Ninguna transformación es posible mientras el Estado de derecho esté ausente y los intereses político-partidistas sean la clave para operar el sistema de justicia.

    Se presentan un conjunto de reformas que sin duda trastocarán al Estado y que tienen por objeto la concentración de poder en el Ejecutivo, la opacidad y el militarismo. Entre ellas la elección de miembros del Poder Judicial, la eliminación de plurinominales, la desaparición o debilitamiento de órganos autónomos y la profundización de la militarización, entre otros.

    La piedra angular del sistema político mexicano es el control político de la justicia. Se habla mucho en estos días, no sin falta de razón, que las aplastantes mayorías de Morena generarán un nuevo régimen político, pero lo harán dejando intacto el pilar fundamental del viejo entramado: la justicia no se define en clave de Estado de derecho sino bajo estrictos intereses políticos.

    El oficialismo habla de mejorar la justicia demoliendo la independencia del Poder Judicial. Engañan; el objetivo no es la justicia ya que no tocan a las fiscalías y tampoco desmantelan los vínculos político-criminales. Militarizan ofreciendo seguridad cuando es imposible hacerlo manteniendo los casi absolutos niveles de impunidad y con políticos vinculados al crimen organizado. Pretenden eliminar la representación proporcional en el Congreso mientras en las candidaturas abundan pactos con organizaciones criminales.

    Engañan. Ninguna transformación es posible mientras el Estado de derecho esté ausente y los intereses político-partidistas sean la clave para operar el sistema de justicia.

    Ante violencias e impunidad extraordinarias resulta absurdo pretender garantizar seguridad y justicia con instituciones ordinarias capturadas por intereses políticos, económicos y criminales. Si hubiera verdadero interés se fortalecerían a las policías civiles, habría supervisión externa del aparato de seguridad, no habría opacidad en el quehacer militar y se construirían fiscalías verdaderamente independientes, un mecanismo internacional contra la impunidad y una comisión de la verdad independiente. El resto es un engaño.

    Qué democracia pretenden defender en un país con miles de fosas clandestinas, con cientos de miles de desaparecidos, con buena parte del territorio entregado al crimen organizado, con vínculos político-criminales intactos y crecientes, con impunidad absoluta, con devastación de ecosistemas que ponen en riesgo a comunidades y al futuro mismo.

    El País atraviesa momentos muy difíciles que requieren soluciones técnicas y complejas. Tomar decisiones o justificarlas detrás de la voluntad u opinión de mayorías a las que no se les ha hablado con claridad y profundidad es irresponsable. Informar de las reformas con una larga lista de calificativos y afirmaciones genéricas sin presentar pruebas es un engaño. Pretenden hacer pasar adjetivos como si fueran diagnósticos y propaganda por razonamiento, es un engaño.

    Ante tal manipulación de la realidad solo queda decir Eppur si muove.

    -

    Especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos

    @dayan_jacobo

    Animal Político / @Pajaropolitico

    Periodismo ético, profesional y útil para ti.

    Suscríbete y ayudanos a seguir
    formando ciudadanos.


    Suscríbete
    Regístrate para leer nuestro artículo
    Esto nos ayuda a identificarte mejor al poder ofrecerte información y servicios justo a tus necesidades al recibir ayuda de nuestros anunciantes.


    ¡Regístrate gratis!