Sinaloense el 25 de junio, mientras desencadenaban los hechos todavía no esclarecidos. Además de exponerlo a riesgos, la institución del Ministerio Público lo metió a dinámicas en las cuales ningún inocente debiera participar.

Quizás a la Fiscal Sara Bruna Quiñónez le resultó conveniente alterar la cláusula del anonimato dada la incuestionable posición moral del declarante, útil para contener la presión social que pidió informes apresurados ante el sesgo que tomaban las cosas hacia el sospechosismo a ultranza y la vorágine de conjeturas disparatadas que desbordaban en redes sociales. Pero ni aún así debió renunciar a la obligación del debido proceso.

Los intereses en pugna son enormes y para dimensionarlos urge la acción expedita de la FGE y ahora de la FGR. Es que entre más tiempo pase se dificultará la faena de delimitar las responsabilidad y las dudas causarán indeseables efectos expansivos, por lo pronto el de salpicar a algunos que ni la deben ni la temen. ¿Dónde está el delito de quien fortuitamente, cumpliendo una obligación laboral, entró a esa línea del tiempo que quedará plasmada en la historia negra de Sinaloa?

Fausto Corrales es una buena persona formado en la estirpe que le ha inculcado valores y que tiene de referentes la lucha de la madre a favor de segmentos en desamparo, y en la actividad política y académica del padre, sin que se les conozca mácula alguna. Como antecedente de peso para evaluar al joven que circunstancialmente vivió esas horas violentas, vale recordar que cuando Víctor Antonio Corrales Burgueño, el papá, se desempeñó como Rector de la UAS, en el período 2009-2013, sucediendo en el cargo a Cuén Ojeda, no benefició a sus hijos con puestos o recursos públicos universitarios.

El hecho de que Fausto Corrales estuviera en el lugar y el momento en que sucedió el ataque no lo convierte en sospechoso ni en objetivo de la investigación. En una mezcla de lealtad y profesionalismo cumplía con un deber que se fincó en la confianza que le otorgó Cuén Ojeda precisamente cuando ésta comenzó a escasear en el círculo cercano del político y empresario que ocasionó el desplazamiento de a los poco fiables y ello causó rencillas intramuros.

Fausto Corrales es una víctima más, no colateral sino directa, cuya vida estuvo en peligro. Al hallarse en medio de la circunstancia en torno a la cual se tejen conjeturas al por mayor, y ser parte de la averiguación previa que carece de pies y cabeza, le hace cubrir costos que no le corresponden pagar. A la suerte de salir ileso le debe seguir la garantía jurídica de que en calidad de testigo sea tratado como tal sin exponerlo a más adversidades de las que enfrentó.

En todo procedimiento pericial y también en los autos de la justicia se procede a testar la información que revela elementos de identificación. Para la Fiscalía tal secrecía permite blindar las indagatorias y crear confianza en los aportantes a la investigación, y para el Poder Judicial la presunción de inocencia coadyuva a mantener a salvo física y moralmente a imputados en tanto viene el resolutivo de culpable o inocente.

Al atraer la investigación sobre la muerte de Cuén y los contextos adláteres, la Fiscalía General de la República debe amparar los derechos del testigo a aportar elementos que considere necesarios para la indagatoria, con el límite de cuidar la seguridad propia y de la familia. El declarante es ajeno a la trama criminal; sólo desde su posición vivencial puede ser llamado a comparecer, exento de la vieja propensión por criminalizar a aquellos que son coadyuvantes. La esencia del testimonio es la libertad con que se da y la ausencia de coacción al obtenerlo.

La Ley establece que todos aquellos que tengan conocimiento de hechos que las partes deban probar están obligados a declarar, sin embargo, el criterio jurisprudencial tiene la regla no escrita de conocer la honorabilidad de los testigos para cuidar la credibilidad del testimonio. En esto debe profundizar la PGR: el sólido perfil ético de quien con su decencia dota de confiabilidad a la evidencia. En el caso Cuén será fundamental convencer al tribunal ciudadano de que la verdad le está siendo expuesta y a partir del acceso a la realidad proceda a templar los desconciertos y temores activados desde la comentocracia.

La familia Corrales Rodríguez es pacífica y respeta a los demás. Beatriz Rodríguez lleva años en la trinchera por la equidad de género y peleando en contra del hostigamiento y acoso sexual en la UAS, al margen de disputas y divergencias que sucedan en el campus. Víctor Corrales indujo a la Universidad durante su rectorado en el programa Doctores Jóvenes que les abrió el horizonte a estudiantes para que al terminar una licenciatura asciendan a los posgrados.

Nadie caiga en purgatorios,

De fiscales incompetentes,

Que a presuntos inocentes,

Los hacen chivos expiatorios.

Al video que proporcionó la Fiscalía General de Sinaloa en relación a la gasolinera de La Presita donde supuestamente fue asesinado Cuén Ojeda le faltó anexarle el informe del análisis de criminalística sobre imágenes que generan más preguntas que respuestas. ¿Se escuchan las detonaciones de las armas que portaban quienes intentaron robar la camioneta en la que viajaban el dirigente del PAS y su ayudante? ¿Hay la luminiscencia propia de la deflagración de la pólvora? ¿Qué vieron los trabajadores del expendio de combustibles? ¿Qué hace una camioneta con torretas, al parecer patrulla policiaca, captada por la cámara?