El País se desgarra ante las violencias y la clase política está lejos de poner alternativas serias en la mesa. A la mayoría de medios de comunicación y opinocracia les obsesiona quién “ganó” el debate. Allí parte del problemón que no ha podido ser resuelto por décadas.
Un día sí y otro también el desfonde nacional se hace patente. El Estado pierde cada día más el control territorial ante el avance criminal que solo puede entenderse en colusión con agentes e instituciones del Estado. El crimen organizado escala su capacidad de fuego: drones con explosivos, bombas químicas, minas antipersonales. El Estado se reduce a “reportar” las actividades criminales. Esto quedó patente con el secuestro masivo de personas en Sinaloa que, en palabras del Gobernador, son “cosas que lamentablemente ocurren”. Los asesinatos políticos ya son parte de los procesos electorales mexicanos.
La reacción de la clase política es responsabilizar a sus oponentes, pero no ocuparse de la violencia y la impunidad. En el debate presidencial ni siquiera se hizo mención de preocupación o solidaridad por este fenómeno. Ante cada masacre la reacción es minimizarla. Frente a la violencia y corrupción cotidiana se responde que se investigará o que se presentarán denuncias. Estas frases en un país con impunidad casi absoluta es equivalente a decir “olviden el asunto y no estén chingando”.
Todos los partidos políticos son o han sido gobierno a nivel federal y estatal. Si en realidad hubiera compromiso por la seguridad y la justicia, en algún estado habría avances, la justicia sería la norma y no la excepción, la búsqueda de desaparecidos avanzaría sostenidamente. Nada de esto ocurre. Más bien lo que se repite, sin importar colores, es minimizar, mentir y maquillar cifras.
Eso sí, llegado el tiempo electoral todas y todos los candidatos afirman saber cómo hacerlo y tratan de convencer a la ciudadanía que tienen el compromiso de enfrentar el reto fundamental de la nación: verdad, justicia y seguridad.
¿Sería mucho pedir, y seguramente muy ingenuo, que alguna de las candidatas a la presidencia, o quien ocupa en lejano tercer lugar, convoquen a un acuerdo de Estado para revertir la violencia y la impunidad? ¿Sería imposible que extiendan la mano y llamen a cerrar filas en estos temas y que convoquen a especialistas para delinear un acuerdo de Estado?
La paz y la justicia no llegarán sin un acuerdo de Estado a largo plazo. Es natural que existan diferencias de visión entre partidos, en estos temas tendría que haber acuerdos. Las descalificaciones son propias de los procesos electorales. Sin embargo, tendrían que abrirse espacios de diálogo y acuerdos con un piso mínimo: voluntad absoluta para erradicar los vínculos políticos-criminales y los recursos ilícitos en campañas, desmilitarización de la seguridad y de la vida pública, y combate a la gran corrupción. Para ello se requieren fiscalías sólidas y verdaderamente independientes que tardarán años en construirse, mientras tanto urge la implementación de mecanismos extraordinarios de verdad y justicia, así como la construcción de instituciones policías civiles con supervisión externa. Soluciones cosméticas no han alcanzado y no alcanzarán.
¡Basta! Seis años más de división sólo profundizará el horror. En tres sexenios la clase política, y la exigencia ciudadana, no ha estado a la altura del problemón. ¿Alguien tendrá la altura de llamar a un acuerdo nacional por la paz, seguridad, verdad y justicia?
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El autor es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos
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