Una iniciativa que generó expectativa de la actual administración en la agenda de derechos humanos fue la de retomar el esfuerzo por avanzar en el reconocimiento de lo ocurrido en México durante la llamada “Guerra Sucia”, cuando -sobre todo a finales de los años sesenta y durante la década de los setenta- el Estado mexicano adoptó una política deliberadamente represiva en contra de disidentes políticos que generó graves violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad, impunes e irresueltos hasta hoy.
Luego de que fracasara el intento de procesar institucionalmente este pasado durante el foxismo, del posterior abandono de esta agenda en el calderonismo y con los retrocesos en acceso a la información pública del periodo peñanietista, era de esperar que la actual administración retomara los pendientes, máxime por ser directamente heredera de estas luchas del pasado.
En términos de justicia, la expectativa era nula por el paso del tiempo y por la disfuncionalidad de la Fiscalía General de la República, acrecentada en esta administración. Lo cierto es que, en términos de verdad, los testimonios de sobrevivientes y familiares, la academia, el periodismo y los espacios culturales avanzaron en reconstruir tramos relevantes de lo ocurrido en el periodo.
Pero, en términos de reconocimiento oficial para la construcción de garantías de no repetición, había una expectativa alta: nunca hemos tenido en México, por ejemplo, un acto de Estado en que el Ejército reconozca lo que hizo en este periodo y pida disculpas a las víctimas y la sociedad; nunca hemos tenido una aceptación pública, del más alto nivel, que asuma cabalmente en un acto formal que el Estado desapareció y ejecutó disidentes políticos en esos años.
El esfuerzo comenzó con la creación de una Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. El diseño de este mecanismo, abigarrado y deficiente, con pocos recursos, falta de capacidades e independencia, no auguraba un resultado positivo. Pero en el seno de esta Comisión, se albergó un Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) que hasta el día de hoy es lo más rescatable de este esfuerzo.
Conformado por personas de reconocida trayectoria -Abel Barrera, Eugenia Allier, Carlos Pérez Ricart y David Fernández-, este Mecanismo tiene la tarea de avanzar en generar una explicación sobre lo ocurrido en el periodo que pueda ser un piso común para las víctimas y sus familiares, las autoridades y la sociedad. Con esa misión, el MEH ha sostenido diversos “Diálogos por la Verdad” que constituyen un relevante ejercicio de escucha.
Sabedores de que la perfección en el diseño de estas instancias sólo existe en la abstracción, reconociendo la trayectoria de las y los integrantes del Mecanismo y, sobre todo, escuchando a víctimas y familiares que han visto en este esfuerzo una de las últimas posibilidades de avanzar el tema, organizaciones como el Centro Prodh hemos reivindicado la relevancia de este empeño. En el peor de los casos, si el esclarecimiento no avanza por obstáculos como el actual empoderamiento militar, la labor del Mecanismo y la solvencia de sus integrantes servirá para documentar el olvido de esta administración respecto de su deuda con ese pasado.
En esencia, eso es lo que ha comenzado a ocurrir con las muy valiosas publicaciones recientes del Mecanismo. Se trata de tres entregas tituladas: “Informe técnico sobre el archivo DFS – DGISEN – CISEN en AGN”, “Ampliación de evidencias sobre el archivo DFS-DGISEN-CISEN en AGN” y “Segunda Ampliación de Evidencias sobre la transferencia de documentación del CNI al AGN”.
En estos documentos, que realizan importantes aportes para entender los archivos del periodo, se denuncia que: “A 22 meses de su creación, el MEH no ha tenido acceso a la totalidad de los archivos del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), hoy conocido como Centro Nacional de Inteligencia (CNI); material crucial para la investigación de las violaciones cometidas en este periodo”.
El pasado miércoles 11 de octubre una nueva publicación del MEH, titulada “Las formas del silencio”, volvió a poner de relieve la obstaculización constante y permanente de la Secretaría de l Defensa Nacional (Sedena) a los esfuerzos por conocer la verdad; el MEH ha tenido que llegar al extremo de retirar a sus investigadores de los archivos por la continuidad de la obstaculización militar.
Lamentablemente, en una muestra más del actual poderío militar, al día siguiente de condecorar al ex titular de la Defensa Nacional -cayendo en el juego de los generales, que le crearon una condecoración a modo a su ex mando-, el Presidente de la República minimizó y trivializó las bien fundadas denuncias de los investigadores, arremetiendo también contra periodistas, funcionarios y organizaciones civiles. Aseguró que los integrantes del Mecanismo desinforman porque el Ejército ya entregó todo, y minimizó las denuncias.
Familiares de víctimas del periodo, quienes con su enorme dignidad han mantenido durante décadas la exigencia de justicia y verdad, no se han quedado -nunca lo han hecho- con los brazos cruzados frente a reticencias, como la denunciada por el MEH.
Es el caso de Alicia de los Ríos, quien lucha porque se esclarezca el paradero de su madre, desparecida en 1978 durante la llamada “Guerra Sucia”. Luego de que el MEH publicara sus reportes, Alicia -acompañada por el Centro Prodh y Artículo 19- promovió un juicio de amparo, con el objetivo de que se localicen y transfieran archivos perdidos, sustraídos, faltantes o que nunca fueron entregados al Archivo General de la Nación.
El 8 de septiembre el juicio de amparo fue admitido por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. Gracias a una resolución del Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el pasado 21 de septiembre el Juzgado Octavo tuvo que conceder la suspensión definitiva en el juicio.
Estas resoluciones reconocen que familiares como Alicia de los Ríos Merino tienen derecho a exigir que se revisen estos documentos. Asimismo, el Poder Judicial advirtió que las autoridades del Centro Nacional de Inteligencia no desvirtuaron con pruebas las irregularidades documentadas por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, sino que solamente se han limitado a negarlas. Finalmente, el Poder Judicial ordenó que, mientras se encuentre en curso el juicio de amparo, las autoridades del Centro Nacional de Inteligencia deben abstenerse de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar los documentos históricos a los que se refiere el MEH en sus informes.
Los valiosos esfuerzos del MEH y la digna determinación de Alicia, y de tantos otros y otras en México, muestran que las demandas de justicia y verdad seguirán, incluso si en esta administración se olvidan las deudas con el pasado irresuelto en aras de preservar alianzas impresentables con el Poder Militar.
