El caso del asesinato de los 4 periodistas holandeses en El Salvador abre una ventana de esperanza
El 22 de agosto de 2024 en El Salvador se dio un paso ejemplar en el caso de los cuatro periodistas holandeses que fueron emboscados y asesinados en 1982 por la Fuerza Armada, mismo que pasará a la etapa de juicio; un dictamen valiente de la jueza y que “abre una ventana de esperanza” para las víctimas del conflicto armado en el país, según comités de víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
El 17 de marzo de 1982, Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen y Hans ter Laag caminaban por las tierras áridas de Santa Rita, Chalatenango, cuando el Batallón Atonal de la Fuerza Armada de El Salvador disparó en contra de ellos y los guías salvadoreños pertenecientes a fuerzas insurgentes. Los periodistas se disponían a grabar un documental en territorio controlado por la guerrilla. Algo estaba claro: al poder militar que gobernaba el país le incomodaba el periodismo independiente. Así, la maquinaria bélica militar confabuló para asesinar a los cuatro periodistas.
El ex Ministro de la Defensa Nacional, General José Guillermo García; el ex jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Armada, General Rafael Flores Lima; el ex director de la Policía de Hacienda, Coronel Francisco Antonio Morán; el ex Comandante de la Cuarta Brigada de Infantería; Coronel Mario Adalberto Reyes Mena; y el sargento Mario Canizales, conspiraron para asesinar a personas que hacían su trabajo de informar.
Desde el 2018, el caso ha avanzado a contracorriente poniendo un precedente en materia de verdad, justicia, medidas de reparación, no repetición y memoria histórica. Esto gracias a una denuncia penal presentada por la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) y la Fundación Comunicándonos, en representación de familiares de los cuatro periodistas holandeses y con el acompañamiento de la Embajada de los Países Bajos para Centroamérica, ubicada en Costa Rica. En 2021 se presentó la acusación particular en contra de los cinco militares mencionados anteriormente. Un año después, por mandato judicial se elevó el caso a la fase plenaria para llevar a juicio a los perpetradores.
Ningún crimen de lesa humanidad o crimen de guerra cometido en el conflicto armado en El Salvador había llegado a la etapa de juicio. El caso de la masacre de El Mozote, la peor masacre cometida en El Salvador y en la región en tiempos modernos, ha avanzado a pequeños pasos a pesar de la exigencia de verdad y justicia por parte de las víctimas.
Por ello la importancia de la judicialización y castigo a los responsables del asesinato de los cuatro periodistas holandeses. Este se convierte en el primer caso consignado en el Informe de la Comisión de la Verdad que pasa a etapa de juicio. Es la primera luz de esperanza para que las víctimas del conflicto armado puedan tener justicia y verdad, como también una sentencia ejemplarizante para que los crímenes contra periodistas no queden en la impunidad.
Durante el 2023, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) documentó 311 agresiones contra la prensa en el país, la cual representa un aumento del 66 por ciento en comparación con el año anterior. En este contexto hostil para la prensa ARTICLE 19 ha reiterado que el estado de excepción en El Salvador da paso a que se vigile y criminalice a periodistas. Vale destacar que recientemente la CIDH solicitó al Estado salvadoreño suspender el estado de excepción ya que las condiciones de violencia que lo propiciaron no siguen vigentes.
Este precedente histórico contribuye a romper con el estado de impunidad en los casos de graves violaciones a derechos humanos en El Salvador. Principalmente, en defensa de la libertad de expresión y prensa, a favor de los familiares y de las víctimas directas: los cuatro periodistas. De obtener una sentencia favorable a las víctimas, se tendrá un paso ejemplar y esperanzador que garantice la no repetición y que asegure que los crímenes contra periodistas del pasado y del presente no permanezcan en la impunidad.
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El autor Diego René Hernández Umanzor es representante de la Fundación Comunicándonos; la autora Jessica Alcázar Romero es coordinadora de Derecho a la Verdad de Artículo 19, y la autora Alexia Martínez Montalban es investigadora del Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19.
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