Lo que AMLO trajo: legalizar lo ‘chueco’. Lo dulce y lo amargo de los ‘chocolates’
Sin el ánimo de echarles a perder la buena noticia a alrededor de 300 mil beneficiarios en Sinaloa, la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de legalizar los automotores de procedencia extranjera internados ilegalmente a México debió ser celebrada por los rapaces intermediarios y las organizaciones que lucran con un negocio oscuro que en vez de ser frenado recibe el aliento del Estado mexicano por el bono político que trae consigo. ¿Se vale que en pleno proceso de revocación de mandato el populismo ande a todo lo que da?
En general, el Presidente se portó bien en la agenda desarrollada el domingo en el sur de Sinaloa, desairando la invitación para muestrearse entre el gentío que acudió a presenciar el desfile de carros alegóricos del Carnaval de Mazatlán, inclusive negándose a “baños de pueblo” que le podrían acarrear críticas por la veda en la propaganda gubernamental, pero ese mismo día se sacó de la manga la modificación del decreto del 19 de enero que legaliza los vehículos “chocolate”, para incluir a Sinaloa y Zacatecas en dicha regularización.
A pesar de que la gestión la hizo el Gobernador Rubén Rocha Moya después de que Sinaloa quedó fuera de la disposición original, a López Obrador se le debe adjudicar la carambola de tres bandas: en pleno proceso de revocación de mandato logra la adhesión del segmento de 3 millones de mexicanos que poseen automóviles sin legalizar, rompe la hipótesis de que venía a Mazatlán y Rosario con las manos vacías y, aparte, le crece los bonos políticos a Rocha Moya a quien, además, respaldó con toda la fuerza del régimen autodenominado de la Cuarta Transformación.
Pero en medio de la vorágine del poder público es aconsejable detenerse a analizar los pros y los contras de la medida ya que no todo “chocolate” es necesariamente dulce y cuando es amargo a veces logra matizar el empalago por las mieles del poder. En tanto pasa la fugaz y delimitada euforia por tal decisión, en algo ayuda no permitir el endulzamiento en exceso de un panorama que de tanto almíbar hasta puede derivar en un coma gubernativo para México.
En el lado amable de esta historia es favorecida mucha gente sin capacidad económica para adquirir un vehículo nuevo, que sí lo necesita para cuestiones de movilidad, a pesar de que en ocasiones sale más caro obtener de esta forma el automóvil o camioneta que el proveedor adapta para funcionar bien en tanto se concreta la compraventa, y de pronto salen a relucir las fallas mecánicas con el contraproducente costo de repararlas. En tanto, el Gobierno de Sinaloa obtiene beneficios como el cobro por placas y tarjeta de circulación, aparte de la calca del Registro Público Vehicular.
Sin embargo, el beneficio principal consiste en que el Gobierno tendrá la información del vehículo y de sus propietarios, sobre todo al tratarse de unidades que al escapar de los registros oficiales le sirven a la delincuencia para cometer fechorías. En los considerandos del decreto la Federación remarca el propósito de “desincentivar ampliamente el uso de vehículos de procedencia extranjera que se encuentran de manera irregular en México en la comisión de delitos en contra de la seguridad y patrimonio de las personas”, no obstante que omite las estrategias para detener el recurrente fenómeno donde nuestro País es el ancho embudo que absorbe automotores que desechan Estados Unidos y Canadá.
Aparte de que el problema persistirá y dentro de algunos meses requerirá de otro decreto regularizador, a la industria mexicana del automóvil le lloverá sobre mojado porque la crisis del coronavirus se agudiza por la entrada de cuanto vehículo de segunda arrojen Estados Unidos y Canadá. Datos publicados por el diario El Financiero en octubre de 2021 estiman que de enero a agosto de ese año llegaron a México más de 100 mil autos usados, lo cual significa un aumento del 35.7 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2020, que es el mayor incremento en ocho años.
Casi todos los presidentes sucumbieron a la tentación de solucionarles la posesión de un vehículo “chocolate” a familias de bajos ingresos, aunque detrás de ese giro negro existe la incalculable red que aprovecha la necesidad de muchos para satisfacer la infinita sed de riqueza de pocos. Nada de extraño tiene que López Obrador atienda ese reclamo popular que es azuzado por “coyotes”, líderes de agrupaciones que lo ven como minita de oro y vivales que se aprovechan de la ignorancia para entregarle a la gente autos con envoltura de buenos que en realidad tienen graves fallas mecánicas con reparaciones para que cautiven sólo durante unos meses.
Entonces que sea la ciudadanía la que decida si prueba o no esa sopa de su propio “chocolate”. López Obrador dirá que ya atendió una demanda social que, dicho sea de paso, beneficia también y sobre todo a los mercenarios de la comercialización abusiva de vehículos procedentes de Estados Unidos y Canadá. Por su parte, Rocha Moya lo que hizo fue gestionar que a Sinaloa se le incluyera en el acuerdo regularizador porque al quedar excluida la entidad del decreto ya hasta lo acusaban de no encajar en el buen ánimo presidencial.
El final será como aquel,
Del tremendo disparate,
De un rey de chocolate,
Que acabó siendo aguamiel.
En la misma tesitura de aquellos que compran un carro “chocolate” creyendo que resuelven sus necesidades de transporte, pero luego se dan cuenta que pagaron por recibir más problemas, los maestros afiliados a la sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación eligieron como secretario general a Ricardo Madrid, decidiendo por el statu quo del cacicazgo de Daniel Amador que de alguna manera todavía seduce a ese sector laboral que todos los días les exige inteligencia a sus alumnos. No tardan los profes en volver a darse cuenta que en lugar de agenciarse el deslumbrante Porsche que les ofrecieron, lo que obtuvieron es el mismo vocho pasado de moda y desvencijado.
