El lado feo de legalizar carros importados
No siempre los ‘chocolates’ son sabrosos

Antes de que la regularización de automotores internados ilegalmente al País, modelo 2017 y anteriores, se le convierta en bola de engrudo como ya ocurre en otros estados, el Gobierno de Sinaloa debe analizar la factibilidad del esquema de ventanilla única porque causa confusión entre los beneficiarios de la medida. Una vez iniciado el proceso, el principal escollo consiste en lograr que al realizar el trámite ante la Dirección de Vialidad y Transportes ya vayan revisados los requisitos y preautorizados por un primer control expedito y honesto.

No es cualquier cosa, pues de alrededor de 300 mil automóviles y camionetas que transitan de manera irregular en Sinaloa, los cálculos más conservadores prevén la legalización de 120 mil unidades, lo cual le ingresará al erario estatal alrededor de 500 millones de pesos entre pagos al Registro Público Vehicular y costo de calcas y placas de circulación. Siendo así, el primer obstáculo a brincar una vez que se dé el banderazo inicial es organizar el flujo de las solicitudes.

El Gobernador Rubén Rocha está frente a uno de los retos iniciales de la administración pública que dirige debido a que los posesionarios de autos “chocolate” buscan las condiciones adecuadas para formalizar la situación sin caer en un enredo burocrático que los haga desistir de aprovechar la oportunidad recién brindada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. También hay que ver que entre más complicado sea el trámite, mayor es el riesgo de que la corrupción lo eche a perder.

La duda que domina, hoy, es adónde acudir para la regularización de los vehículos y la preocupación consiste en cómo llegar a la ventanilla única con la documentación en regla, sin que el expediente sea rechazado una y otra vez para entrar así a un bucle burocrático. En la opinión del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Gene René Bojórquez, quien es uno de los impulsores para que López Obrador incluyera a Sinaloa en el decreto de regularización, la clave está en acudir a las agencias aduanales para que instalen los suficientes centros receptores de solicitudes y otorguen los correspondientes pedimentos de importación, simplificando la gestión y dando certeza de que de allí en adelante el trámite correrá sin trabas.

Aunque el decreto establece que en el proceso de regularización correrá por cuenta del Repuve y que no participan las agencias aduanales, en ningún momento se da a conocer la estructura opcional que será montada para evitar que colapse la atención a la gente como ya sucede en otros de los 12 estados en los que tiene efecto la decisión presidencial. En Sonora, por ejemplo, la legalización de los conocidos como “chocolates” no empezó el 15 de marzo como estaba previsto y se pospuso hasta nuevo aviso.

La intervención de Rocha Moya se necesitaría para reducir el cobro que un agente aduanal hace por darle certeza el trámite, por el orden de los 5 mil pesos a cada poseedor de vehículos sin regularizar. Tomando en cuenta la cantidad de peticionarios del servicio, podría reducirse hasta a mil 500 pesos y las agencias autorizadas sí pueden desplegar los módulos de atención que se necesitan, generando empleos eventuales, quitándole presión a las dependencias del Gobierno del Estado al tiempo de agilizar el desfogue de tan fuerte demanda.

Excepto que el Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Vega Díaz, o el Director de Vialidad y Transportes, Miguel Loaiza Pérez, ya lo tengan resuelto, aquí resulta crucial la creatividad organizacional para evitar que la buena noticia que significó para muchos la apertura del proceso regularizador se torne en inconformidad por procedimientos lentos, complejos y la intervención de “coyotes” que le agreguen emolumentos por desmarañar la gestión. Otro punto a considerar es que el trámite no se puede efectuar en las plataformas del gobierno digital porque consiste en verificar en físico documentos y hologramas que acrediten la legalidad del vehículo.

Paralelamente debe crearse el “colchón” económico que atenúe el impacto en la industria automotriz que apenas está levantándose de la devastación que el coronavirus causó en las armadoras y distribuidoras. Otro efecto no considerado en el recuento de los daños es que muchos de las unidades importadas traen defectos o descomposturas que en corto tiempo las harán inservibles u obligarán a los propietarios a invertirse en reparaciones, sin que exista instancia que los proteja como consumidores de lo “chueco”.

Es decir, esto va más allá de un trámite con final feliz. La contaminación por tratarse de carros a punto de cumplir la vida útil y las consecuencias en las vialidades de ciudades con parques vehiculares que ya son un problema de saturación, sólo por mencionar algunos bretes, plantean programas estructurales para las secuelas que vendrán una vez que se resuelva la regularización que por sí sola es un problema.

Hay dos cosas que a la vez,

Demandará la regularización:

La atención con rapidez,

Y que no interfiera la corrupción.

El Rector Jesús Madueña Molina está convertido en factor de distensión en la relación de la Universidad Autónoma de Sinaloa con el gobierno de Rubén Rocha Moya. Poco dado a sobredimensionar la situación que vive la casa de estudios o utilizar las dificultades para llevar agua al molino azul y oro, ayer salió a explicar lo relacionado con el adeudo que el Sistema de Administración Tributaria le adjudica a la institución educativa por más de 2 mil millones de pesos. Optó por llamar a la serenidad al decir que “en la UAS no hay nada por qué preocuparse”.